“Toda piedra hace pared pero las cosas son como son y arrogarse méritos ajenos no es de recibo”. José Luis Roberto, presidente del grupúsculo de extrema derecha España 2000, es el abogado de la menor abusada por el exmarido de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra. “Nosotros no queremos laureles”, ha dicho Roberto en un comunicado sobre los reproches cruzados entre la acusación particular y popular (ejercida por la agitadora Cristina Seguí) en el caso que investiga la gestión de Oltra sobre la denuncia de abusos y que ha llevado al juez instructor a solicitar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) que tome declaración a la líder de Compromís en calidad de investigada. Seguí se ha fotografiado con una camiseta con la imagen de la vicepresidenta y la leyenda “Wanted”, imitando el estilo de Mónica Oltra cuando estaba en la oposición.
El trofeo judicial, sin embargo, no es un paseo en barca. José Luis Roberto y Cristina Seguí han mantenido un tenso diálogo en Twitter, algunos de cuyos mensajes han sido borrados. En la conversación Seguí se preguntaba por el destino de los 6.000 euros de indemnización a la menor. Roberto contestó que el dinero fue transferido por el juzgado a la cuenta de la menor. “Todo está documentado, me parece vergonzosa esa pregunta”, escribe el líder de España 2000.
Tras haber sido bloqueado en la red social por Seguí, una cuenta vinculada al partido ultra abunda en la discusión: “Si nos estás acusando de algo, dilo abiertamente”. Y agrega: “Quien destapó todo esto fue José Luis, si no llega a ser por él hoy no habría caso, pero tú intentas arrojarte todo el mérito de forma ruin”. El líder ultra destaca además que su trabajo como letrado de la menor lo ha hecho gratuitamente e “incluso pagando el procurador”.
Además, la acusación particular y la popular se han cruzado reproches sobre sus respectivas estrategias judiciales. “Otros fueron los que denunciaron a la vicepresidenta sin pruebas y fue archivado”, asegura Roberto en un comunicado en referencia a la denuncia inicial de la asociación de Cristina Seguí, cuyo letrado es el penalista Pablo Delgado. “Fue una estrategia procesal distinta y tan buena como cualquiera”, contesta Seguí, quien remacha: “No se equivoquen ustedes de enemigo”.
Finalmente, tras un recurso, la Audiencia Provincial de Valencia ordenó al titular del Juzgado de Instrucción número 15, el magistrado progresista Vicente Ríos, investigar el expediente interno del departamento que dirige Mónica Oltra, encargado de los centros de menores, para supuestamente desacreditar el testimonio de la abusada.
El instructor, tras interrogar como investigados a numeroso cargos de la conselleria, ha solicitado al TSJ-CV que impute a Oltra, una victoria indiscutible para las acusaciones. Sin embargo, no parecen haber digerido amistosamente una ofensiva judicial que ha colocado a los personajes de la enfrentada galaxia ultra en el centro del debate público.
A modo de tercera pata, Vox también se ha sumado en la causa como acusación popular, propiciando que toda el espectro de la extrema derecha esté personado. Así, desde la extrema derecha parlamentaria del partido de Santiago Abascal, pasando por la asociación de Cristina Seguí (cofundadora de Vox pero alejada del partido por disensiones internas), hasta la ultraderecha extraparlamentaria se encuentran pilotando sus respectivas estrategias judiciales.
Además, otro abogado ultra ha aparecido colateralmente en escena. El exfalangista Juan García Sentandreu (del sector disidente de Vox en Valencia) representa a Cristina Seguí en una denuncia interpuesta contra Oltra y contra varios altos cargos de la Generalitat Valenciana por no haberle permitido acceder a una rueda de prensa de la vicepresidenta.
Más allá de las acusaciones personadas en el caso, Mónica Oltra ha contraatacado esta semana en la sesión de control de las Corts Valencianes, exhibiendo una fotografía en la que aparece Cristina Seguí, el expresidente Francisco Camps y Alberto de Rosa, directivo de la multinacional de la sanidad privada que ofreció trabajo a la menor. Camps, por su parte, trabaja en el despacho de Pablo Delgado, el penalista que representa a la asociación de Seguí y al propio expresidente de la Generalitat Valenciana en las causas por presunta corrupción que le quedan pendientes. Por su parte, Alberto de Rosa es hermano de un exconseler de Camps y exportavoz del Consejo General del Poder Judicial Fernando de Rosa, y de la presidenta del Ateneo Mercantil de Valencia, Carmen de Rosa, que acogió un acto en el que, según Oltra, se hizo “una grosera exhibición” de la víctima de abusos.
La dirigente de Compromís, sosteniendo desde su escaño la fotografía del encuentro entre Seguí, Camps y De Rosa en la estación de Atocha de Madrid, deslizó que “en toda cacería política hay que seguir el rastro del dinero”.