El problema de los lodazales es que cuando el barro se seca puede parecer que se pisa tierra firme por muchos años que hayan pasado bajo el sol. Y no es exactamente así.
Una investigación de Hacienda al abogado José María Corbín, cuñado de la fallecida alcaldesa Rita Barberá, desencadenó las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre una presunta trama de cobro de mordidas en el Ayuntamiento de Valencia durante el largo periodo en que el PP tuvo la hegemonía absoluta en la capital. En la primera fase de la operación, desencadenada el 2 de abril del 2019, fue detenido Corbín junto con el abogado Diego Elum, cuyo despacho en la avenida del Puerto de Valencia también fue registrado.
Los resultados del bufete de Corbín, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, muestran unos beneficios crecientes durante los años del mandato de su cuñada y un paulatino declive hacia el final de la era Barberá. Aunque en estadística la correlación no significa causalidad, la instrucción del 'caso Azud' pretende determinar precisamente si el entramado empresarial de Corbín sirvió de peaje para el empresariado que optaba a adjudicaciones públicas o proyectos urbanísticos.
José María Corbín, conocido militante de Fuerza Nueva durante la transición y letrado en el 'caso Taula' de Mari Carmen García Fuster, quien fuera mano derecha de Barberá como tesorera del PP en el Ayuntamiento, movió 1,3 millones de euros en efectivo en 2017 cuando supo que Hacienda tenía abierta una investigación.
El Juzgado de Instrucción número 13 de València investiga los presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias y mantiene como investigadas a las tres hijas de Corbín, entre ellas a Asunción Corbín Barberá, reciente fichaje del PP como asesora del grupo municipal en un guiño de la portavoz popular María José Catalá hacia la familia de la fallecida alcaldesa.
El ayuntamiento de Rita Barberá adjudicó contratos millonarios a dos empresas investigadas en la causa (14,6 millones de euros a Cleop entre 2005 y 2010 y 53,4 millones a Secopsa entre 2005 y 2014). Esta nueva remesa prevé otras 15 detenciones en el marco de una operación que continúa en marcha y que incluirá hasta 40 registros en diversas ciudades, entre las que figuran también Alicante y Ciudad Real, según han informado a Efe fuentes de la investigación.
La segunda fase de la operación ha centrado el foco en el empresario Jaime María Febrer, especializado antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria en grandes proyectos urbanísticos. Además, los agentes de la UCO también han detenido a Alfonso Grau, la ex mano derecha de Barberá en el consistorio (también investigado en el 'caso Taula'), y al subdelegado del Gobierno en Valencia, el socialista Rafa Rubio. Grau ya fue condenado por cohecho y blanqueo de capitales a cuatro años de prisión por aceptar relojes de lujo de un contratista del ayuntamiento, el empresario Urbano Catalán.
El subdelegado del Gobierno ha sido destituido de su puesto y su partido lo ha suspendido de militancia y le ha abierto un expediente. El 'caso Azud' contiene, en el lodazal del subsuelo de la corrupción, una serie de conexiones imprevistas con los casos Taula y Alquería. Rubio ya estaba procesado en la pieza separada B del 'caso Taula' sobre las contrataciones irregulares en una empresa pública de la Diputación de Valencia. Al exconcejal y exdiputado autonómico del PSPV-PSOE, se suma la detención del jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera.
El fango alcanza al PSPV-PSOE
Si a la hora del desayuno la detención de Rubio ha causado un auténtico terremoto en las filas socialistas, cuando poco después se ha conocido que Vera también había sido arrestado y su despacho en la institución provincial registrado y precintado, los responsables del PSPV-PSOE han entrado en una fase de pánico ante la inquietante deriva de esta segunda fase de la operación policial.
Una vez suspendido de militancia el subdelegado del Gobierno, el presidente Ximo Puig, secretario general de los socialistas valencianos, ha dicho que se han tomado “las decisiones oportunas, tanto dese el punto de vista institucional como partidario”. En definitiva, Rubio y Vera, dos históricos del partido, siempre daban los buenos días. El letrado, ex magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia, también fue asesor del Ayuntamiento de Gandía cuando José Manuel Orengo, un cargo de la máxima confianza de Ximo Puig actualmente en la empresa privada, era alcalde de la localidad.
Vera es un abogado históricamente vinculado a los socialistas valencianos, cuya sombra ha planeado constantemente en la instrucción del 'caso Alquería', que investiga la contratación de puestos de altos directivos en la empresa pública Divalterra. En la investigación de Alquería, centrada en la misma empresa pública erigida en epicentro del 'caso Taula', el jefe de los servicios jurídicos ha sido uno de los principales colaboradores de la Fiscalía Anticorrupción, la misma que este jueves ha procedido a su detención.
Por su parte, Rubio se ha especializado en el proceloso mundo del urbanismo (antes de ser nombrado subdelegado del Gobierno fue el coordinador general del Área de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ayuntamiento de Valencia). Funcionario de carrera, durante su etapa de diputado de la oposición destacó por sus intervenciones brillantes y documentadas, amén de su amplio conocimiento del sector público. Este jueves los agentes de la UCO han tenido que llamar a un cerrajero para abrir una caja fuerte en el domicilio del subdelegado del Gobierno.
La detención ha sorprendido a propios y extraños, al estar considerado un cargo público, tanto en el ayuntamiento como en las Corts Valencianes, de talante serio e inmaculado. Un diputado de la izquierda que compartió muchas horas con Rubio en las comisiones y plenos de la cámara autonómica se mostraba este jueves sorprendido por su detención: “Estaba considerado un tipo íntegro”, comenta.