La traca que se quería que fuera el final pero no lo va a ser

La obsesión con poner fin a esta legislatura y la convocatoria inmediata de elecciones ha tenido múltiples formas de manifestación en este mes de junio.

En las Cortes Generales hemos visto como el Senado ha seguido con su voluntad de ocupar el lugar del Congreso de los Diputados en lo que al control de la acción de Gobierno se refiere. A pesar de que el artículo 108 de la Constitución dispone de manera taxativa que: “El Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso de los Diputados”, sin contemplar en ningún otro artículo que el Senado pueda jugar papel alguno en ese ámbito, la mesa del Senado se ha empeñado en constituir comisiones de investigación (más en esta legislatura que en todas las anteriores juntas), con la finalidad de controlar la acción del Gobierno. 

El Gobierno podría haber acudido al Tribunal Constitucional e impugnar esa forma de proceder, aunque ha preferido, con buen criterio, no hacerlo, ya que el Tribunal Constitucional tiene una sobrecarga de trabajo tremenda y no es razonable echarle todavía más. El ataque que habría recibido de los medios de comunicación de las derechas española hubiera sido terrible y no está el horno para más bollos.

Pero más llamativo que la constitución de comisiones de investigación ha sido, en estos últimos días, la pretensión, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, de generar ruido en torno a la disolución de las Cortes, saltando del Congreso de los Diputados al Senado y del Senado al Congreso de los Diputados.

Se ha intentado inicialmente presentar por parte de los grupos parlamentarios de PP y Junts una reforma a una moción de cada uno de dichos grupos con la finalidad de que en el Congreso de los Diputados se debatiera y votara la petición al Gobierno de que procediera ya a la disolución de las Cortes Generales. La Mesa del Congreso no aceptó la petición por considerarla no constitucional. El PP ha reaccionado de dos maneras, llevando la petición al Senado e interponiendo un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Le ha servido también para que Alberto Núñez Feijóo haya calificado de “cobarde” al presidente del Gobierno en el pleno del Congreso, sin avergonzarse de que es el que no tiene los arrestos que hay que tener para presentar una moción de censura constructiva, que es la fórmula que la Constitución ha puesto a su disposición.

Ahora está en marcha una petición al Gobierno para que presente una cuestión de confianza, prerrogativa que es de competencia exclusiva y excluyente del presidente del Gobierno. Si la Mesa del Congreso no admite la presentación de esa petición, veremos como se presenta a continuación por parte del Senado.

Pero el juego de trileros constitucionales en el Congreso de los Diputados y en el Senado no es nada si se lo compara con el que se está poniendo en circulación por determinados jueces y tribunales integrados en el Poder Judicial. Pareciera que, para algunos jueces y tribunales, se acaba el mundo si las Cortes Generales siguen operando en lo que queda de legislatura.

Cuesta pensar que el poder judicial pueda tener una agenda política propia. Y no digo que la tenga, pero sí me llama la atención que varios jueces de manera individual y varios órganos colegiados “parecen” tenerla. 

No se entiende de otra manera el ataque desaforado a la figura del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la Audiencia Nacional. Su imputación por un delito de tráfico de influencias en la operación Plus Ultra haciendo uso de información obtenida en los Estados Unidos sin control judicial es tan escandalosa que, hasta el propio juez instructor está empezando a recoger velas y no va a dejar de hacerlo en las próximas semanas por la cuenta que le trae. 

Justamente por eso ha decidido, para desviar la atención, pasar de la imputación por tráfico de influencias a la imputación por contrabando por haber encontrado la Policía en el registro del despacho de José Luis Rodríguez unas joyas en una caja fuerte.

Se ve que el juez José Luis Calama es de gatillo fácil, porque no se puede entender como de la mera tenencia de unas joyas en una caja fuerte, se pueda deducir que se ha cometido un delito. Las cajas fuertes se fabrican y venden precisamente para que las personas físicas o jurídicas puedan poner a salvo objetos de valor entre los que destacan las joyas. 

Tener joyas en una caja fuerte no es constitutivo de delito. En nuestro Código Civil, como en todos, se presume que la posesión de cualquier objeto, también de las joyas, es de buena fe y que nadie que está en posesión de algo tenga que acreditar el título de propiedad de ese algo. 

No se puede dictar un auto de imputación por el mero hallazgo de las joyas, sin haber investigado previamente si el origen de las mismas puede ser delictivo. No se puede anteponer la presunción de culpabilidad a la presunción de inocencia. 

Aunque inicialmente ha sido mucho el ruido que se ha generado en torno a José Luis Rodríguez, las imputaciones de las que ha sido objeto van a tener poco recorrido. 

Tal vez la convicción de que va a ser así es lo que ha conducido a algunos jueces a dar el do de pecho en esta segunda mitad del mes de junio para proceder contra la mujer del presidente del Gobierno. La medida cautelar adoptada este sábado por el juez Peinado contra Begoña Gómez es absurda, pero entra en ese terreno del que pueda hacer que haga, que preside la estrategia de las derechas españolas en todos los ámbitos.

Contra el auto en que está incluida esa medida cautelar no cabe recurso, pero contra la medida cautelar sí, con lo que el juez Peinado únicamente va a conseguir que se retrase todavía algo más la apertura del juicio ante el tribunal del jurado, que todavía está por ver como se produce, ya que no será el juez Peinado quien tendrá que presidir dicho tribunal. 

A pesar de que ladran mucho, el Gobierno sigue cabalgando. Yo le pediría a Pedro Sánchez que no especule en ningún momento con un posible adelanto electoral.