La educación pública no es un gasto: es el corazón de la igualdad democrática

Nuestra lengua conserva una verdad que nuestra política ha olvidado: el maestro —el magister— es el que sabe, el que guía, el que forma. El ministro —el minister— es, literalmente, el que sirve. Y sin embargo, hoy pagamos más al que debería servir que al que debería guiar.

Hemos invertido el orden simbólico y material: tratamos al magister como si fuera prescindible y al minister como si fuera imprescindible. Como si el aula fuera un detalle y el despacho, el centro del mundo.

La movilización de estos días en la Comunitat Valenciana no es un capricho, sino el síntoma de un malestar profundo: la administración no cuida a quienes educan ni a quienes son educados, mientras mejora las condiciones de quienes gestionan los bienes públicos desde los despachos.

Mientras los centros públicos afrontan ratios imposibles, burocracia creciente y recursos insuficientes, la clase política parece más preocupada por subirse sus sueldos que por garantizar aulas dignas. Esa percepción —fundada o no— alimenta un malestar que no puede ignorarse.

Pero conviene recordar algo que a veces se pierde entre tanto ruido mediático: la educación pública es el principal mecanismo de igualdad de oportunidades de una sociedad democrática. Es, literalmente, el ascensor social que permite que el origen no determine el destino, que la posición social no marque la vida, que cada niño y niña pueda construir un proyecto propio. Defenderla no es un gesto corporativo: es defender la justicia social, la cohesión y el futuro colectivo.

La educación pública garantiza que todos los niños y niñas, independientemente de su clase social, su barrio, sus posibilidades agenciales o su situación familiar, tengan acceso a un entorno educativo seguro, estimulante y capaz de abrir horizontes. Cuando ese sistema se precariza, cuando se recortan recursos, cuando se sobrecargan aulas o se infravalora al profesorado, no se está atacando a un colectivo laboral: se está debilitando la igualdad democrática.

Por eso las huelgas educativas no son solo una reivindicación sectorial. Son una llamada de atención sobre el tipo de sociedad que queremos construir.

La etapa 0–5: el fundamento invisible de toda la vida

Uno de los puntos más ignorados en el debate educativo es el papel crucial de la educación infantil. Numerosos estudios en neurociencia, psicología del desarrollo y pedagogía han demostrado que los primeros cinco años de vida son decisivos para la construcción psíquica, emocional y social de las personas. En esa etapa se forman los vínculos seguros, la regulación emocional, la base del lenguaje, la curiosidad, la confianza y la capacidad de relacionarse con el mundo. Es decir: ahí se construye el armazón sobre el que se apoyará toda la vida posterior.

Por eso es urgente decirlo alto y claro: las educadoras de infantil NO son cuidadoras ni “guardadoras” de niños. Son profesionales de la educación en la etapa más determinante del desarrollo humano.

Y aquí aparece la gran contradicción que casi nadie se atreve a nombrar: si esta es la etapa más importante, debería ser también la mejor remunerada, la más protegida y la más reconocida socialmente. Pero ocurre justo lo contrario. Las profesionales que sostienen el periodo más delicado y decisivo de la vida son, paradójicamente, quienes trabajan en condiciones más precarias, con salarios más bajos y con un reconocimiento social insuficiente.

Las aulas de infantil no son aparcamientos. No son espacios donde “dejar” a los niños mientras las familias trabajan. Son lugares donde se construyen futuros ciudadanos y ciudadanas, donde se aprende a convivir, a explorar, a confiar, a pensar. Defender sus condiciones laborales no es un gesto corporativo: es defender la calidad de la etapa educativa que más impacto tiene en la vida de una persona.

Si de verdad creemos en la igualdad de oportunidades, si de verdad defendemos la educación pública como ascensor social, entonces debemos empezar por reconocer —también económicamente— a quienes sostienen el tramo más decisivo de ese ascensor. Y esa es, precisamente, la raíz del malestar que hoy vemos en València: la sensación de que quienes educan no reciben el valor que merecen.

La lucha docente en València no es solo laboral: es un recordatorio de algo esencial. Sin maestras y maestros no hay futuro. Y un país que paga más al minister que al magister no solo comete una injusticia: comete un error histórico.

*Manu Fernández, doctor en Filosofía