Antifraude vuelve a pedir al Ayuntamiento de València que refuerce el control en la contratación pública tras detectar irregularidades

La Agencia Valenciana Antifraude vuelve a reclamar al Ayuntamiento de València que ponga en marcha mecanismos de vigilancia en los contratos públicos. Tras detectar una serie de irregularidades en un contrato de suministro para los Bomberos de València, el organismo emite una batería de recomendaciones al gobierno de María José Catalá, que en tres años no ha puesto en marcha el plan ético que tiene aprobado desde el pasado mandato. La primera, poner en marcha el Comité Ético y la Comisión Antifraude, que llevan años sobre el papel sin haberse activado.

Antifraude ha emitido una resolución en la que constata que se hicieron unos pliegos a medida para una empresa, Aprolis Iberia, que tuvo información privilegiada y mintió en las declaraciones de conflicto de interés. Como ha informado elDiario.es, se trata de un contrato de 153.430 euros para suministrar tablets y sistemas embarcados para los vehículos de emergencia de los bomberos, un precio que se hinchó en cerca de 15.000 euros. La agencia ha constatado que hubo información privilegiada en la firma, que fue la única que se presentó al concurso, y apunta a un pacto de precios entre los fabricantes. El Ayuntamiento defiende que la denuncia se archivó en Fiscalía -aunque Antifraude investiga la parte administrativa- y que el departamento de Bomberos que dirige Juan Carlos Caballero ha proporcionado toda la información a la agencia.

La Fiscalía archivó la denuncia en 2024, pero el organismo encabezado por Eduardo Beut puede investigar irregularidades administrativas que no sean un delito para encontrar responsabilidades al margen de las penales, como es el caso. En este expediente, Antifraude señala que fallaron los controles del Ayuntamiento: la empresa mintió en unas declaraciones y no consta que se comprobara.

Del análisis de las comunicaciones aportadas, “se desprende una relación previa entre la mercantil adjudicataria y el Ayuntamiento de València. Sin embargo, en el DEUC presentado por la empresa licitadora consta que esta no ha asesorado ni ha intervenido de otra manera en la preparación del procedimiento de contratación”. Esto puede dar lugar a un conflicto de interés, señala Antifraude, dado que el licitador tiene documentación adicional previa. En el proceso se dan varios casos que los órganos de fiscalización consideran “prácticas potencialmente fraudulentas” o “banderas rojas” en la contratación pública.

Antifraude concluye que las especificaciones técnicas del sistema contratado con una propuesta comercial que la empresa que después ganó, Aprolis Iberia, había enviado al Ayuntamiento antes de la licitación. La misma empresa negó haber participado en la redacción y firmó una declaración de ausencia de conflicto de intereses. El órgano considera que el fabricante y la empresa que ganó el concurso pactaron un precio para el Ayuntamiento y que tenían información privilegiada. Las especificaciones técnicas del contrato coinciden con una propuesta comercial que envió seis meses antes la empresa que ganó el concurso. En los informes, el Ayuntamiento no explica por qué se dan esas limitaciones tan concretas.

La agencia recomienda al Ayuntamiento que ponga en marcha el Comité Ético de contratación y el plan Antifraude. Asímismo, recomienda la elaboración y remisión de un informe técnico de evaluación y seguimiento que detalle de forma pormenorizada las medidas correctoras adoptadas para subsanar las disfunciones organizativas detectadas en este expediente, “el análisis de los incumplimientos concretos del Plan de Medidas Antifraude que propiciaron la irregularidad” y “el cronograma de implantación de las herramientas tecnológicas de control preventivo recomendadas”. El ente que dirige Beút se muestra mucho más contundente en este escrito, que llega poco después de una resolución sobre el concejal de contratación, José Marí Olano. En ella, como informó elDiario.es, Antifraude ve “una debilidad en el sistema de autoprotección” del consistorio, “al evidenciarse que los mecanismos de la DACI no operaron con la eficacia preventiva requerida”.

El organismo también plantea una cuestión que parece de sentido común: que el Ayuntamiento vigile los procesos y consulte bases de datos para prevenir conflictos de intereses. En concreto, pide: “Se debería valorar la exigencia de una DACI específica desde el inicio del expediente para todo el personal que intervenga en la preparación, redacción, validación o evaluación de expedientes de contratación. El formulario incluirá una manifestación expresa que no haber mantenido contactos bilaterales con operadores económicos ni haber recibido fichas técnicas orientativas”.

Como los dispositivos ya fueron entregados, Antifraude sugiere que se anule el contrato y solo se abone a la empresa el coste de las herramientas, para que no obtenga beneficio económico.

“Tú le pasas información al Ayuntamiento de lo que tiene que sacar”

La concejalía de Bomberos que dirige Juan Carlos Caballero sacó a licitación un contrato para dotar de un sistema informático y soportes a los efectivos de emergencias. En la memoria, el departamento de Bomberos apunta que “se considera necesario equipar inicialmente los 20 vehículos de primera intervención con un sistema embarcado que integre toda la información relevante para la resolución del servicio y garantice una navegación y comunicación instantánea con el resto de agencias involucradas (POLO, CICU, CNP…) durante todo el incidente de emergencia, desde la alarma hasta la finalización de la emergencia”. La concejalía trasladó el expediente al Servicio de Contratación a finales de 2023, que se hizo cargo del proceso.

Antifraude cuenta con una cadena de correos entre Alfaland (actualmente Apolis Iberia, quien ganó el concurso) y Zebra Technologies cerrando un precio para presentar la oferta antes de que saliera el concurso. Se ha aportado al expediente la grabación de una conversación telefónica en el que responsables de Alfaland hablan de “hacer la consultoría” a los bomberos: “Tú le pasas la información al Ayuntamiento o a los bomberos de lo que tienen que sacar” o “ya estamos hablando con el fabricante que va a proporcionar el hardware (...) tenemos el precio protegido”. También se han analizado comunicaciones con trabajadores responsables de adaptar los vehículos y la empresa licitadora, que señalan: “Inflaremos ligeramente el precio (...) podremos ofertar el mejor precio” y se adjuntan los detalles técnicos a tener en cuenta, antes de que salga la licitación. El informe del Ayuntamiento con las prescripciones técnicas no se realiza hasta 7 meses después. “Antes de publicarse la licitación, ya son conocedores de lo que necesita el Ayuntamiento de València”, señala Antifraude, que también constata que se informa de cuándo van a salir los pliegos.

“Resulta acreditado que un funcionario ha mantenido conversaciones con la empresa que resultará posteriormente adjudicataria” desde el año 2022, señala Antifraude, que apunta a un inspector jefe de bomberos en los mails, aunque no le atribuye irregularidades, sino solo el contacto con varias empresas. De ahí se desprenden unas consultas previas de mercado que no se comunicaron. Las consultas pueden ser habituales en procesos de contratación, para tener una idea del coste, pero han de constar en los expedientes y deben documentarse. El Ayuntamiento sí reflejó contactos con una decena de mercantiles, incluida la que ganó, pero la empresa las negó formalmente en las declaraciones remitidas al Ayuntamiento. He ahí uno de los grandes fallos en el sistema.