La dana de València en las urnas: qué esperar de las elecciones autonómicas y municipales de 2027

Las catástrofes naturales no siempre castigan a los gobiernos. A veces los refuerzan, otras apenas dejan rastro electoral, y en ocasiones los hunden en las urnas. Para entender lo que puede ocurrir en Valencia, primero conviene viajar a Alemania, donde dos inundaciones casi idénticas dejaron resultados distintos.

El 14 de julio de 2021, la tormenta Bernd descargó sobre el valle del Ahr una cantidad de lluvia excepcional en apenas unas horas. Aquella noche, el río se desbordó, arrasó pueblos enteros y causó más de 180 muertos, en uno de los peores episodios de inundaciones de la historia del país. Y todo ello diez semanas antes de las elecciones federales.

Pese a las críticas por los fallos en las alertas y la coordinación entre administraciones de distinto signo, el impacto a escala nacional fue limitado. Los conservadores de la CDU ya venían cayendo en las encuestas y la gestión comunicativa de las inundaciones consolidó esa tendencia cuando Armin Laschet, candidato designado para suceder a Merkel, fue captado por las cámaras riendo en segundo plano durante una visita a las víctimas. Sin embargo, ese desgaste apenas se tradujo en cambios en las zonas afectadas, donde solo Los Verdes mejoraron ligeramente en torno a un punto.

En agosto de 2002, el mismo país ofreció una imagen completamente distinta. Las inundaciones del Elba devastaron Sajonia y otros estados del este alemán pocas semanas antes de las elecciones. El canciller Schröder se desplazó a las zonas devastadas y lideró una respuesta gubernamental muy eficaz. Estudios posteriores documentaron una subida de más de siete puntos para su partido en esos territorios.

Los dos casos plantean una paradoja evidente. Desastres muy similares, ocurridos en el mismo país y a pocas semanas de unas elecciones, produjeron efectos electorales muy distintos. Pero no es una anomalía. El impacto electoral de un desastre depende fundamentalmente de tres factores: la atribución de responsabilidad, la distancia temporal con las urnas y la gestión de la reconstrucción. Conviene detenerse en estas tres dimensiones para entender qué puede ocurrir en las elecciones valencianas de mayo de 2027.

1. La identificación del responsable

En democracia, las catástrofes no generan castigo electoral de forma automática. Para que eso ocurra, hace falta una condición previa que suele darse por sentada: que los votantes puedan identificar con claridad quién es responsable de la gestión. Esa identificación, sin embargo, nunca es del todo mecánica. La dificultad puede surgir tanto al repartir responsabilidades entre distintos niveles de gobierno (atribución vertical) como al distinguir quién responde dentro de una coalición (atribución horizontal).

En el caso de la dana, la atribución vertical ha sido relativamente clara en la fase de emergencia. La opinión pública ha señalado a la Generalitat como principal responsable de los fallos en el sistema de alertas, pese a los intentos de desplazar parte de la carga hacia organismos estatales como la AEMET o la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Sin embargo, esa claridad inicial se difumina al pasar a la fase de gestión del desastre. Como ha señalado el catedrático de Geografía Humana Joan Romero, la dana evidenció problemas de coordinación multinivel que no deberían producirse en ningún sistema institucional moderno. Cuando varias administraciones fallan al mismo tiempo, la identificación de culpas pierde nitidez.

En lo que respecta a la atribución horizontal, esta opera en sentido inverso. La salida de Vox del Consell meses antes de la DANA dejó al PP como único referente identificable de la acción de gobierno, lo que facilita la concentración del eventual desgaste político.

2. El reloj electoral

La mayoría de los estudios muestran que los efectos electorales de las catástrofes tienden a debilitarse con el tiempo hasta desaparecer en unos meses. Sin embargo, cuando el desastre es especialmente grave y los ciudadanos atribuyen los daños a fallos de gestión, sus consecuencias políticas pueden prolongarse durante años. La tormenta Gudrun, que arrasó el sur de Suecia en enero de 2005, es uno de los casos que mejor lo ilustran. La respuesta inicial del gobierno socialdemócrata fue considerada lenta e insuficiente, y el episodio contribuyó a su derrota en las elecciones de 2006. Pero el desgaste no se limitó a ese ciclo electoral. La pérdida de apoyo en las zonas afectadas se agravó en 2010 y seguía siendo visible en 2014, casi una década después.

Ese arco temporal no es arbitrario. Detrás hay una secuencia de tres fases electorales que conviene desgranar. La primera es el efecto rally round the flag: el aumento breve del apoyo a las autoridades que gestionan la emergencia, como el que llevó a George Bush al 90 % de aprobación tras el 11-S, antes de volver a los valores previos. En el caso valenciano, este efecto fue probablemente muy débil o inexistente, ya que desde las primeras horas se percibió una ausencia de liderazgo en la gestión de la emergencia. En pocos días, el lema sols el poble salva el poble se impuso en el imaginario colectivo, presente en las redes y en los muros de las zonas de paso de voluntarios, lo que desplazó el liderazgo institucional y neutralizó el impulso inicial de apoyo.

La segunda fase es la del voto retrospectivo: el momento en que los ciudadanos evalúan la gestión realizada y premian o castigan a los responsables. Lo singular del caso valenciano es que ese ciclo de castigo electoral, que en condiciones normales suele diluirse en pocos meses tras el desastre, no parece estar agotándose. La judicialización de la DANA mantiene el caso en el debate público y aporta nueva información sobre las decisiones clave adoptadas durante la crisis, especialmente en los niveles autonómico y nacional . Esto permite una reconstrucción más precisa de los hechos y refuerza la atribución de responsabilidades políticas.

3. La reconstrucción

Finalmente, en la última fase aparece el voto de evaluación de la reconstrucción, que ha tendido a concentrarse en los niveles de gobierno más cercanos a su implementación. En el caso valenciano, todo apunta a que ese nivel será el municipal. Los alcaldes son los gestores más visibles de las obras de recuperación, quienes menos responsabilidad acumulan en la fase de alerta y quienes mantienen un contacto más directo con los vecinos afectados. Cuando la reconstrucción es visible y percibida como competente, los votantes tienden a premiar al cargo más próximo a ese proceso.

Y aquí reside la clave interpretativa de lo que puede ocurrir en mayo de 2027: la dana no opera sobre un único reloj, sino sobre dos tiempos políticos que avanzan a velocidades distintas.

El reloj autonómico sigue detenido en la gestión de la emergencia. La judicialización, con cada nueva diligencia, va aportando elementos que ayudan al electorado a ordenar los hechos y atribuir responsabilidades con mayor claridad. Mientras ese proceso no se cierre, el desgaste del PP tenderá a sostenerse.

La atribución horizontal hace el resto: Vox llega a 2027 sin haber compartido el desgaste de la gestión, lo que le permite competir por ese voto de castigo. Compromís disputa parte de ese descontento desde la oposición , no en clave de agenda verde —la evidencia comparada muestra que el voto ecologista asociado a catástrofes como la dana apenas se consolida fuera del norte de Europa— sino como alternativa no contaminada por el coste de la emergencia. El PSOE podría beneficiarse, aunque resentido por sus propios casos de corrupción.

El reloj municipal, en cambio, avanza ya hacia la fase de reconstrucción. Allí donde la recuperación haya sido visible y eficaz, el voto se decidirá menos por la noche del desastre que por la gestión posterior, con un arrastre partidista probablemente secundario.

Lo que se pone de manifiesto es que las dos urnas de mayo de 2027, aunque se abran el mismo día, estarán mirando momentos distintos de la tragedia: la autonómica a la emergencia y la municipal a la reconstrucción.