El Gobierno de Mazón sugirió a la promotora de las VPO de Alicante acogerse a la futura norma que rebajaba la protección
La comisión de investigación sobre el escándalo de vivienda protegida de Alicante que se desarrolla en las Corts Valencianes arroja una serie de datos que cuestionan las políticas del Ejecutivo del ya dimitido Carlos Mazón. El Consell del PP estuvo trabajando desde que tomara las riendas de la Generalitat en un cambio en la normativa de vivienda, que aireó a bombo y platillo durante el año 2024 y promocionó como la gran política de vivienda para los jóvenes. El cambio en la norma terminó dando pie a que la vivienda protegida pueda pasar al mercado libre.
No es ningún secreto que el Ejecutivo quisiera cambiar la normativa de vivienda protegida, los requisitos de acceso y el régimen de protección. Así se trasladó a principios de año, cuando se presentó el plan para acelerar la construcción de vivienda protegida, que reciclaba parte del proyecto del Gobierno de izquierdas. Antes, los promotores pidieron a Mazón que modificara la normativa para subir el precio de venta por metro cuadrado y rebajar la protección de las viviendas; es decir, que pudieran pasar al mercado libre pasados unos años. En la legislatura anterior, el Consell de PSPV, Compromís y Unidas Podemos blindó la calificación de vivienda protegida de forma permanente. Ya en octubre de 2023, los promotores pidieron al Ejecutivo del PP públicamente limitar la protección.
Dicho y hecho, la norma que se aprobó casi un año después recogía numerosas reivindicaciones de la patronal. Viviendas más caras, a las que podrían acceder ciudadanos con más ingresos y con un régimen de protección indefinido: establecía un “máximo” de entre 15 y 30 años, en función del tipo de vivienda, pero no un mínimo. Estos cambios normativos resultan especialmente relevantes para comprender cómo fue posible que a pisos protegidos de obra nueva optaran altos funcionarios, políticos y personalidades de Alicante, que no parecen ser el público al que se destina la vivienda protegida.
Según ha desvelado el PSPV en la comisión de investigación de este jueves, el Ejecutivo de Mazón pidió a la cooperativa de Les Naus que no iniciara los procedimientos de visado hasta que se aprobara el nuevo decreto. En febrero de 2024, según consta en un documento remitido a los cooperativistas, un resumen de una reunión mantenida, se indica que la Generalitat “solicita no iniciar el visado de contratos hasta que se apruebe el nuevo reglamento”. Este proceso de visado es el acto administrativo que comprueba el cumplimiento de los requisitos de acceso y que el precio de venta o renta se adecua a la normativa en vigor. Es decir, según este relato, el Gobierno planteó que esperaran unos meses para adaptarse a una norma más beneficiosa.
El proyecto de nuevo reglamento ya había salido a exposición pública y la empresa Fraorgi, responsable de la promoción, informa que ha participado en la mesa sectorial a través de la Federación Valenciana de Cooperativas de Vivienda. Allí les trasladan que creen necesario flexibilizar los requisitos y, según apuntan, el Ejecutivo toma nota. La cooperativa también tiene dudas sobre cuándo saldrá la normativa y si se tendrá en cuenta la declaración de la renta de 2022 o 2023, según el documento consultado por elDiario.es. Los visados, que son el último trámite, se remiten a partir del 2025, según ha podido saber elDiario.es.
En la comisión, el responsable de la cooperativa, Luis Alberto Meler, ha dicho a preguntas de Díez que no recuerda esa comunicación. Meler ha negado haber tenido contactos para impulsar un cambio normativo, y también ha negado haber participado en reuniones para explicar cómo adaptarse a los requisitos, como ha apuntado el PSPV, sino que “a los socios se les informa de los requisitos que hay que cumplir”. El diputado socialista también le ha trasladado esta cuestión al promotor, Francisco Ordiñana (administrador de Fraorgi), que no ha respondido a ninguna pregunta.
El funcionario encargado de los visados en el servicio territorial de la Conselleria de Vivienda en Alicante ha sido citado a declarar por la acusación particular que ejerce el partido Ciudadano.
Cronología
El 7 de septiembre de 2023 la Conselleria de Vivienda otorgó la calificación provisional a la promoción Les Naus con arreglo a lo establecido en el decreto de mayo del mismo año aprobado por el Gobierno del Botánico, según el cual, todas las viviendas protegidas tanto de iniciativa pública como privada gozaban de esa protección de forma indefinida. La cooperativa pidió la calificación en julio de 2022, un año antes.
El nuevo decreto se aprobó en diciembre de 2024, aún con Mazón al frente. El mismo decreto incluye una disposición transitoria por la cual “todas las viviendas de protección pública amparadas en cualquiera de las normativas anteriores tendrán un periodo de protección máximo de 30 años desde su calificación definitiva”. Tras la aprobación de esta nueva legislación, en concreto el 28 de febrero de 2025, la cooperativa remitió escrito a la Conselleria de Vivienda solicitando el cambio de su calificación provisional para acogerse a lo dispuesto en el decreto de Mazón en cuanto a la caducidad de la protección de las viviendas a los 30 años.
La Conselleria de Vivienda, acogiéndose a la mencionada disposición transitoria, dio el visto bueno al cambio de calificación por medio de una resolución firmada el 28 de marzo de 2025, pasando las viviendas de tener una protección indefinida a tenerla por un plazo máximo de 30 años.