El Colegio de Médicos de Valencia no considera intrusismo que un técnico suplante a un médico durante 20 años en el CEU
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La Universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia se ahorró miles de euros durante más de 20 años al permitir, en contra de lo que establecía la normativa, que un técnico de laboratorio —y no un médico titulado— se encargara de las labores de embalsamamiento de cadáveres utilizados en la investigación y la docencia por profesores y alumnos. Esta práctica, que la Conselleria de Sanidad consideró irregular y por la que impuso una sanción económica por una falta muy grave, no ha sido interpretada del mismo modo por el órgano inspector del departamento que dirige Marciano Gómez. ¿El motivo? El propio Colegio de Médicos de Valencia no considera que se trate de un caso de intrusismo profesional.
Según la resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es, el Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad ha cerrado la investigación y archivado la denuncia presentada contra el CEU por un extrabajador por presunto intrusismo profesional, tras analizar el informe emitido por la Comisión de Intrusismo y Defensa de la Salud —aprobado por la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos en su sesión plenaria del 25 de marzo—. Este periódico ha intentado recabar en tres ocasiones la versión de la institución que preside Mercedes Hurtado sobre los motivos para no apreciar intrusismo en este caso, pero no ha obtenido respuesta.
En este tipo de investigaciones, la opinión del Colegio de Médicos resulta determinante, ya que se trata de la corporación de derecho público encargada de velar por el correcto ejercicio de la Medicina, especialmente en un ámbito de colegiación obligatoria. De hecho, los casos de intrusismo pueden derivar tanto en importantes sanciones económicas como, en los supuestos más graves, en procedimientos penales. La denuncia contra la Universidad Cardenal Herrera fue presentada el 17 de noviembre de 2025 y quedó archivada el pasado 1 de junio.
Como ha venido publicando elDiario.es en los últimos meses, un técnico de laboratorio desempeñó durante años funciones que no le correspondían y llegó a embalsamar alrededor de 650 cadáveres. Tras una denuncia del propio trabajador, la Inspección Sanitaria concluyó que existían elementos suficientes para calificar los hechos como una infracción muy grave, conforme a los artículos 34 y 35.c.1 de la Ley General de Sanidad y al artículo 102 de la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana, en relación con los artículos 35 y 50.3.b del reglamento de policía sanitaria mortuoria valenciano.
Pese a esa calificación de falta muy grave, la sanción impuesta fue la mínima prevista: 15.100 euros, una cantidad que se reducía a 9.000 euros en caso de pronto pago. La Inspección consideró como circunstancia atenuante el desconocimiento de la norma. Al mismo tiempo, la Administración ha iniciado una revisión normativa para permitir que técnicos de laboratorio puedan asumir tareas de embalsamamiento de cadáveres.
En este sentido, según explicó en su día la Conselleria de Sanidad, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó el 4 de julio de 2025 una Guía de Consenso sobre Sanidad Mortuoria “en la que se contempla que otros profesionales, además de los médicos, puedan realizar prácticas de tanatopraxia”.
La guía establece que el personal encargado de efectuar la tanatopraxia o de decidir sobre la necesidad de refrigeración o congelación de un cadáver deberá ser licenciado o graduado en Medicina, contar con la cualificación profesional de Tanatopraxia regulada por el Real Decreto 140/2011 o disponer del correspondiente certificado de profesionalidad recogido en el Real Decreto 1535/2011.
El departamento que dirige Marciano Gómez trabaja ahora en una modificación de la normativa valenciana para adaptarla a ese nuevo marco. Un cambio que abriría una actividad hasta ahora reservada a médicos a otros perfiles profesionales, con el consiguiente abaratamiento de costes laborales.