El proyecto de una planta de biogás en Llíria, presentado como una infraestructura pionera en sostenibilidad y economía circular, ha abierto una intensa polémica en la comarca del Camp de Túria. Lo que para el Ayuntamiento y tres alcaldes progresistas (dos del PSPV y uno de Compromís) constituye un avance hacia un modelo energético más limpio, para la Asociación Ciudadana Camp de Túria y Serranía supone una amenaza para el entorno, la salud y la calidad de vida de los vecinos, tanto de Llíria como de los municipios cercanos, especialmente Casinos, situado a menos de dos kilómetros del emplazamiento proyectado, lo que está provocando la movilización ciudadana para evitarla.
Desde que el plan se presentó en 2021, la polémica ha ido en aumento. Durante los últimos días, la comarca ha sido escenario de nuevas movilizaciones vecinales que reclaman una evaluación ambiental independiente y un proceso de participación pública real antes de conceder la licencia definitiva. La próxima cita será este sábado 8 de noviembre, con una manifestación convocada a las 12h ante el edificio de la sede de la Mancomunitat del Camp de Túria en Llíria, una protesta apoyada por el propio Ayuntamiento de Casinos.
El Ayuntamiento de Llíria defiende la planta como un ejemplo de innovación sostenible, impulsada junto a la empresa Genia Bioenergy y con el apoyo de Enagás. La instalación, según los datos de la propia empresa, prevé una inversión de unos 30 millones de euros y la generación de 92 Gw/h de energía, con capacidad para abastecer a unos 8.500 hogares, gracias al biometano producido a partir de residuos orgánicos agrícolas y ganaderos, lo que, según el consistorio, permitirá reducir emisiones (calculan 37.784 toneladas menos de CO2), fomentar la economía circular y avanzar hacia la descarbonización.
Desde el gobierno municipal de Llíria y los responsables municipales destacan que el proyecto está avalado por la Generalitat Valenciana, cuenta con Declaración de Interés Comunitario (DIC), Evaluación de Impacto Ambiental y Autorización Ambiental Integrada, y que cumple con todos los estándares técnicos y de seguridad.
No obstante la asociación contraria al proyecto recuerdan que mientras en los primeros comunicados se hablaba de 90.000 toneladas de residuos anuales, las cifras actuales alcanzan las 162.800 toneladas según la empresa promotora, pero además la Declaración de Impacto Ambiental lo eleva hasta superar las 190.000 toneladas, más del doble de lo previsto. Para la asociación, esto implica que la instalación necesitaría importar residuos de otras zonas, con un notable incremento de transporte pesado y emisiones asociadas.
Una ubicación controvertida y riesgo para los acuíferos
Sin embargo, el entusiasmo institucional contrasta con la inquietud de los vecinos y colectivos ecologistas, que cuestionan tanto la ubicación como la magnitud del proyecto. La planta se proyecta sobre un terreno altamente permeable, según consta en la propia Declaración de Impacto Ambiental, lo que incrementa el riesgo de filtraciones a los acuíferos y posibles afectaciones a los recursos hídricos.
El Ayuntamiento explica que la planta se situará en suelo no urbanizable del término municipal de Llíria, dentro de una zona aprobada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006, en el sector industrial Capa Blava donde ya existen otras tres empresas autorizadas. En cuanto a distancias la instalación se encuentra además de 12 kilómetros de Llíria, 3 kilómetros de los cascos urbanos de Casinos y Domeño, y a aproximadamente 1 kilómetro de la urbanización La Monte-Ravana, “separada de esta última por una elevación montañosa que actúa como barrera natural”. De este modo el consistorio afirma que la ubicación planificada “garantiza distancia de seguridad, aislamiento y mínima afección acústica o visual, cumpliendo plenamente con la normativa urbanística, ambiental y de seguridad industrial vigente”.
En cuanto a los ayuntamientos de los municipios vecinos el consistorio de Llíria afirma que conocían el proyecto desde el inicio, han mantenido relación con la empresa promotora y con sus representantes, por lo que “no se tendría que generar alarma o desinformación sobre un proceso en el cual todos los implicados han sido informados y partícipes desde el primer momento”.
Transporte de residuos
La asociación critica que el emplazamiento elegido ha provocado un rechazo creciente en esta localidad vecina, cuyos residentes temen emisiones, ruidos, malos olores y aumento del tráfico pesado.
Según recoge la Generalitat Valenciana en su Ruta del Biogás, el municipio de Llíria genera anualmente 34.733 toneladas de residuos biometanizables, Casinos 12.351 toneladas y Domeño 433. A ello, incluso sumando las 82.181 toneladas que cifran de la ciudad de València, se preguntan desde cuántos kilómetros deberán transportarse los residuos para alimentar la macroplanta, ya que juntando los residuos mencionados “seguirían faltando 63.002 toneladas para cubrir la demanda de esta instalación”, teniendo como referencia el máximo que puede llegar a gestionar.
