La Generalitat vuelve a usar los servicios mínimos del 100% para constituir los tribunales de las PAU pese a renunciar unos 200 correctores

La huelga educativa que ha puesto en jaque al Gobierno valenciano cumple este viernes su decimoquinta jornada de paros y movilizaciones en su tercera semana. De momento no hay acuerdo, más allá del pacto que cerraron la Conselleria de Educación y los sindicatos minoritarios —CSIF y ANPE, que representan aproximadamente al 30% del profesorado—, el cual contempla una mejora salarial de 200 euros —vinculados al IPC— en tres tramos entre el próximo mes de septiembre y enero de 2028. Por lo demás, se han registrado algunos acercamientos en cuestiones como la reducción de la carga burocrática o las infraestructuras, pero las posturas siguen todavía muy alejadas en materias clave como las ratios o las plantillas.

Una de las principales repercusiones de este conflicto laboral podría trasladarse a las pruebas de acceso a la universidad (PAU) que se celebran la próxima semana, entre el 2 y el 4 de junio. Así, más de 250 correctores de exámenes de la PAU han amenazado esta misma semana con retrasar el proceso ausentándose de los tribunales o incluso renunciando a formar parte de ellos. También barajan la posibilidad de emprender “acciones más contundentes” referidas a la entrega de las calificaciones de los alumnos llegado el momento. En total, el sistema cuenta con 55 tribunales y 1.500 profesores titulares, sin computar a los sustitutos.

Según estos docentes, constituidos en la Assemblea de Professorat Corrector, ya se han presentado numerosas solicitudes formales de renuncia ante sus respectivos tribunales para evitar participar en las correcciones. Además, han explicado que existe una “absoluta falta de directrices claras y unificadas por parte de la administración”, lo que está provocando que cada tribunal ofrezca respuestas “dispares y contradictorias”.

Al respecto, sostenían que en algunos casos se están aceptando las renuncias de inmediato, mientras que en otros se deniegan de forma taxativa o se mantiene a los afectados a la espera, alegando que la consulta debe elevarse a instancias superiores. La disparidad llega al extremo de que a varios docentes se les ha advertido de que el mero hecho de conectarse a la reunión informativa online ya implica la aceptación automática de su plaza en el tribunal, anulando cualquier posibilidad posterior de renuncia.

Desde este colectivo han señalado a elDiario.es que ya se han producido unas 50 renuncias en la Universitat Politècnica de València y en la Universitat de València, unas 40 en la Universitat Jaume I de Castelló, una treintena en la Universidad de Alicante y 25 en la Universidad Miguel Hernández de Elche (lo que suma unas 200 renuncias, el 13% en total). Por el contrario, la Conselleria ha rebajado el impacto asegurando que los casos notificados hasta el momento “son anecdóticos y se han cubierto con los suplentes”.

Desde el departamento de Educación se ha confirmado que los tribunales se están constituyendo “sin ningún problema” en todas las universidades de la Comunitat Valenciana, al tiempo que insistían en que, gracias a los servicios mínimos, “no va a haber ningún problema de realización, ni de corrección de los exámenes”.

En esta línea, la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, en su condición de presidenta de la Comisión Gestora de la PAU, solicitó a la Dirección General de Trabajo unos servicios mínimos del 100% para el personal docente designado como miembro de los tribunales evaluadores con el fin de “garantizar” la celebración de las pruebas. La administración autonómica advertía esta misma semana de que la corrección es de obligado cumplimiento para quienes se inscribieron voluntariamente, y alertó de que el absentismo podría acarrear sanciones que impidan volver a formar parte de futuros tribunales.