Crece la presión social contra la macroplanta de biometano en Llíria ante el inicio de las obras
El rechazo en la comarca del Camp de Túriacontra la futura macroplanta de biometano de la empresa Green Vector no decae, y esta semana pasada ha mostrado sus primeros pasos con el inicio de los trabajos de desbroce y la tala de almendros en plena floración en los terrenos destinados al complejo.
Este movimiento de tierras ha sido recibido con indignación por la Asociación Ciudadana Camp de Túria i Serrania, que califica la actuación de “atropello ambiental” y denuncia una falta total de transparencia por parte del Ayuntamiento de Llíria y la Conselleria. El colectivo vecinal, que ya ha recabado casi 10.000 firmas de apoyo, sostiene que se está ocultando información crucial a la ciudadanía, incluyendo el acceso directo al Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) que debería ser público.
La plataforma vecinal fundamenta su rechazo en un exhaustivo proceso de investigación y consulta con voces académicas de prestigio. Durante los últimos meses, el colectivo ha contado con el asesoramiento de científicos del CSIC como Antonio Turiel y Fernando Valladares, además de las aportaciones técnicas de catedráticos como Artemi Cerdà, de la Universitat de València, y Màxim Florí, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Según las conclusiones de estos expertos consultados por los colectivos, una instalación de estas dimensiones conlleva riesgos significativos que van desde la emisión de gases nocivos como el sulfuro de hidrógeno y el amoníaco —susceptibles de provocar patologías respiratorias y cardiovasculares— hasta la saturación de las infraestructuras locales.
Uno de los puntos de mayor fricción reside en la escala del proyecto. Mientras la empresa promotora defiende que se trata de una instalación de tamaño medio, los datos analizados por la asociación indican que la planta gestionará 192.700 toneladas de residuos anuales, una cifra que la sitúa al nivel de las mayores plantas de Europa. Este volumen de actividad implicaría, según la documentación oficial revisada por los vecinos, un tránsito constante de 128 camiones pesados diarios por las carreteras de la zona. Asimismo, el colectivo alerta sobre la gestión del digestato sobrante, un subproducto de dudosa calidad que se pretende vender como abono agrícola pero que, según las advertencias de los técnicos consultados, podría contener metales pesados, nitritos y restos de fármacos procedentes de lodos industriales y hospitalarios.
A pesar de la magnitud de las protestas, que han incluido manifestaciones multitudinarias tanto en Llíria como en la Plaza de la Virgen de Valencia, el equipo de gobierno local encabezado por el alcalde Paco Gorrea ha mantenido un hermetismo que los vecinos consideran cómplice. Esta postura contrasta con el apoyo explícito que la lucha vecinal ha recibido de otros municipios cercanos, como los ayuntamientos de Casinos y Domeño, cuyos alcaldes han mostrado su preocupación por el impacto supramunicipal de la planta. Los afectados recalcan que su postura no es contraria a las energías renovables, sino a un modelo de negocio que busca el beneficio privado a costa de convertir el entorno rural en una “zona de sacrificio”, degradando la salud y el paisaje de los habitantes de la Ribera y el Camp de Túria.
Ante el avance de las máquinas, la resistencia ciudadana se ha desplazado a pie de obra con concentraciones diarias y las ya tradicionales “perolades” que cada viernes recorren las calles de Llíria. El conflicto, que ya ha captado la atención de medios nacionales, se perfila como un caso emblemático del choque entre las políticas de transición energética acelerada y los derechos de las comunidades locales a decidir sobre su propio territorio.