El Gobierno remite a la Generalitat el borrador detallado de la nueva financiación, que incrementaría los ingresos en 3.669 millones
El Ministerio de Hacienda ha remitido a los gobiernos regionales el documento detallado con la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, cuyo borrador definitivo proyecta una inyección global de 224.500 millones de euros para el año 2027. Esta cifra implica un incremento de 20.975 millones de euros respecto al modelo actual y una subida notable frente a los 152.484 millones del año base 2023. La reforma busca reducir las diferencias de financiación por habitante ajustado mediante un aumento de recursos para todos los territorios, el blindaje de los servicios públicos y una mayor autonomía fiscal.
La Comunitat Valenciana emerge como uno de los territorios más beneficiados en términos porcentuales por este nuevo marco regulatorio. El modelo propuesto supondrá un incremento de 3.669 millones de euros anuales para la Generalitat Valenciana, lo que representa un avance de casi el 18% respecto a los recursos que le corresponderían en 2027 con el sistema vigente. Según explican fuentes de Hacienda, esta mejora garantiza que la ciudadanía valenciana contará con el mayor volumen de fondos de su historia para la sanidad, la educación pública, la dependencia y el resto de los servicios sociales básicos.
Así, desde el Ministerio sostienen que el impacto positivo en la Comunitat Valenciana responde a que percibirá fondos de manera simultánea por la vía de la nivelación vertical y de la nivelación horizontal, además de situarse entre las zonas que más recursos captarán a través del nuevo fondo climático y del mecanismo del IVA para las pequeñas y medianas empresas.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, defendió la objetividad del modelo y emplazó a los gobiernos autonómicos a analizar y debatir el documento en los comités técnicos y en un Consejo de Política Fiscal y Financiera específico, y lamentó la negativa a negociar de las comunidades gobernadas por el Partido Popular y criticó su rechazo a los objetivos de estabilidad presupuestaria para el periodo 2027-2029, una postura que restará 549 millones de euros a la Comunitat Valenciana. Desde el ministerio consideran que no hay elementos objetivos para oponerse a un modelo que beneficia al conjunto de las comunidades autónomas y creen un error el rechazo a la propuesta “por puro interés partidista”.
El diseño de la reforma actualiza el criterio de población ajustada para determinar las necesidades reales de gasto de cada comunidad. Las variables demográficas y geográficas se redefinen de modo que la población de padrón pondera un 30% y el gasto sanitario sube al 38%, este último calculado ahora sobre 20 grupos de edad en lugar de los siete anteriores para lograr una mayor fiabilidad. El gasto educativo alcanza una ponderación del 17% para el tramo de 0 a 17 años e incorpora un 3,5% adicional para la franja de 18 a 24 años y para el alumnado universitario que se desplaza a otras regiones. Los servicios sociales computan un 7% tras desglosar a los mayores de 65 años en dos tramos e incluir el número de parados sin prestación con un peso del 1,5%. Para paliar la despoblación, el sistema añade factores correctores como la superficie, la dispersión, la insularidad y un nuevo concepto de costes fijos que beneficia a las regiones sin economías de escala.
La autonomía fiscal se reforzará con un aumento de la capacidad tributaria que aportará casi 16.000 millones de euros en 2027. La cesión del IRPF pasará del 50% al 55% y la del IVA subirá del 50% al 56,5%, al tiempo que se integrarán en el sistema los impuestos sobre el Patrimonio, Depósitos Bancarios, Actividades del Juego y Depósito de Residuos en Vertederos.
La solidaridad interterritorial se articulará mediante dos mecanismos de nivelación. La nivelación horizontal asegura que todas las comunidades alcancen al menos el 75% de la media de recursos por habitante ajustado, lo que obliga a los territorios que superan la media a aportar al fondo común y beneficia a los que están por debajo. Por su parte, la nivelación vertical contará con una aportación del Estado de 19.000 millones de euros para reducir en dos tercios la distancia presupuestaria de todas las regiones respecto a la Comunidad de Madrid, que registra los mayores recursos actuales.
El cierre del sistema incluye herramientas con recursos no competitivos para evitar que la ganancia de una comunidad reste fondos a otra. Entre ellas destaca el mecanismo del IVA para pymes, que permitirá a las autonomías recibir una transferencia si la recaudación de este impuesto en su tejido empresarial supera el índice de consumo interno. Asimismo, se creará un fondo climático de 1.000 millones de euros, del cual dos tercios se destinarán de forma directa a las regiones del litoral mediterráneo debido a su exposición al calentamiento marítimo, una medida donde la Comunitat Valenciana figura nuevamente como una de las principales beneficiadas.
Por último, una cláusula de cierre de 400 millones de euros blindará el statu quo para que ninguna comunidad reciba menos ingresos que con el modelo previo, una partida que beneficiará especialmente a Cantabria y Extremadura. Fuera del modelo de financiación, el Gobierno central reformulará los Fondos de Compensación Interterritorial para impulsar la productividad y las infraestructuras en las autonomías con recursos inferiores a la media nacional.