Ribera Salud y Sanitas pagan a la Generalitat 45,8 millones por derivaciones de pacientes oncológicos pero recurren al juzgado

Un informe de la Sindicatura de Comptes que salió a la luz el pasado mes de diciembre reveló que el Tribunal de Cuentas había abierto una investigación para analizar si podía existir una presunta “responsabilidad contable” en el abono por parte la Conselleria de Sanidad al Instituto Valenciano de Oncología (IVO) de los costes asociados a la atención de pacientes oncológicos asignados a departamentos de salud privatizados, gestionados, por tanto, por Ribera Salud (Alzira, Dénia, Torrevieja y Elche-Crevillente) o por Sanitas (Manises). De todos ellos, solo queda privatizado el de Elche-Crevillente, gestionado por la primera empresa.

Esta situación implicaría que Sanidad habría pagados dos veces por el servicio, en concreto entre los años 2013 y 2023, según la investigación del mencionado Tribunal. Un primer pago al IVO que, pese a ser una fundación privada, se nutre casi en su totalidad de fondos de la Generalitat. Y un segundo pago a estas empresas, en el caso de los pacientes adscritos a las áreas de salud que gestionan, por los que la administración también abona una cuantía anual en concepto de capital. No significa que las empresas renuncien a tratar a estos pacientes, sino que estos, al tener la pasibilidad de elegir, prefieren la opción del IVO, por lo que son derivados.

Tras publicarse el informe, la Conselleria de Sanidad ya advirtió de que se habían reclamado a las concesionarias 45,8 millones de euros por este concepto: 16,6 millones a Ribera Salud y 29,2 millones a Sanitas. A preguntas de elDiario.es sobre la situación en la que se encuentre esta causa, desde la Conselleria de Sanidad han informado de que las concesionarias recurrieron en el juzgado el pago de estas cuantías solicitando como medida cautelar que se les eximiera del pago hasta que se resolviera la procedencia de la reclamación económica.

Sin embargo, las mismas fuentes han explicado que la Justicia rechazó las medidas cautelares por lo que ambas empresas procedieron al pago de los 45,8 millones de euros, quedando el recurso contencioso-administrativo a la espera de resolución.

Al respecto, fuentes de Sanitas han explicado a preguntas de elDiario.es que “en enero de 2026 se abonaron 28,8 millones correspondientes a la reclamación de Conselleria por el IVO de 2012 a 2023 y en mayo 2026 otros 485.000 euros correspondientes al periodo enero a mayo de 2024”.

Desde la empresa han argumentado que “⁠esta reclamación no tiene ningún respaldo dentro del contrato de la concesión sanitaria firmado en 2006” y que “los gastos que la Administración ha cargado y está intentando cargar a la concesionaria nunca han formado parte de las obligaciones asumidas por el contrato”.

Además, han añadido que “durante los años de relación contractual, la Conselleria nunca emitió requerimientos ni advertencias a la concesionaria sobre las supuestas obligaciones pendientes que ahora le reclama sobre el IVO. En este sentido, la Conselleria informó por primera vez de este asunto en octubre de 2024 (18 años después de la firma del contrato)”. Por lo tanto, la mercantil insiste en que “no tiene ningún tipo de relación contractual ni económica con el IVO, ni tampoco ha tomado la decisión de derivar pacientes al IVO”, sino que “es la Conselleria de Sanidad quien autorizó y financió esta asistencia mediante sus propios conciertos y, por lo tanto, la concesionaria no puede ser responsable del pago de unos servicios que ni encargó ni autorizó”.

⁠Por todo ello, Especializada y Primaria l'Horta Manise S.A.U., filial de Sanitas, “presentó ante el TSJ un recurso impugnando la reclamación de los años 2012 a 2023 y acumulará al mismo la del año 2024 los cuales no se contemplan en los acuerdos firmados inicialmente en el contrato de concesión”.

Por su parte, desde Ribera Salud confirmaron tanto la cuantía abonada a Sanidad como la reclamación judicial, pero declinaron hacer valoraciones al respecto.

Tras extender el PP el 'modelo Alzira', el Gobierno del Botánico de izquierdas recuperó la gestión pública de los hospitales de Alzira y Torrevieja, ambos en manos de Ribera Salud. Además, inició los trámites para hacer lo propio con el de Dénia, también gestionado por Ribera Salud, y con el de Manises, por Sanitas. Con el cambio de color político al frente de la Generalitat, el PP de Carlos Mazón finalizó ambos procesos, pero prorrogó cinco años el contrato de Ribera Salud en el hospital del Vinalopó, en Elche, a base a unas supuestas auditorías de calidad y eficiencia que nunca se han hecho públicas.

Entre los muchos problemas que presenta este modelo, tales como deficiencias estructurales de los contratos, dificultad para implementar mecanismos de control o la elevada litigiosidad, destaca también las dificultades para realizar las liquidaciones finales de cada ejercicio, es decir, el balance económico en el que se calcula si la Generalitat debe aportar cuantías adicionales a las empresas gestoras por atenciones extraordinarias y otros gastos imprevistos o si, por el contrario, son las mercantiles las que deben devolver dinero a la administración, entre otros aspectos, por pacientes asignados a las áreas de salud privatizados que finalmente han sido atendidas en centros públicos.