La Generalitat Valenciana y Ribera Salud, empresa que mantendrá hasta 2030 la gestión del área sanitaria de Elche-Crevillente gracias a la prórroga de cinco años aprobada por el ejecutivo del PP, acordaron en octubre de 2023 una actualización del coste del servicio que supondrá un ahorro de 34 millones de euros para la mercantil que, por lo tanto, dejarán de ingresar las arcas públicas.
Así lo refleja la auditoría de los ejercicios 2023 y 2024 que remite la empresa Elche Crevillente Salud SAU, filial de Ribera Salud, a sus accionistas, en la que se vanaglorian de que la revisión de la cápita (la cuantía que les paga la Conselleria de Sanidad por cada paciente atendido), les ha supuesto un importante ahorro, concretamente de 4,1 millones en 2023 y de 30,3 millones en 2024.
El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, dice textualmente que “como consecuencia de información adicional obtenida en el ejercicio 2024, principalmente relacionada con la revisión anual de la cápita provisional, la Sociedad ha modificado la estimación de determinados conceptos de saldos a pagar a la Conselleria de Sanidad, disminuyendo el importe a pagar en 30.369 miles de euros (disminución de 4.157 miles de euros en 2023)”.
Cuando el documento habla de “saldos a pagar a la Conselleria de Sanidad” se refiere a las liquidaciones pendientes de abonar. Al final de cada ejercicio se hace un cálculo entre lo inicialmente abonado por el sector público en concepto de cápita y el coste real de los servicios que ha tenido que asumir la empresa. También se contabiliza en este balance, por ejemplo, los pacientes derivados por la mercantil a hospitales o centros de salud de gestión pública (por ejemplo al hospital general de Elche, 100% público). Normalmente al final es la conselleria la que paga más de lo que le corresponde por lo que esa diferencia es la liquidación que la empresa le tiene que reembolsar. Así pues, de todo ese montante a devolver por parte de Ribera Salud a la Generalitat se ahorrará los mencionados 34 millones.
Al respecto, fuentes de Ribera Salud han confirmado a esta redacción que la actualización del coste de la cápita se abordó en comisión mixta en el mes de octubre de 2023 y que no responde a un criterio arbitrario ni en este caso, ni cuando se ha revisado en anteriores legislaturas. Así, han explicado que la actualización se realiza en función diversas variables como la actualización del gasto sanitario que hacen público de forma periódica tanto el Gobierno central como el autonómico. De hecho afirman que la cápita vigente en estos momentos “todavía es provisional porque los datos definitivos del gasto sanitario aún no están aprobados”.
En la misma línea, desde la Conselleria de Sanidad han destacado a preguntas de esta redacción que mientras que con el Gobierno del Botánico casi no se ejecutaban las liquidaciones anuales, durante el presente ejercicio Ribera Salud ha abonado a la Generalitat 58 millones de euros correspondientes a 23 liquidaciones de todas las concesiones participadas por el Grupo Ribera hasta 2022 (Alzira, Torrevieja, Dénia y Elche-Crevillente): “Esa fue una de las condiciones necesarias para formalizar la prórroga del departamento Ellche-Crevillent, además de mantener indicadores asistenciales por encima de la media”, explican las mismas fuentes.
De esos 58 millones, 34,1 corresponden al departamento de salud Elche-Crevillente entre los años 2010 y 2022, por lo que quedan pendientes las liquidaciones de 2023 que la empresa estima en 77 millones a devolver a la administración y en 21,3 millones en 2024.
Desde Sanidad han insistido en que “las liquidaciones no se negocian, se aplican criterios técnicos y objetivos establecidos en resoluciones judiciales y por la Intervención General de la Generalitat”. Y es que, sobre todo en los años del Botánico, Ribera Salud recurría en los tribunales prácticamente todas las liquidaciones que le reclamaba la conselleria, en un momento en el que gestionaba, además del área de Elche-Crevillente, la de Alzira, la de Dénia y la de Torrevieja. Las diferentes resoluciones judiciales han ido sentando las bases y los criterios de estas liquidaciones. El propio conseller de Sanidad, Marciano Gómez, recordó recientemente que “durante los ocho años del Botánico se resolvieron 26 liquidaciones con las concesionarias, mientras que en los 24 meses de esta legislatura se han resuelto 23”.
Precisamente, la elevada litigiosidad a la hora de realizar las liquidaciones, unido a las deficiencias estructurales de los contratos o la dificultad para implementar mecanismos de control, son algunos de los argumentos esgrimidos en diferentes informes por los técnicos de Sanidad para no prorrogar los contratos de las diferentes concesiones y desmantelar el denominado 'modelo Alzira'.
En base estos documentos, el Gobierno del Botánico de izquierdas recuperó la gestión pública de los hospitales de Alzira y Torrevieja, ambos en manos de Ribera Salud. Además, inició los trámites para hacer lo propio con el de Dénia, también gestionado por Ribera Salud, y el de Manises, por Sanitas. Con el cambio de color político al frente de la Generalitat, el PP de Carlos Mazón finalizó ambos procesos, pero prorrogó cinco años el contrato de Ribera Salud en el hospital del Vinalopó, en Elche, en base a unas supuestas auditorías de calidad y eficiencia que nunca se han hecho públicas.