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El presidente de la Generalitat Valenciana y del PPCV, Carlos Mazón, vuelve a obligar a su partido a dar un giro ideológico y lo pone ante una contradicción, esta vez a cuenta de la capacidad legislativa en materia civil. El dirigente valenciano, que alardeó de defender a capa y espada el derecho civil valenciano en el 9 d'Octubre, votará este miércoles unos presupuestos que dejan sin apoyo económico a la entidad que trabaja por su recuperación, la Associació de Juristes Valencians, gracias a la presión de sus socios de ultraderecha.
Mazón se reunió con la entidad en noviembre de 2023, donde les trasladó el apoyo del Consell para que la Comunitat Valenciana recupere la capacidad legislativa en materia de Derecho Civil y abordó vías de colaboración entre la Generalitat y esta entidad encaminadas a mejorar el sector jurídico de la Comunitat Valenciana. En su discurso institucional del último 9 d'Octubre, el presidente defendió el autogobierno “sin chantajes” y prometió reclamar la recuperación del derecho foral “le pese a quien le pese”.
Siete meses después, el presidente valenciano rompe su promesa y, presionado por Vox, retira las ayudas de 30.000 euros a la entidad. El presidente de la asociación, José Ramón Chirivella, vincula la decisión al enfrentamiento con la presidenta de las Corts Valencianes, Llanos Massó, que se cargó los actos conmemorativos por el 25 d'abril, día de las Corts Valencianes y fecha clave en el autogobierno valenciano. Sin embargo, el colectivo, con vínculos en entidades de la sociedad civil relacionadas con la abogacía, sindicatos, empresarios y entidades culturales, ya no estima que el problema sea solo la ultraderecha, que permanentemente se ha desvinculado de cualquier posicionamiento autonomista, sino que carga directamente contra el presidente. “El problema ha sido el PP que ha aceptado la enmienda de Vox” para retirar la ayuda, censura Chirivella. Ahora, piden “que las Corts sean valientes y legislen”, además de presentar otra iniciativa en el Congreso para tratar de recuperar esta capacidad legislativa.
El dirigente alicantino rompe también con el legado del PP valenciano en materia de legislación civil. Fue en la etapa de Francisco Camps, con Serafín Castellano como conseller de Gobernación, cuando se puso en marcha la recuperación de este corpus legislativo con el desarrollo estatutario. Entre 2007 y 2011 se aprobaron tres leyes que desarrollaban el derecho foral: la ley de Régimen Económico Matrimonial, la ley de Uniones de Hecho y la ley que regula la custodia compartida. Todo bajo gobiernos del PP. En 2016 el Tribunal Constitucional declaró nulas las tres normas por un recurso del Gobierno central, entonces con el PSOE al frente, y que el PP mantuvo. Desde el fallo, la sociedad civil valenciana y todos los partidos salvo Vox reclaman una reforma que permita a las Corts Valencianes recuperar la capacidad legislativa en materia civil.