Tres proyectos definen esta legislatura desde que el 24 de mayo tomase posesión el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés: la mesa de diálogo, la ampliación del aeropuerto de El Prat y los Presupuestos de la Generalitat. El primero es la vía elegida para negociar avances en la resolución del conflicto político. El segundo era una inversión multimillonaria prevista con un coste medioambiental no menos elevado y el tercero es una ley fundamental para cualquier gobierno, más cuando se trata de dar respuesta a una crisis como la actual. En los tres proyectos, los dos socios del Gobierno catalán no solo han expresado posiciones distintas sino que han llevado su enfrentamiento al límite y si el Ejecutivo no se ha roto es porque fuera siempre hace más frío.
El tacticismo llevado al límite, anteponiendo el interés partidista, pasa por renegar del PSC mientras ERC pelea por ser su socio preferente en el Congreso y Junts gobierna con los socialistas la Diputación de Barcelona. Junts rechaza a la vez un acuerdo con los comuns cuando el anterior president, Quim Torra, acordó las cuentas con los de Ada Colau y no pasó nada. Que el partido de Puigdemont, Torra y Borràs, el mismo que el de Jordi Sànchez, Puigneró y Giró (porque hay mucha gente mandando o intentándolo) insista en que hay que pactar con la CUP cuando la militancia de los anticapitalistas ya ha dicho por dos veces que no y a la vez defienda en privado que su modelo de país se asemeja más al de Salvador Illa que al de la CUP es un triple salto que solo los posconvergentes pueden hacer sin despeinarse.
Aragonès quiso pactar primero el apoyo de la CUP a su investidura para forzar después el acuerdo con Junts. Estos últimos lo recuerdan a menudo estos días y no les falta razón puesto que ERC asumió unos compromisos con los anticapitalistas que sabía que no podría cumplir.
Esta no será la legislatura del referéndum. Lo saben todos pero nadie quiere decirlo públicamente. Cada vez que Aragonès se niega a poner fecha a una nueva consulta, las hordas tuiteras le acusan de traidor. Es un president sin Govern y la duda es cuánto tiempo se puede sostener una situación como esta, una coalición en la que los puñales heredados de las anteriores legislaturas vuelan desde el primer día.
Junts apela a “la mayoría del 52%”, una pretendida mayoría independentista que en la práctica solo sirve para repartir cargos y despachos. No hay unidad de acción ni en el Congreso ni el Parlament y cuando se vota conjuntamente es solo para garantizarse que las sillas no las ocupe otro. Gobernar no debería ser eso pero al final ha quedado reducido a una impostura permanente. No hay mejor pegamento que el poder. El origen es un resultado electoral que no acabó de desempatar entre ERC y Junts. Solo les separa un diputado, “un empate técnico”, como recuerdan a menudo los posconvergentes. Esa es la causa y el objetivo de todos es rearmarse para las próximas citas y no solo las autonómicas.
Si el Govern no implosiona antes, la primera batalla será la de las municipales y la madre de todas será Barcelona. ERC esta vez quiere no solo ganar (eso ya lo consiguió en 2019) sino gobernar la capital y no tiene ninguna intención de hacerlo con Junts. Los republicanos han pasado de negarse a tramitar los Presupuestos de Colau a tragarse el sapo y anunciar su apoyo a estas cuentas para asegurarse el apoyo de los comuns a las de la Generalitat. No es un trágala menor y sí es un cambio de cromos por más que lo nieguen, pero si gobernar implica un plus de responsabilidad probablemente ni ellos ni los comuns tenían otra alternativa.
La buena noticia para todos los ciudadanos, voten lo que voten, es que al final, tanto en la Generalitat como en el Ayuntamiento de Barcelona, habrá presupuestos.