El escarnio público. Lo que Vox ya consiguió con el presidente del Gobierno valenciano en funciones, Carlos Mazón, cuando el pasado mes de marzo anunció un acuerdo con la extrema derecha para aprobar los presupuestos autonómicos, se lo quieren aplicar ahora a su eventual sucesor, Juan Francisco Pérez Llorca. En aquella intervención, Mazón se entregó por completo al discurso de los ultras llegando a hablar de “dogmatismos climático” para desacreditar la Agenda Verde Europea que su propio partido apoya en Bruselas.
Solo así se puede entender la nueva vuelta de tuerca que han anunciado los de Santiago Abascal como condición para apoyar la investidura del candidato del PP en el pleno que se celebrará este jueves 27 de noviembre. En concreto, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, advirtió este lunes de que no habrá un acuerdo previo por escrito con el PP para investir al sustituto de Carlos Mazón.
“Nos han engañado tantas veces con los acuerdos por escrito que realmente no hace ninguna falta un acuerdo por escrito”, dijo el portavoz, que insistió en que esperarán a escuchar el discurso de Pérez Llorca para ver “exactamente” su posición y sus compromisos políticos “no con Vox, sino con los valencianos”. Todo un aviso a navegantes que no hace sino meter presión para que Pérez Llorca asuma públicamente su agenda ultra en materia de inmigración o de negacionismo climático. De no ser suficientemente contundentes sus compromisos, no sería de extrañar que Vox no le apoyara y forzara una segunda votación para ahondar en la herida. Este segundo pleno se celebraría en 48 horas según establece la normativa, es decir, el sábado 29 de noviembre, salvo que la mesa de las Corts acordara llevarlo al lunes 1 de diciembre.
En este sentido, Fúster ha avisado de que van a estar “muy atentos”, porque han aprendido “a base de bofetadas” que pactar por escrito algo con el PP “no sirve para absolutamente nada”, aunque ha confiado en que “todo vaya bien”.
“Si lo vemos nítido, lo vemos cristalino que va a hacer lo mejor para los valencianos, ahí estaremos. Si vemos que lo que va a hacer es pastelear y adoptar posiciones bipartidistas, pues no estaremos”, ha subrayado.
Otro escenario que no resultaría descabellado desde el punto de vista de Vox sería tumbar también en segunda instancia el nombramiento de Pérez Llorca como presidente. En este caso, En el caso se abriría un plazo de dos meses para tratar de alcanzar un nuevo acuerdo. De no lograrlo, se convocarían elecciones.
Algunas voces del partido de extrema derecha consideran que con los resultados de las elecciones extremeñas encima de la mesa (se celebran el 21 de diciembre) tendrían un termómetro más fiable para determinar si les interesa más anticipar elecciones o acabar haciendo presidente al candidato del PP. Entre los populares cunda la preocupación porque son conscientes de que este escenario ha estado sobre la mesa de los ultras.
Trabas a los menores migrantes y apuesta por las nucleares
El portavoz del PP en las Corts y presidenciable Juan Francisco Pérez Llorca ya dio unas pinceladas sobre algunas de las cuestiones que enfatizará en su discurso de investidura: “Vox me ha comunicado en las conversaciones que he tenido que para ellos tiene una prioridad muy importante la reconstrucción y garantizar que esas obras hídricas que hacen falta se hagan. Luego hay otros asuntos que se están hablando como el Pacto Verde Europeo, como la inmigración y que se tendrá que ir buscando el consenso y el acuerdo. Debemos tener claro que aquí tenemos que defender los intereses de los valencianos y valencianas y que hay en estos momentos graves problemas como el cierre de la central nuclear de Cofrentes o el problema de los arroceros, o del de los cítricos, o el de los barcos pesqueros que no pueden salir a faenar los días y las horas que a nosotros nos gustaría. En base a esas necesidades que tiene la sociedad valenciana yo me veo capacitado para llegar a un acuerdo con Vox”, dijo la semana pasada.
En las últimas semanas la extrema derecha ya ha ido mostrando algunas de sus prioridades con diferentes iniciativas presentadas en las Corts. Por ejemplo, el pasado 20 de octubre el partido de Santiago Abascal propuso que en el marco del Plan Valenciano de Estadística 2025-2028 se inste al Consell a que, “en la medida de las posibilidades técnicas y materiales, incorporen estadísticas diferenciadoras entre la contribución neta al estado del bienestar por parte de la población nacional y la población migrante; en la recepción de ayudas; en el uso de servicios de urgencias sanitarias; sobre la cantidad de donantes de sangre existentes; y sobre el absentismo laboral en la empresa privada y la Administración pública”. El acuerdo parlamentario ya contó con el apoyo del PP y se trasladó al Gobierno valenciano que deberá decidir sobre su aplicación.
Los grupos parlamentarios de las Corts de derechas y de extrema derecha presentaron también una propuesta de reforma de reglamento de la cámara para eliminar la comisión permanente LGTBI y a cambio de una nueva de “familia, política social e igualdad”.
Además, Vox ha presentado recientemente una batería de 14 enmiendas al nuevo reglamento de la Renta Valenciana de Inclusión que está en fase de tramitación, una ayuda que aprobó el Gobierno del Botánico para personas sin recursos. Algunas de las novedades que plantean los ultras van encaminadas a poner trabas a determinada población migrante, además de que eliminan el concepto “violencia de género” que aparece en diferentes artículos de la actual normativa y lo cambian por “violencia contra la mujer” o “violencia intrafamiliar”.
Entre otras medidas, plantean para las personas beneficiarias “un itinerario de inclusión que garantice el aprendizaje del idioma, la alfabetización, la plena participación cultural y convivencial atendiendo a la costumbre del país, así como el acceso al empleo y la renuncia a cualquier práctica que atente contra la dignidad e integridad de la infancia y las mujeres”, en referencia al 'hiyab' o pañuelo que usan las mujeres musulmanas para cubrirse la cabeza y el cuello.
Las políticas contra el Pacto Verde Europeo también serán protagonistas, a pesar de que el PP Europeo lo apoya en Bruselas de la mano de la presidenta de la Comisión Europea, la también popular Úrsula von der Leyen. En esta línea, Vox acaba de presentar una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Consell a pedir al Gobierno central la revocación inmediata de la implantación obligatoria de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Además, la formación propone que se dejen sin efecto todas las restricciones locales ya aprobadas, y que se suspendan sanciones impuestas por dichas ZBE.
La iniciativa de Vox también exige la derogación de medidas derivadas de la Ley 7/2021 de cambio climático y de la norma estatal sobre residuos, argumentando que estos instrumentos suponen “un gravamen injustificado” sobre la movilidad, la industria automovilística nacional y el comercio urbano.