La insuficiente plantilla de bomberos forestales obliga a la Generalitat Valenciana a tirar de voluntarios y horas extra
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La gestión de la plantilla de la Sociedad Valenciana de Gestión de la Seguridad y las Emergencias (SGISE) se ha convertido en el centro de un intenso debate político y operativo en la Comunitat Valenciana en pleno periodo estival. La situación se produce en un escenario de emergencia climática, con un aviso rojo por altas temperaturas en gran parte del territorio valenciano que eleva el riesgo de que se declaren fuegos en plena montaña y pocas semanas después del gran incendio forestal de la Vall d'Uixó, que arrasó más de 9.000 hectáreas a finales del pasado mes de julio.
La Comunitat Valenciana cuenta actualmente con 4.400 profesionales destinados a la prevención y extinción de incendios, una cifra que suma los bomberos forestales de la Generalitat, los efectivos de los consorcios provinciales y municipales, los voluntarios y las brigadas de distintas administraciones. Se trata, en palabras del president Pérez Llorca, del “mayor operativo de la historia” dedicado a estas tareas. De ese total, la SGISE cuenta con 1.133 bomberos forestales dentro de una plantilla global de 1.259 trabajadores.
Sin embargo, la necesidad de recurrir a bomberos forestales voluntarios fuera de su turno habitual para reforzar las brigadas ordinarias pone de relieve la tensión que sufre el servicio de extinción, cuya plantilla requiere más personal según reclaman los propios profesionales. Tal y como denuncia la diputada socialista Alicia Andújar, la utilización recurrente de personal fuera de servicio es “la pescadilla que se muerde la cola”. Dado que la normativa exige un descanso de 12 horas tras prestar servicio, las unidades movilizadas un día no pueden reincorporarse a la jornada siguiente. Esta circunstancia reduce la operatividad del dispositivo en las jornadas posteriores, según alerta la parlamentaria, quien apunta que harían falta unos 300 bomberos forestales más.
Dotaciones incompletas
Andújar pone como ejemplo la situación de los bomberos forestales en la provincia de Castellón, la más afectada por el fuego este verano, donde las 18 unidades desplegadas sufren un déficit de prácticamente un tercio de la dotación necesaria. De este modo, señala que, de las 18 unidades (diseñadas en teoría para contar con 5 componentes cada una), únicamente dos disponen del personal completo. En cambio, siete tienen cuatro componentes, otras siete disponen de tres personas y dos brigadas únicamente suman dos bomberos. En total, harían falta 27 bomberos para completar el contingente castellonense.
Además, alerta de que la brecha resulta mayor en las unidades helitransportadas: una de las dos bases, la de Tírig, presta servicio con solo 3 bomberos de los 9 que puede llegar a acoger. Esta merma operativa provocó que el pasado 8 de agosto en Tírig ocho de las 18 unidades quedaran inoperativas, un problema que obligó a desplazar medios desde Alicante para cubrir el territorio, según asegura la parlamentaria del PSPV. La parlamentaria del PSPV acusa al conseller Juan Carlos Valderrama de “explotar” a las personas que trabajan en el servicio de extinción de incendios forestales en la Comunitat Valenciana: “Apenas ha sido capaz de incrementar la plantilla en dos efectivos en 2025, y ahora recurre a saturar físicamente a la plantilla, con el riesgo que entraña para la seguridad de los bomberos”.
De igual modo, Andújar subraya la práctica que ha llevado a cabo la Generalitat en fuegos como los de Tales o la Vall d'Uixó, donde la falta de efectivos autonómicos inmediatos aceleró la solicitud de intervención a la Unidad Militar de Emergencias (UME). Así, sostiene que el Gobierno valenciano activa el nivel dos de emergencia en cuanto un fuego se complica, apenas unas horas después de su inicio, para paliar la falta de efectivos autonómicos con militares de la UME, quienes cubren “el 75% del personal movilizado”.
“Respuesta extraordinaria, no déficit estructural”
La Conselleria de Emergencias rechaza las acusaciones del PSPV, a quienes acusan de “confundir deliberadamente el completamiento de una unidad con el refuerzo extraordinario de un operativo”. Fuentes de Emergencias defienden que el uso de la jornada complementaria y la movilización de personal fuera de turno no responden a un déficit estructural ni a grietas en el turno ordinario, sino a una “herramienta de flexibilidad” acordada con la representación sindical.
“Se está reforzando voluntariamente el dispositivo porque el riesgo es extraordinario y requiere medidas extraordinarias. Un servicio sin capacidad tendría problemas para cubrir lo ordinario; este servicio cubre el día a día e incrementa sus efectivos cuando las circunstancias lo exigen”, sostienen desde el departamento que dirige el Juan Carlos Valderrama.
La Generalitat replica que las cifras de gestión respaldan el compromiso con el servicio y defiende la incorporación de más de 250 profesionales al sistema global de emergencias en lo que va de mandato. Además, subraya la consolidación del carácter permanente de 56 unidades operativas durante los 365 días del año, así como el aumento del presupuesto y de los medios materiales para la prevención y extinción de incendios forestales.
Emergencias concluye que el despliegue realizado ante episodios de alto riesgo constituye “prevención y fortaleza operativa”, al tiempo que acusa a los socialistas de “fabricar titulares y generar alarma infundada” en lugar de valorar el esfuerzo de la plantilla durante la temporada estival.
Amenaza de huelga en Vaersa
Por otra parte, los sindicatos STAS-Intersindical, UGT y CCOO han convocado una huelga del personal vigilante-operario de prevención de incendios forestales en la empresa pública Vaersa para los días 30 y 31 de agosto. Los paros forman parte de una serie de movilizaciones —que incluyen protestas ante el Palau de la Generalitat— motivadas, según las centrales sindicales, por la falta de una respuesta efectiva de la Administración autonómica a sus demandas tras sucesivas reuniones sin acuerdo.
Las organizaciones sindicales reclaman un cambio en el modelo de prevención que garantice mayor estabilidad y la ampliación anual del servicio, fijando doce meses para las unidades móviles y un mínimo de nueve para los observatorios forestales. Asimismo, exigen condiciones laborales dignas mediante jornadas de siete horas continuadas, el acondicionamiento de los puestos, la clasificación profesional en el grupo D/C2 y el reconocimiento económico de la penosidad, peligrosidad y dedicación que requiere su labor.