En plena negociación entre Vox y el PP para investir al síndic de los populares en las Corts, Juan Francisco Pérez Llorca, como nuevo presidente de la Generalitat Valenciana en sustitución de Carlos Mazón, la formación ultra ha presentado una batería de 14 enmiendas al nuevo reglamento de la Renta Valenciana de Inclusión que está en fase de tramitación, una ayuda que aprobó el Gobierno del Botánico para personas sin recursos.
Así pues, estas propuestas de la formación de extrema derecha pueden convertirse en el primer peaje para los populares de cara a un eventual acuerdo. Algunas de las novedades que plantean los ultras van encaminadas a poner trabas a determinada población migrante, además de que eliminan el concepto “violencia de género” que aparece en diferentes artículos de la actual normativa y lo cambian por “violencia contra la mujer” o “violencia intrafamiliar”.
Además impiden el cobro de la ayuda a personas o familias que estén ocupando viviendas, sin distinguir casuísticas, precisamente por carecer de recursos para acceder a una vivienda digna. En concreto exige que se incluya el articulado como requisito “no haber sido condenado mediante resolución judicial firme, en los 12 meses anteriores a la solicitud, por la comisión de delitos contra la libertad sexual; la inviolabilidad del domicilio; la integridad física; delito de lesiones; homicidio y sus formas, matrimonios ilegales o delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico”. Además, propone como infracción muy grave “la situación de ocupación de la vivienda sin título habilitante por parte de personas beneficiarias de la Renta”.
Según ha informado Vox en un comunicado, con las modificaciones planteadas busca asegurar que la ayuda cumpla su verdadera finalidad: ser un apoyo temporal para quienes lo necesiten y fomentar “la inserción laboral, la educación y la responsabilidad individual”. En primer lugar proponen eliminar la duración indefinida del cobro de la prestación y que la duración máxima sea de seis años, prorrogables excepcionalmente a tres en casos justificados. Durante ese tiempo, los beneficiarios deberán seguir un Plan de Inserción que fomente la formación, la búsqueda de empleo y la compatibilidad con el trabajo mediante incentivos.
La diputada Míriam Turiel ha explicado que “el objetivo no puede ser mantener a la gente en la precariedad, sino ofrecerles herramientas para salir de ella”. Además, una de las enmiendas excluye del cobro de la prestación a personas condenadas por delitos graves como agresiones sexuales, homicidios, lesiones, robos o delitos contra el patrimonio- y ocupas.
“Integración cultural y respeto a las costumbres”
El Plan de Inserción propuesto por Vox que deben elaborar los servicios sociales incluye “un itinerario de inclusión que garantice el aprendizaje del idioma, la alfabetización, la plena participación cultural y convivencial atendiendo a la costumbre del país, así como el acceso al empleo y la renuncia a cualquier práctica que atente contra la dignidad e integridad de la infancia y las mujeres”, en referencia al 'hiyab' o pañuelo que usan las mujeres musulmanas para cubrirse la cabeza y el cuello.
Este itinerario ahora será de obligado cumplimiento para todos los miembros de la unidad familiar y su incumplimiento podría acarrear sanciones. En esta línea, propone como infracción muy grave la existencia “de prácticas denigrantes contra la infancia o la mujer, que sean contrarias al principio de igualdad o que atenten contra los valores convivenciales”, en referencia de nuevo al velo.
El partido ultra considera que “estas medidas se alinean con la Proposición de Ley de Protección de la Dignidad de las Mujeres y la Seguridad Ciudadana en el Espacio Público, presentada por el partido en el Congreso, que propone la prohibición del burka y el nicab”.
En las modificaciones del artículo 4, para los perceptores de la renta de entre 23 y 30 años, en una de las cláusulas se exige que se demuestre “un arraigo histórico-cultural y convivencial en el municipio”.
Críticas de UGT y PSPV
Tras conocer las enmiendas presentadas por Vox a la Renta Valencia de Inclusión desde el sindicato UGt han mostrado su preocupación al considerar que suponen “un retroceso en las prestaciones sociales que perjudicarán muy gravemente a los colectivos más vulnerables, que son el objetivo de este tipo de ayudas, entre ellos las personas migrantes y las mujeres”, según María Navarro responsable Política Social de UGT Serveis Públics.
Además, ha mostrado su temor de que “medidas de este tipo sean la avanzadilla de las políticas sociales que nos esperan en este nuevo gobierno que no hemos elegido y en el que Vox está imponiendo su negacionismo, su racismo, su machismo y su islamofobia” y han añadido: “No es posible que el Consell haga saltar por los aires el diálogo social al aceptar cambios sustanciales de esta ley por la puerta de atrás sólo para contentar a sus socios de la ultraderecha. Llevamos una legislatura con retrocesos en servicios sociales y lamentablemente, estos recortes irán a más. El que PP acabe aceptando o pactando estos recortes supone atentar contra la dignidad de las personas y, en particular de las mujeres”.
La portavoz de Servicios Sociales del PSPV en Les Corts, Silvia Gómez, ha denunciado que esta es la primera factura que va a pagar el PP a Vox para retener el sillón de la presidencia de la Generalitat eligiendo al “sustituto” de Mazón, Juan Francisco Pérez Llorca, que “va a ser más de lo mismo” y advierte de que “esta factura se va a traducir en medidas xenófobas y racistas que van a dejar a miles de valencianos, los más vulnerables de todos, sin esta aportación para darles una oportunidad de salir de las situaciones de exclusión social”.