La batalla entre la izquierda y PP y Vox por los derechos de los valencianos se libra en el Constitucional

La Comunitat Valenciana fue la primera autonomía de España donde PP y Vox constituyeron un Gobierno de coalición. Fue también la primera donde, tras la ruptura de la extrema derecha y su salida de todos los ejecutivos regionales, volvió a apoyar unos presupuestos de los conservadores pese a la catastrófica gestión de la dana por parte del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, lo que le permitió seguir cinco meses como jefe del Consell hasta su dimisión, forzado por las asociaciones de víctimas de la tragedia. Incluso, el PP valenciano ha sido el primero en introducir negro sobre blanco en sus cuentas la “prioridad nacional” de los ultras.

Y es que la Comunitat Valenciana se ha convertido en el banco de pruebas de los pactos entre PP y Vox que Santiago Abascal —y, con menos entusiasmo, Alberto Núñez Feijóo— pretenden trasladar al Gobierno de España. La debilidad de los Gobiernos valencianos, con un Mazón tocado por la dana y un Juanfran Pérez Llorca en interinidad desde su primer día, ha facilitado que el PP valenciano haya sucumbido a la mayoría de las peticiones de la extrema derecha en su guerra cultural global. Y han aplicado esa doctrina en nuevas leyes y derogaciones de anteriores que atacan abiertamente a los docentes, colectivos LGTBI y memorialistas, sindicatos o el valenciano.

El rodillo legislativo de PP y Vox en las Corts Valencianes se ha visto amortiguado por los recursos que el Gobierno de España ha presentado ante el Tribunal Constitucional por ese ataque a los derechos de los valencianos. Así, ha tenido que ser el alto tribunal el que haga retroceder a PP y Vox, suspendiendo numerosos artículos de sus leyes que tendrán que corregir, matizar o negociar para que no acabasen cercenando libertades conseguidas con el esfuerzo y la lucha de años.

En total, el Gobierno ha llevado al Constitucional cuatro leyes de PP y Vox y ya estudia llevar una quinta, la conocida como “policía educativa”, que pretende abrir el melón de las denuncias de los padres contra profesores de la escuela pública por un supuesto “adoctrinamiento”. Justo esta semana, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, se ha reunido con los sindicatos que habían solicitado amparo al Ejecutivo por los cambios a la Ley de Educación introducidos en la Ley 5/2026 o Ley de Acompañamiento. “Si yo fuera la consellera de Educación, me daría vergüenza que la comunidad educativa demandara amparo al Gobierno de España porque los docentes se sienten indefensos ante las modificaciones en la ley educativa, que pone el enfoque en el trabajo de profesoras y profesores”. “Unos cambios —según Bernabé— tan ambiguos que dan mucha inseguridad a los docentes”.

En este sentido, la delegada explicó que “no se dice qué es hacer adoctrinamiento ideológico y, por tanto, se deja en manos del criterio personal de los inspectores, que también han pedido amparo”. Bernabé anunció una comisión bilateral entre el Gobierno de España y la Administración autonómica para aclarar la colisión con leyes orgánicas superiores y que valora presentar un recurso de inconstitucionalidad. Los docentes temen, según Bernabé, que el articulado de la Ley 5/2026 “ponga en cuestión la libertad de cátedra de los profesores, los valores fundamentales que han de fomentar de manera obligatoria en la ley educativa, en la Ley Orgánica de Educación, como es fomentar los valores constitucionales de igualdad de derechos y de libertad”.

Pero esta no ha sido la primera andanada de PP y Vox contra los contenidos educativos. En 2025, la Generalitat Valenciana también trató, a través de la Ley de Acompañamiento de ese año, de modificar las políticas de educación vinculadas con la igualdad y el respeto a las personas LGTBI. Estos artículos están suspendidos cautelarmente por el Tribunal Constitucional.

En la Ley de Acompañamiento de 2025, una especie de cajón de sastre vinculado a los presupuestos, pero que se está utilizando para cambiar leyes importantes, también intentó reformar la Ley Trans que aprobó la izquierda en 2017. El Tribunal Constitucional suspendió el pasado mes de julio hasta cinco artículos propuestos por PP y Vox que pretendían, entre otras cosas, modificar las referencias a las terapias de conversión o reducir la atención sanitaria a este colectivo.

Con la Ley de Concordia impulsada por PP y Vox se quiso acabar con la Ley de Memoria Democrática de 2017 que impulsó la izquierda. El Gobierno recurrió algunos artículos y el Tribunal Constitucional suspendió el artículo 2, un inciso y un apartado del artículo 3, la disposición transitoria segunda y la disposición derogatoria única. Levantó la suspensión del artículo 1.3, el que equipara a las víctimas de la Segunda República y del terrorismo con las de la ley estatal de memoria. Esta batalla judicial ha permitido que, en la práctica, siga sin aplicarse la derogación de la ley valenciana de memoria democrática.

Pero, además de normas sobre derechos y libertades, el Gobierno también ha llevado al Tribunal Constitucional normativa urbanística de PP y Vox. Es el caso de la Ley valenciana de Costas 3/2025, que mantiene suspendidos el artículo 17 y la disposición final primera, los dos preceptos que regulan los asentamientos de “interés etnológico del litoral”, la figura con la que el Consell pretende proteger determinados núcleos costeros tradicionales en Nules, Elx, Cabanes o Guardamar frente a los efectos de los deslindes previstos por la legislación estatal para evitar la erosión del litoral, que cuesta cientos de millones de euros públicos en inversiones.

El Tribunal Constitucional también frenó y ya estudia desde abril el Decreto-ley 10/2025, de puertos y Albufera. El alto tribunal ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno sobre un artículo de este decreto del Consell de medidas urgentes en materia de puertos de la Generalitat y para reducir el impacto de la dana en l’Albufera. La norma, convalidada en Les Corts con los votos a favor del PP y Vox y en contra de la oposición, tenía como objetivo en materia de puertos regularizar cerca de 250 concesiones administrativas y 150 autorizaciones de ocupación temporal del dominio público portuario. El artículo objeto de controversia modifica uno de los apartados de las excepciones al plazo improrrogable de las concesiones portuarias para ampliar de 20 a 50 años el plazo máximo en que se puede prorrogar una concesión cuando el concesionario lleve a cabo una inversión relevante que mejore la integración entre el puerto, la ciudad y la costa, o que mejore la seguridad o la calidad ambiental de las operaciones portuarias.

En los próximos meses, el Tribunal Constitucional fallará sobre el rodillo legislativo de PP y Vox. Los valencianos se juegan en el alto tribunal muchos de sus derechos y libertades.