“Vox hasta hoy me ha comunicado en las conversaciones que he tenido que para ellos tiene una prioridad muy importante la reconstrucción y garantizar que esas obras hídricas que hacen falta se hagan. Luego hay otros asuntos que se están hablando como el Pacto Verde Europeo, como la inmigración y que se tendrá que ir buscando el consenso y el acuerdo. Debemos tener claro que aquí tenemos que defender los intereses de los valencianos y valencianas y que hay en estos momentos graves problemas como el cierre de la central nuclear de Cofrentes o el problema de los arroceros, o del de los cítricos, o el de los barcos pesqueros que no pueden salir a faenar los días y las horas que a nosotros nos gustaría. En base a esas necesidades que tiene la sociedad valenciana yo me veo capacitado para llegar a un acuerdo con Vox”.
El candidato del PP a presidir la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, se pronunció así este miércoles sobre los asuntos que está poniendo la extrema derecha encima de la mesa para alcanzar un acuerdo que permita obtener el apoyo de sus 13 diputados, lo que le permitiría rubricar su investidura sumados a los 40 de los populares (la mayoría absoluta está en 50 votos de los 99 de la cámara).
Justo después de la intervención de Llorca, el portavoz de Vox, José María Llanos, advertía: “Estamos en negociaciones, el acuerdo no está cerrado. Conocen perfectamente cuál es nuestro programa. Esperamos que el PP sepa estar a la altura”.
En otras palabras, los populares deberán asumir la agenda ultra de Vox y por las palabras de Llorca, parece que están dispuestos a tragar con prácticamente todo. En las últimas semanas la extrema derecha ya ha ido mostrando algunas de sus prioridades con diferentes iniciativas presentadas en las Corts.
Por ejemplo, el pasado 20 de octubre el partido de Santiago Abascal la propuso que en el marco del Plan Valenciano de Estadística 2025-2028 se inste al Consell a que, “en la medida de las posibilidades técnicas y materiales, incorporen estadísticas diferenciadoras entre la contribución neta al estado del bienestar por parte de la población nacional y la población migrante; en la recepción de ayudas; en el uso de servicios de urgencias sanitarias; sobre la cantidad de donantes de sangre existentes; y sobre el absentismo laboral en la empresa privada y la Administración pública”. El acuerdo parlamentario ya contó con el apoyo del PP y se trasladó al Gobierno valenciano que deberá decidir sobre su aplicación.
Los grupos parlamentarios de las Corts de derechas y de extrema derecha presentaron también una propuesta de reforma de reglamento de la cámara para eliminar la comisión permanente LGTBI y a cambio de una nueva de “familia, política social e igualdad”.
Además, Vox ha presentado recientemente una batería de 14 enmiendas al nuevo reglamento de la Renta Valenciana de Inclusión que está en fase de tramitación, una ayuda que aprobó el Gobierno del Botánico para personas sin recursos. Algunas de las novedades que plantean los ultras van encaminadas a poner trabas a determinada población migrante, además de que eliminan el concepto “violencia de género” que aparece en diferentes artículos de la actual normativa y lo cambian por “violencia contra la mujer” o “violencia intrafamiliar”.
Entre otras medidas, plantean para las personas beneficiarias “un itinerario de inclusión que garantice el aprendizaje del idioma, la alfabetización, la plena participación cultural y convivencial atendiendo a la costumbre del país, así como el acceso al empleo y la renuncia a cualquier práctica que atente contra la dignidad e integridad de la infancia y las mujeres”, en referencia al 'hiyab' o pañuelo que usan las mujeres musulmanas para cubrirse la cabeza y el cuello.
Las políticas contra el Pacto Verde Europeo también serán protagonistas, a pesar de que el PP Europeo lo apoya en Bruselas de la mano de la presidenta de la Comisión Europea, la también popular Úrsula von der Leyen. En esta línea, Vox acaba de presentar una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Consell a pedir al Gobierno central la revocación inmediata de la implantación obligatoria de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Además, la formación propone que se dejen sin efecto todas las restricciones locales ya aprobadas, y que se suspendan sanciones impuestas por dichas ZBE.
La iniciativa de Vox también exige la derogación de medidas derivadas de la Ley 7/2021 de cambio climático y de la norma estatal sobre residuos, argumentando que estos instrumentos suponen “un gravamen injustificado” sobre la movilidad, la industria automovilística nacional y el comercio urbano.
El pacto presupuestario endurecido
Así pues, ocho meses después de que el presidente en funciones, Carlos Mazón, se entregara por completo al discurso de Vox a cambio de obtener su apoyo para aprobar los presupuestos autonómicos, el PP vuelve a estar en manos de Vox. De poco ha servido el enorme desgaste que asumieron los populares con aquel pacto puesto que tras la dimisión de Mazón el pasado 3 de noviembre como consecuencia de su gestión de la dana, puesto que ahora la factura a pagar a los ultras a cambio de su apoyo será mucho más alta.
Abascal, consciente de la debilidad negociadora de Feijóo y los suyos, ya advirtió en una entrevista en La Vanguardia de que sus condiciones serían “más firmes y más exigentes” y que irían encaminadas a mantener el pacto al que se llegó en marzo con Mazón para aprobar los presupuestos de la Generalitat.
Los presupuestos autonómicos aprobados finalmente el pasado 2 de julio, el PP y Vox acordaron destinar 100.000 euros a la realización de pruebas de edad a los menores que lleguen a la Comunitat Valenciana y otros 2 millones de euros para fomentar “acuerdos de colaboración con países de origen de menores no acompañados para reagrupaciones familiares”.
Mazón anunció además la eliminación de la “ecotasa” autonómica que se aplica a la generación eléctrica por medio de tecnología nuclear, lo que supondrá dejar de ingresar 14 millones de euros de la central nuclear de Cofrentes, que tanto el PP como Vox han pedido que prolongue su vida útil más allá del año 2030, cuando está previsto que deje de funcionar. También se eliminó la Agencia Valenciana del Cambio Climático.
En cuanto al desarrollo urbanístico se están tramitando diversas normativas que vienen a modificar o sustituir otras del Gobierno del Botánico más proteccionistas. En este sentido, ya se aprobó la construcción de hoteles a 200 metros de la costa (con el Botánico el límite era 500 metros). También está en marcha una propuesta de modificación de la la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) que conduce a dejar el urbanismo en manos de los promotores, de forma que incluso podrían tener capacidad para modificar planes generales, una competencia exclusiva de los ayuntamientos, o el nuevo plan de ordenación de recursos naturales (PORN) de l'Albufera que implica la desprotección de diversos espacios, además de ampliar la posibilidad de habilitar restauración donde a día de hoy no está permitido.
Además, se recortaron 500.000 euros de las ayudas “a la promoción del valenciano en el ámbito social” y otros 200.000 euros para “multilingüismo en el sector privado”, también dentro del programa de promoción del valenciano, junto al recorte de casi dos millones de euros a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) que destinarán a rehabilitar la sede de una entidad privada como Lo Rat Penat, una medida que la institución lingüística recurrirá por ser presuntamente ilegal.