La empresa impulsora de la planta de biogás de Llíria lanza una campaña informativa ante la creciente presión social y los recursos judiciales

En un escenario de creciente rechazo vecinal y administrativo contra el proyecto de planta de biometano previsto en el término municipal de Llíria, la empresa impulsora de la infraestructura, The Green Vector (TGV), ha anunciado el inicio de una campaña informativa dirigida a la ciudadanía. Esta maniobra busca frenar la inquietud social y ofrecer datos técnicos sobre una instalación que ha generado un fuerte rechazo en los municipios de la comarca del Camp de Túria, especialmente tras el inicio de las obras de acceso a la parcela que han reactivado las movilizaciones de las plataformas ciudadanas.

La iniciativa de la empresa surge en un momento crítico, ya que los colectivos vecinales denuncian que la planta se ubicará a escasos 500 metros de viviendas y a poco más de un kilómetro del casco urbano de Casinos. Mientras la promotora asegura que el proyecto cumple con los máximos estándares de seguridad y control ambiental, su estrategia de diálogo choca con la ofensiva jurídica de los consistorios vecinos. El Ayuntamiento de Casinos, por ejemplo, ya ha presentado un recurso ante la Generalitat Valenciana solicitando la revisión de la Autorización Ambiental Integrada, argumentando que el proyecto pone en riesgo la salud pública y la calidad de vida de sus habitantes.

Frente a estas críticas, la promotora defiende que la planta es una pieza clave para la economía circular de la zona, con una capacidad para valorizar hasta 162.800 toneladas anuales de residuos orgánicos no peligrosos que ya se generan en la comarca. La empresa sostiene que se emplearán sistemas avanzados de filtrado y neutralización en procesos completamente cerrados para evitar la dispersión de olores, y asegura que la gestión logística ha sido diseñada para evitar el paso de camiones por núcleos urbanos. Asimismo, subraya que se han previsto sistemas de impermeabilización total para garantizar la protección del suelo y los acuíferos.

A pesar de que la compañía insiste en que el proyecto ha superado todos los periodos oficiales de información pública desde 2021 y que generará empleo local estable, la oposición no cede. Los detractores denuncian que la instalación se ha tramitado como una Declaración de Interés Comunitario (DIC) en suelo no urbanizable, lo que consideran un encaje forzoso para una industria de esta magnitud tan cerca de zonas de población y cultivos de secano. El conflicto queda ahora a la espera de las resoluciones administrativas y de la evolución de una presión social que no deja de aumentar.