Punto de no retorno

«La democracia no sirve para nada si las personas no pueden cubrir sus necesidades básicas», dijo recientemente el alcalde de Nueva York. Hace unos años lo habríamos considerado una perogrullada, una tibia obviedad, pero ahora lo celebramos como si de una verdad revelada se tratara y como si Mamdani nos estuviera hablando directamente a nosotros. Uno se pregunta por qué. Como si aquí, en un país en el que, a diferencia de los Estados Unidos, gobierna una coalición de izquierdas, faltara el canto de un duro para que nuestras necesidades básicas dejen de estar cubiertas, o como si presintiéramos que la democracia se ha convertido en un trampantojo que nos lleva a todos, a un lado y otro del Atlántico, al mismo abismo. ¿Hay datos que fundamenten tan siniestras percepciones? No es la manera más divertida de comenzar un artículo, pero veamos, que para eso está Internet. Las subidas del salario mínimo interprofesional que los gobiernos de coalición han aprobado desde que el PP lo congeló por segunda vez en 2018, han supuesto un gran avance en política salarial (de 735 € a 1.221 €), pero, paradójicamente, el poder adquisitivo de la población no ha parado de bajar, porque los sueldos medios no han crecido al mismo ritmo que la inflación acumulada y se han ido aproximando al SMI desde arriba. La tasa de contratos temporales sigue sin bajar del 20%, igual que la tasa de desempleo juvenil, a pesar de que la última reforma laboral de 2022 incentivaba los contratos indefinidos. Desde 2020, unos cien mil jóvenes se siguen marchando cada año al extranjero en busca de trabajo, muchos de ellos después de haber estudiado una carrera que les ha costado un congo. Desde 1998 no se ha creado una sola universidad pública. Privadas, más de treinta, y ahora mismo hay unas cuantas más pendientes de autorización. Estudiar en las públicas sale a menos de mil euros por curso, mientras que en las privadas cuesta entre seis mil y quince mil de media (pueden llegar a los treinta mil). Cada curso, no carrera, y eso sin contar alojamiento, manutención, material didáctico o actividades extracurriculares. Por otra parte, la población envejece, y los viejos, que son los principales usuarios de la sanidad pública y los que tienen memoria, se sienten cada vez peor tratados. La atención sanitaria está transferida a las comunidades —y estas la transfieren de forma más o menos solapada a las clínicas y hospitales privados concertados—, pero cuando la cita para el especialista se la dan para dentro de un año o más, o el subsidio de dependencia no llega, o para hacerle una simple ecografía del dedo gordo del pie le envían desde el Hospital de Sagunt a uno privado que hay en Natzaret, no le pidas al usuario que lo entienda, ni que entienda cómo se reparten el gobierno central y el autonómico las competencias sobre sanidad, vivienda o educación, porque lo que puede que logres es que su descontento derive en agravio comparativo e incomprensión hacia un sistema político que propicia la desigualdad entre territorios de un mismo Estado. Hay muchos que no lo quieren entender, pero también los hay que lo intentan y no lo consiguen.

Sumemos a todo lo anterior las dudas que se crean y alimentan interesadamente sobre la sostenibilidad de las pensiones, la aparición de escándalos de corrupción a diestro y también a siniestro, o el criminal proceso de mercantilización de la vivienda, que actúa como disruptor del desarrollo vital, educativo y laboral de un porcentaje muy alto de ciudadanos y amenaza con convertirse en el fulcro de una furiosa palanca social. Sumemos también que las altas instituciones de la judicatura siguen controladas por una mayoría de jueces conservadores que se agarran a su sillón como garrapatas, dicho sea con intención meramente descriptiva, sin animus injuriandi. Cualquiera puede ver a quiénes empuran, con qué celeridad y sentido de la oportunidad enjuician, con qué ecuanimidad sentencian y la cuantía de las penas según de qué lado cargue el reo o la rea. Sumemos el curioso comportamiento asimétrico de las fuerzas de seguridad del Estado. Desde sus filas se espía a políticos de izquierda o independentistas y se crean pruebas falsas que son estratégicamente convertidas en noticia y dan lugar a acciones judiciales inusualmente céleres. También se muestran extrañamente torpes cuando se trata de investigar delitos de ciertos partidos y particulares, y sorprendentemente eficaces cuando se trata de investigar a otros, eficacia solo empañada por la frecuencia con la que se les filtran a veces los datos de los sumarios. Notorio es también que cuando se producen manifestaciones callejeras contra gobiernos progresistas, estos servidores públicos ni dispersan ni zurran; a veces cuesta diferenciarlos de los participantes, tan tolerantes se muestran, mientras que, escudados en la llamada ley mordaza (que alguien tenía que derogar, pero no lo ha hecho), cuando se trata de movilizaciones reivindicativas de carácter social, laboral o independentista, es habitual que repartan leña y de vez en cuando alguien quede tuerto. Y sumemos, finalmente, que alrededor del 80% de los medios de comunicación están ahora mismo en manos privadas y son afines a la derecha, incluyendo algunos que se esfuerzan en parecer de izquierdas. Medios financieramente independientes y de orientación progresista haylos, pero son una minoría. Por su parte, las cadenas de radio y televisión de las diversas autonomías, de titularidad pública, también están mayoritariamente controladas por gobiernos conservadores, y no se esfuerzan en disimular su sesgo político ni sus audiencias parecen exigírselo. RTVE es otro bastión sujeto a la coyuntura política que ahora mismo hace esfuerzos por parecer neutral y hacer de contrapeso, pero eso es misión imposible en un entorno hostil que interpreta como toma de posición partidista cualquier atisbo de objetividad.

