Carga de trabajo: el riesgo psicosocial que la prevención laboral todavía no sabe medir
En prevención de riesgos laborales hemos construido, con razón, un armazón técnico muy extenso y eficaz para prevenir los riesgos físicos, químicos y ergonómicos: protocolos de medición, valores límite de exposición, metodologías contrastadas internacionalmente. Para evaluar la carga y la intensidad del trabajo, en cambio, seguimos usando herramientas obsoletas que se quedan cortas frente a la magnitud del problema.
Los datos son contundentes. Casi la mitad de la población trabajadora europea —un 44%— está expuesta a una intensa presión de tiempo o sobrecarga laboral, el riesgo psicosocial más común del continente, por delante de la falta de autonomía, la violencia verbal o el acoso laboral. En España la cosa empeora: la sobrecarga alcanza al 49% de la población trabajadora. Más de un tercio de las personas trabajadoras atribuye directamente a su empleo su ansiedad, su estrés o su depresión. Y en 2024 fallecieron 266 personas en su puesto de trabajo por infartos y derrames cerebrales, cifra que las personas expertas relacionan con el estrés prolongado y la falta de descanso.
Este deterioro no aparece de la nada. La intensificación del ritmo de trabajo se ha consolidado como tendencia estructural en muchas actividades, empujado por cambios tecnológicos derivados de la digitalización, las reestructuraciones organizativas y novedosos sistemas de evaluación del desempeño basados en objetivos. Veamos algunos ejemplos. En los almacenes logísticos automatizados se cronometra cada tarea hasta dejar en mínimos los tiempos de recuperación; lo que provoca que haya quien sale de su turno tan agotado que duerme en el coche antes de poder conducir hasta su casa. En el reparto a domicilio el algoritmo no solo fija el ritmo: añade encima la valoración constante de la clientela y la amenaza de penalización si no se cumplen los parámetros, una presión que es a la vez de tiempo y emocional. Algo parecido ocurre en los centros de atención telefónica, donde el control automatizado del tiempo de llamada es hoy mucho más ajustado y constante que cualquier supervisión de un mando humano. Pero no perdamos de vista que la intensificación no es solo cosa de plataformas y algoritmos: en la sanidad o en la enseñanza públicas el problema viene, muchas veces, de algo más antiguo y menos sofisticado, que es simplemente no dimensionar los recursos humanos y materiales para el volumen real de trabajo. Optimizar la gestión que diría algún directivo, exprimir al personal hasta que no quede gota en román paladino.
Lo que comparten todos estos casos es que la tecnología no se limita a intensificar el trabajo, sino que también cambia quién lo gestiona. El ritmo ya no lo marca un mando con instrucciones predeterminadas, sino un sistema que asigna tareas, mide tiempos y evalúa resultados de forma automática. Y aquí aparece un problema añadido para la prevención: la responsabilidad sigue siendo de la dirección de la empresa, pero queda escondida detrás de un algoritmo, que no tiene ninguna capacidad ni voluntad de adaptarse a quien debe seguirle el paso.
Hay también un problema metodológico de fondo. Las herramientas generales de evaluación psicosocial que usamos habitualmente dan una fotografía amplia del entorno laboral, pero no están pensadas para medir con precisión la presión de tiempo o el esfuerzo real que un puesto exige a quien lo ocupa, sobre todo cuando esa exigencia viene establecida por un sistema digital de gestión del rendimiento. Existen metodologías específicas capaces de establecer si la carga excede lo razonable. El problema es que casi nunca se usan, porque durante años hemos dado por buena la evaluación genérica sin preguntarnos si era suficiente, mucho menos en estos tiempos de revolución tecnológica.
Aquí sí hay una buena noticia, y conviene subrayarla. En los últimos años el Tribunal Supremo ha resuelto, en varias sentencias, que la obligación legal de evaluar todos los riesgos —incluidos los psicosociales— incluye específicamente medir la carga de trabajo cuando hay indicios de sobrecarga. Y ha ido más allá: si la empresa no adopta medidas frente a un riesgo ya acreditado, la representación legal de las personas trabajadoras puede pedir a un juez que las imponga. Esta doctrina pesa especialmente en entornos de gestión algorítmica, donde además ya existe el derecho a conocer los parámetros del sistema que organiza el trabajo. Juntando ambos derechos, la acción sindical dispone de dos herramientas fundamentales para actuar: exigir el acceso a esos parámetros y exigir que se mida, con objetividad, su impacto real sobre cada puesto.
La salud mental en el trabajo lleva demasiado tiempo siendo la pariente pobre de la prevención de riesgos laborales, pese a ser, según toda la evidencia, la de mayor incidencia. Cambiar eso exige aplicarle el mismo rigor técnico que aplicamos a la seguridad laboral y darle la relevancia preventiva y asistencial que la magnitud del problema está evidenciando.
De todo esto hablaremos el próximo jueves 2 de julio en la jornada que UGT-PV organiza en la Casa del Pueblo de Valencia, “Intensificación del trabajo y salud mental”, con la participación del profesor Adrián Todolí Signes, autor del informe en el que se basa este análisis, y de Óscar Pérez Zapata, experto en intensidad del trabajo y sus efectos en la salud. Una cita necesaria para poner la carga de trabajo y sus efectos donde debe estar: en el centro de la prevención de riesgos laborales.