De confirmarse este escenario, afirma la plataforma que Llíria se convertiría en el principal centro receptor de residuos de buena parte de la Comunitat Valenciana, asumiendo un notable incremento de tráfico pesado, ruido, polvo y emisiones derivadas del transporte a larga distancia. Los vecinos subrayan que la planta supondrá la llegada diaria de decenas de camiones por la CV-35, una vía ya saturada, incrementando el riesgo de accidentes, el desgaste de la carretera y las emisiones derivadas del transporte. Además, en este contexto, critican que “el supuesto proyecto verde perdería por completo su carácter sostenible, ya que las emisiones de CO2 asociadas al transporte anularían cualquier beneficio ambiental”.
Ante estos temores la empresa señala que la planta contempla medidas para evitar la generación de olores y molestias, así apunta que la descarga se realizará en naves cerradas y en depresión, con sistemas de captación de aire y desodorización. En cuanto al transporte manifiestan que se han diseñado rutas logísticas para cumplir la normativa vigente y evitar el tránsito por núcleos urbanos, para ello se emplearán cisternas estancas o bañeras cubiertas y el tráfico discurrirá exclusivamente por vías principales y autovías. Con todo aseguran que “el movimiento de camiones será reducido y controlado, dentro de los parámetros habituales”.
Riesgos ambientales y pérdida de calidad de vida
La asociación sostiene que no se han hecho públicos los estudios de impacto ambiental completos ni las evaluaciones independientes sobre posibles fugas de metano, olores persistentes o la calidad del aire. “A día de hoy seguimos sin acceso al proyecto ni al Estudio de Impacto Ambiental, pese a las reiteradas solicitudes”, afirman.
Recuerdan, además, que el metano es un gas de efecto invernadero 80 veces más potente que el CO2, por lo que cualquier fuga durante el proceso de biometanización podría anular los beneficios climáticos. También alertan de emisiones de amoníaco, óxidos de nitrógeno y sulfuro de hidrógeno, vinculadas a problemas respiratorios y cefaleas en poblaciones cercanas.
La comunidad científica coincide en la necesidad de evaluar con rigor este tipo de proyectos. La asociación señala que expertos como Antonio Turiel y Fernando Valladares, investigadores del CSIC, han advertido de que la actual “fiebre del biogás” responde más a intereses económicos y geopolíticos que a una planificación ambiental responsable. “No toda energía renovable es sostenible; la sostenibilidad real exige respeto a los límites ecológicos y transparencia en la gestión”, señala Turiel.
Desde un punto de vista socioeconómico, los críticos cuestionan que una inversión de 30 millones de euros genere solo 25 empleos directos, además de otros 50 indirectos. “Es una desproporción que pone en duda su rentabilidad social y económica”, apuntan desde la asociación. A ello se suma la posible depreciación del valor del suelo agrícola y de las viviendas cercanas, así como el impacto sobre el turismo rural y la movilidad comarcal.
“La macroplanta no traerá desarrollo real, sino molestias, contaminación y pérdida de calidad de vida”, afirman los vecinos. “La transición ecológica no puede construirse a costa del territorio”.
El aviso de la planta de Llutxent
El dilema generado en Llíria ya tiene un precedente en territorio valenciano, es el caso de Llutxent, en la Vall d'Albaida. En esta localidad que no llega a los 2.400 habitantes la planta levantada ha provocado movilizaciones ciudadanas contra lo que consideran un grave deterioro de la calidad de vida y el impacto ambiental directo.
Destacan los olores intensos y persistentes que, según los vecinos, afectan a su salud y les impiden abrir las ventanas. A esto se suma el tráfico desmesurado de camiones pesados (más de 15.000 al año) que atraviesan el núcleo urbano transportando residuos (como lodos de depuradora) desde puntos muy lejanos, lo que ha generado derrames, suciedad y riesgo en la vía pública. Los afectados también denuncian que la planta no procesa residuos de proximidad, sino que convierte la localidad en un vertedero receptor sin aportar beneficios económicos ni generar empleo local.
Las movilizaciones vecinales, lideradas por la plataforma Llutxent Net, se intensificaron significativamente a partir de 2022, coincidiendo con el inicio de las obras de ampliación de la planta de biogás. Las protestas se dispararon y se hicieron más visibles en 2024, particularmente tras el incendio que afectó las instalaciones en el verano de ese año. Estas acciones, que incluyeron manifestaciones masivas, persiguieron la no ampliación y la reubicación de la planta.
Llamamiento a la transparencia y la revisión del proyecto
Volviendo a Llíria La Asociación Ciudadana Camp de Túria y Serranía reclama al Ayuntamiento que suspenda la concesión de la licencia de obra hasta contar con un estudio independiente y un proceso participativo que incluya a todos los municipios afectados. También exige acceso público a los documentos técnicos y ambientales, hoy no disponibles.
Por su parte el consistorio explica que ha contactado con la empresa promotora “que ha mostrado su total disposición a mantener reuniones informativas” con la ciudadanía y asociaciones de los núcleos diseminados y urbanizaciones cercanas a la zona, como La Mont-Ravana, Camp Llíria o Hoya de Marco, entre otras. “El objetivo es que todas las personas interesadas puedan conocer de primera mano el tipo de industria, su funcionamiento y las garantías medioambientales y de seguridad que acompañan al proyecto”, sentencia el consistario.
Frente a esto la plataforma manifiesta que “no estamos en contra de las energías renovables, sino de que se impongan sin transparencia ni planificación científica”. “La sostenibilidad no puede convertirse en un eslogan vacío”, concluyen.