Y en esas, lo de Ceuta. A finales de julio, unas ochenta mil personas se acercan sigilosamente a la frontera y, sin que nadie se percate hasta que ya están dentro, se cuelan en territorio español desde Marruecos, justo por donde dice el Tribunal Supremo que, si no se ahogan en el intento y consiguen entrar, no se les puede expulsar en caliente. Maravilla, desconcierto inicial y, de repente, la lapidación de San Esteban. Todos los que le tienen ganas a Sánchez se ponen a lanzarle piedras, desde Trump, Netanyahu y sus cipayos, a los veintidós dirigentes europeos que firman una declaración en la que arremeten contra la política migratoria española, pasando por el intento previo de Italia, Finlandia y Dinamarca de excluir a España del espacio Schengen. Por su parte, Vox y PP, convencidos de que esta es la oportunidad que estaban esperando, a pesar de lo mucho que se ha encarecido la gasolina se dedican a esparcirla (mezclada a veces con gas pimienta) in situ, en el Senado, en el Parlamento, en las instituciones europeas, en los medios y en la calle. El problema se prolonga. Ceuta se convierte en un laboratorio social para la extrema derecha. Se pone en marcha una investigación judicial que pone en el punto de mira al presidente del gobierno, un traidor, según sentencian unas hordas supuestamente transversales. ¿Van a por Sánchez? No, van a por todo con todo. Nadie va a soltar el bocado, y las elecciones ya están ahí. El Supremo sigue haciendo lo que puede y quita el voto a los cuatrocientos mil nietos de los exiliados republicanos residentes en el extranjero poseedores de la nacionalidad española. Un militar jubilado, en el Centro Cultural de los Ejércitos, clama micrófono en mano por un golpe de Estado. Abascal y Feijóo, mientras tanto, van sembrando la sospecha de pucherazo al más puro estilo MAGA. El miedo de la población al fascismo ya no parece suficiente para frenar su avance. De vez en cuando, algún político utiliza la expresión «amenaza existencial» y evoca la guerra, y los medios informan.

La alternancia la veníamos considerando una cosa muy sana para ventilar las instituciones. Ya vendrán tiempos mejores, nos hemos dicho cada vez que ha tocado apechugar con una derrota electoral, entre otras cosas porque siempre nos ha quedado un espacioso andén desde el que esperar pacientemente el próximo convoy. Y eso parecen pensar muchos que se expresan ya como resignados perdedores. Pero algo nos dice que, aun aceptando que el único resultado medianamente decente que podríamos esperar es el de otro gobierno de coalición presidido por el PSOE, que ya es aceptar, esta vez no será como las otras. Esta vez, todo apunta a que los del Frente Popular de Judea y los del Frente Judaico Popular y sus muchas facciones se van a tener que apretar en una baldosa, bien lejos de la estación. Imaginemos los acontecimientos a beneficio de inventario. En cuanto el PP y Vox lleguen al poder y nombren al nuevo fiscal, ya habrán conseguido un control total de la judicatura, que se volverá definitivamente inexpugnable. Al mismo tiempo, colocarán mandos ideológicamente afines al frente de las fuerzas de seguridad, que llevadas por su sesgo histórico se (re)alinearán dócilmente con el nuevo gobierno. Del mismo modo, este incrementará su influencia sobre los medios privados y consolidará el control sobre los públicos. A partir de ahí, se seguirá aplicando sin trabas el modelo económico neoliberal-cañí, que acabará propiciando la privatización irreversible de la sanidad y la degradación por asfixia de la enseñanza pública y laica. Y, bonus track: a partir de ese momento España tendrá automáticamente muchos amigos en una Unión Europea cada vez más escorada hacia la derecha, contribuiremos generosamente, más que ahora, a la financiación de la OTAN o de quien sea que se encargue de los drones (puede que no solo con dinero, sino también como parecen haber hecho los daneses con Groenlandia), participaremos con entusiasmo en las aventuras guerreras de Occidente y, sin ningún tipo de remilgos, pasaremos a formar parte esencial del proyecto geopolítico de Estados Unidos y de Israel, que se convertirá en un socio preferente. Y a ver cómo se revierte todo eso, porque las reglas de convivencia las están rompiendo por todas partes, no solo en el ámbito del derecho internacional. Si no estamos en un punto de no retorno, lo parece. Decirlo es incómodo, porque uno puede estar ayudando a fabricar una profecía autocumplida, pero quedarse encandilados mirando nuestros espejismos ideológicos tampoco es que sea de mucha utilidad.