El gobierno valenciano que preside Carlos Mazón rectifica y vuelve a establecer el límite salarial a los altos cargos que son funcionarios. Tras la polémica por las retribuciones del vicepresidente segundo, Francisco José Gan Pampols, rechazadas por todos los grupos parlamentarios, el Ejecutivo autonómico corrige el decreto aprobado en noviembre.
El cambio de criterio se produce en vísperas de la votación de la norma en las Corts Valencianes, donde solo cuenta con el apoyo del PP. Según la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, no ha sido necesario incrementar los salarios para nuevos fichajes en el Ejecutivo, dado que Gan Pampols no llega al tope previsto en la ley de presupuestos. “No siendo necesario, se da marcha atrás”, ha apuntado en la rueda de prensa posterior al Pleno del Ejecutivo. La respuesta de la vicepresidenta deja entrever que el número tres del Consell se conformó con un salario que no rebasaba el límite legal, de un 15% por encima de la nómina del president. Finalmente, el militar retirado tendrá unas retribuciones de 84.000 euros anuales, casi 50.000 euros de lo que percibió por rentas de trabajo e ingresos de su actividad como conferenciante el año anterior.
El decreto, que permitía que los altos cargos que fueran funcionarios tuvieran la misma retribución en el Ejecutivo que en su puesto en la Administración, fue ampliamente criticado por varias cuestiones. Se produjo en el primer pleno del Ejecutivo de la reconstrucción, tras los ceses de las conselleras de Justicia y Turismo, y se realizó a través de una disposición adicional en un decreto que regulaba la movilidad del personal público a consecuencia de la DANA. Esta tarea de camuflaje encontró una respuesta unánime en la oposición y en la sociedad civil.
El Ejecutivo de Mazón justificó esta medida en la necesidad de “captar talento” para la primera línea política en un momento “extraordinario” y afrontar la reconstrucción con “los mejores”. En Gobiernos anteriores, tanto de izquierdas como del PP, dirigentes perdieron hasta 40.000 euros anuales por dar el paso a la política. El texto aprobado el pasado 23 de noviembre debía someterse a debate y votación este miércoles en las Corts Valencianes, abocado al rechazo.