Echarnos a patadas

Nos quieren echar. No tengo la menor duda. Nos quieren fuera de nuestros barrios, de nuestras casas, de nuestras vidas. Molestamos. María José Catalá y sus socios de Vox han convertido València en un tablero de Monopoly, en una pestaña de Idealista. Una ciudad de saldo. De segunda mano. De usar y tirar. Nuestras viviendas son artículos en venta. Y nosotros, parte del lote.

Volvemos a hablar de Benicalap, donde ya sabemos que, aparejado al nuevo Mestalla, el Ayuntamiento ha autorizado un hotel de 20 alturas y que otro edificio de 13 plantas albergue apartamentos turísticos. Ahora son las comunidades de vecinos las que han dado la voz de alarma este mes de agosto, después de encontrarse a operarios abriendo ventanas en zonas comunes de varios edificios para habilitar apartamentos turísticos. Con agostidad y alevosía. Han aprovechado el periodo estival para acometer unas obras que los propios estatutos de las comunidades prohíben.

Los vecinos y vecinas se sienten indefensos. Abandonados por un Ayuntamiento que siempre acaba del lado de los especuladores. Porque de otra manera no se explica que Catalá y Vox mantengan una oficina antiokupación sin actividad mientras las comunidades de propietarios se encuentran solas cuando necesitan defender sus edificios. Un chiringuito electoral al que se desvían recursos públicos que serían fundamentales para ayudar a estas comunidades a defenderse ante los tribunales de quienes abren ventanas y terrazas en las paredes de edificios donde viven familias. Y he aquí la paradoja o más bien la hipocresía porque, en realidad, PP y Vox se niegan a proteger la propiedad ante quienes quieren okuparla con apartamentos turísticos. Un negocio que avanza a costa de expulsar a la gente de sus casas, encareciendo la vivienda y transformando los barrios en decorados.

Y los datos ayudan a entender cuál es la prioridad. Desde junio de 2023, María José Catalá ha autorizado prácticamente el mismo número de plazas hoteleras que de viviendas. Ni más ni menos que 5.403 plazas hoteleras frente a 5.465 viviendas. Mientras crecen las dificultades de las familias para pagar un alquiler o comprar una casa, Catalá sigue aumentando la planta hotelera, regalando suelo público a los promotores y negándose a aplicar la Ley de Turismo o a implantar una tasa turística.

No estamos hablando de un problema exclusivo de Benicalap. Da igual el barrio al que miremos. Podemos continuar por el Cabanyal-Canyamelar, donde vecinos como Vicente Gallart denuncian incansablemente la concesión de nuevas licencias y la degradación del espacio público provocada por la aceleración de un modelo económico que beneficia los intereses de unos pocos a costa del derecho de la mayoría a habitar sus casas y sus calles. Pero el problema no es el turismo, sino convertirlo en un monocultivo económico.

Porque no todos los gobiernos han elegido el mismo modelo de ciudad. No se trata solo de una política de vivienda o de turismo, sino de cómo quiere crecer València. De elegir un modelo de desarrollo económico con la vista puesta en el futuro y no en el beneficio a corto plazo al que se aferran quienes son incapaces de imaginar la ciudad más allá del negocio inmobiliario. De la mano de los socialistas, València fue declarada Capital Europea del Turismo Inteligente por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación. Se constituyó el Observatorio del Ocio y del Turismo con las entidades vecinales y las empresas del sector; se prohibieron los apartamentos turísticos en Ciutat Vella; se limitaron en el PEC del Cabanyal-Canyamelar; y se reforzaron los controles y las sanciones. Además, se encargó un estudio para justificar un cambio normativo que frenara la proliferación de este tipo de alojamientos por todos los barrios.

Y, al mismo tiempo, se apostó por diversificar el modelo económico. València avanzó para convertirse en un referente de la innovación y la tecnología. Existía un proyecto para reconvertir Vara de Quart en un distrito innovador, capaz de atraer actividad económica y generar empleo y oportunidades, con una estrategia urbanística, económica y social que pretendía transformar una zona degradada de la ciudad y redistribuir riqueza.

De aquello no se sabe nada. Llegaron las elecciones y el gobierno cambió. Desde entonces, el Gobierno municipal ha ido al corto plazo. Ha fiado el crecimiento económico al turismo descontrolado y a la especulación urbanística. Ha permitido la apertura de nuevos apartamentos turísticos en todos los barrios. Ha cambiado un modelo basado en la innovación y la generación de oportunidades por otro que nos convierte en mercancía. Ha dejado que especuladores y fondos buitre se repartan nuestra ciudad. Ha entregado el suelo público a promotores privados a cambio de migajas. Ha subido el precio de la vivienda protegida porque quieren que vivir en València sea un derecho exclusivo para quienes puedan pagarlo.

María José Catalá y Vox quieren una València de casas vacías. Yermas. Sin historias de vida dentro. Nos están utilizando en una operación de trueque. Están cambiando nuestros derechos por activos inmobiliarios. Una ciudad para vivir por una ciudad para vender y alquilar. Porque su prioridad es echarnos a patadas para que siga creciendo el negocio.