La “prioridad nacional” de PP y Vox golpea la cooperación al desarrollo autonómica: “No es un recorte, es una desaparición”
La “prioridad nacional” de PP y Vox ha empezado a golpear las políticas de cooperación al desarrollo. Los acuerdos autonómicos entre ambas formaciones en Extremadura, Andalucía y Castilla y León allanan el camino hacia la reducción de las partidas destinadas a ayuda exterior y, en algunos casos, se han traducido en anuncios de drásticos recortes. El Gobierno extremeño, por ejemplo, ha limitado a un 0,03% del presupuesto, mientras que el de Castilla y León ha anunciado este lunes que limitará “al mínimo exigido por ley” su dotación.
“No sé si podemos hablar de recorte. Han eliminado totalmente el presupuesto de la Ley extremeña de cooperación y solidaridad internacional. Tenemos que hablar de la desaparición de la cooperación”, denuncian desde la Coordinadora Extremeña de ONGD (CONGDEX) en una conversación con elDiario.es.
Fuentes de la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de Extremadura defienden su decisión. Según explican a elDiario.es, el consenso previo en torno a la cooperación “no puede presentarse como un mandato inmutable”. Según detallan, Vox concurrió a las elecciones autonómicas con un programa que incluía la eliminación del “gasto público e ideológico” en cooperación internacional. “El 17% de los extremeños respaldó esa propuesta en las urnas”, señalan desde la Consejería, que defiende una “reordenación de prioridades” para dirigir los recursos públicos a servicios sociales, familias, menores y extremeños en situación de mayor vulnerabilidad.
Este lunes, el nuevo gobierno de coalición PP-Vox de Castilla y León ha confirmado su intención de aprobar un duro golpe a la cooperación autonómica. La Conserjería de Ayudas Sociales, dirigida por el partido de extrema derecha, ha anunciado que dejará la cooperación internacional al desarrollo en “el mínimo legal exigido” y orientará la prioridad de estos fondos hacia aquellos países que “colaboren” con Castilla y León “en la repatriación y retorno de menores en situación irregular”. Sin embargo, los Gobiernos regionales no tienen competencia en materia de repatriación de inmigrantes.
En Andalucía, el acuerdo de gobierno menciona expresamente las ayudas destinadas a cooperación internacional dentro de las subvenciones que se pretenden reducir progresivamente “hasta su eliminación” si no contribuyen de forma directa a la calidad de vida de los andaluces. La presidenta de la Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD), Patricia Sánchez sostiene que la medida 144 del pacto PP-Vox supone “un ataque directo” porque no plantea evaluar ni mejorar la cooperación, sino avanzar en su eliminación.
La ofensiva no se limita a Andalucía y Extremadura. En Aragón, el presupuesto autonómico de cooperación ha caído casi un 77% desde 2024, hasta 1,44 millones de euros, apenas el 0,02% del presupuesto regional y su nivel más bajo en 25 años. Además, el Ejecutivo también ha ordenado la retirada de unos 30.000 euros anuales a la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, con 18 años de trayectoria. La Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) considera que la decisión “pone freno a la solidaridad” y vulnera los derechos humanos.
‘Prioridad nacional’
Los acuerdos entre ambos partidos políticos están atravesados por el concepto de la ‘prioridad nacional’. Remedios Tierno, presidenta de Amnistía Internacional en Extremadura, considera que las medidas defendidas en torno a ella pueden constituir una violación de derechos humanos y de obligaciones internacionales del Estado. En concreto, Remedios señala tres riesgos: “La discriminación directa o indirecta en el acceso a derechos; la adopción de medidas regresivas en derechos económicos, sociales y culturales; y la vulneración del interés superior del menor, especialmente en el caso de la infancia migrante no acompañada”.
“Las palabras son importantes”, advierte Remedios. A su juicio, normalizar conceptos como ‘prioridad nacional’ en lugar de priorizar el incremento de recursos para derechos sociales de todas las personas ahonda en la estigmatización de la población vulnerable y contribuye a incrementar el racismo y la xenofobia.
Por su parte, la Consejería extremeña defiende que la cooperación internacional y la acción exterior deben corresponder “principalmente al Estado, no a las comunidades autónomas”. Según apuntan, los gobiernos autonómicos deben centrar sus presupuestos en las competencias que tienen atribuidas y en las necesidades directas de sus ciudadanos. Según la Consejería, bajo el “paraguas genérico de los derechos humanos” se financien, según su criterio, programas de contenido ideológico que no aportan un beneficio “real ni medible” más allá del sostenimiento de determinadas organizaciones.
Extremadura: una agencia sin política
En Extremadura el golpe ha sido especialmente abrupto. Desde la Coordinadora Extremeña aseguran que no se trata de una reducción gradual, sino de un “desmantelamiento” de la política pública de cooperación. Según alertan, el dinero que permanece en los presupuestos no alcanza para sostener convocatorias ni programas, sino apenas para mantener una mínima estructura administrativa.
La CONGDEX advertía que el recorte afectaría a programas de salud, educación, protección de la infancia y ayuda humanitaria en contextos de vulnerabilidad extrema. La Consejería, sin embargo, niega que la mayor parte de los fondos estuvieran destinados exclusivamente a esos sectores. “Muchas partidas financiaban proyectos de claro componente ideológico”, afirman. Desde esa premisa, el Gobierno autonómico sostiene que tiene el deber de revisar ese gasto y destinar los recursos a “las necesidades reales de Extremadura”.
La falta de interlocución es otra de las principales quejas del sector de las ONG. La Coordinadora extremeña explica que ha mantenido reuniones con grupos parlamentarios, incluido el PP, pero que no ha logrado reunirse con el Gobierno autonómico ni con la presidenta María Guardiola, pese a haberlo solicitado “por activa y por pasiva”. La entidad reclama conocer el plan de trabajo y qué ocurrirá con la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID). La directora de esta agencia, Isabel Belloso, presentó su dimisión tras conocer la reducción del presupuesto de 11 a 2 millones de euros llevando a la integración de la AEXCID en una estructura más reducida dentro de la Junta.
Por su parte, la Junta asegura en conversaciones con elDiario.es que la Agencia Extremeña de Cooperación seguirá existiendo, aunque “dentro de una estructura administrativa más ajustada y coherente con las prioridades del Gobierno”. Lo que no continuará, según la Consejería, es “un modelo sobredimensionado, con convocatorias mantenidas por inercia y orientadas en muchos casos a financiar proyectos ideológicos”.
Andalucía: de 47 a 20 millones para cooperación
En Andalucía, la preocupación se concentra en la medida 144 del acuerdo entre PP y Vox. La CAONGD denuncia que el pacto señala específicamente a las ayudas de cooperación internacional al desarrollo para reducirlas progresivamente hasta su eliminación si no se considera que contribuyen de forma directa a la calidad de vida de los andaluces. Para la Coordinadora, esa formulación instala una falsa disyuntiva, “como si la justicia social dentro de Andalucía compitiera con la solidaridad internacional”.
La cooperación andaluza, recuerdan las organizaciones, no es una actividad accesoria. Está recogida en el Estatuto de Autonomía, en la Ley Andaluza de Cooperación, en planes directores y en una arquitectura institucional construida durante décadas, incluida la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Tras la composición y el anuncio por parte de Juanma Moreno del nuevo Gobierno de Andalucía, queda pendiente por concretar el nivel de viceconsejerías y secretarías generales. Una decisión que sí podría afectar al futuro de la propia Agencia Andaluza.
Aun así, el futuro no es prometedor ya que los datos muestran un retroceso sostenido. Andalucía pasó de invertir 47,33 millones de euros en Ayuda Oficial al Desarrollo en 2018 a 20,5 millones en 2025, apenas un 0,04% del presupuesto autonómico, según la CAONGD. La directora de la Coordinadora subraya que esa caída se ha producido mientras el presupuesto general de la Junta crecía año tras año, lo que descarta, a su juicio, que el problema sea la falta de recursos: “No hablamos de una imposibilidad económica, sino de prioridades”, sostiene.
El contexto estatal tampoco ayuda. Según el informe de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo sobre cooperación autonómica, la media de los presupuestos destinados por las comunidades autónomas a la cooperación en 2025 se situó en el 0,12%, equivalente a 8,5 euros por habitante al año y muy lejos del 0,7% comprometido. Aunque 2025 fue el año con mayor presupuesto autonómico global destinado a cooperación (334,4 millones frente a los 325,7 millones en 2024), el crecimiento fue desigual. En el ámbito local, el 75% de los ayuntamientos y diputaciones analizados destinaban en 2024 menos del 0,7% a Ayuda Oficial al Desarrollo.
Proyectos a medio hacer
El impacto de estos recortes no se mide solo en partidas presupuestarias. Rafael Cantero, presidente de CIC Batá, una organización con sede en Córdoba, pero con impacto nacional e internacional, explica que la reducción de fondos de cooperación de la Junta de Andalucía ha dejado paralizados compromisos con organizaciones de Mozambique, Bolivia y otros países.
La cooperación, explica Cantero, no funciona como una intervención puntual que empieza y termina en varios meses. “Los proyectos se planifican durante años, se construyen con organizaciones locales y dependen de relaciones de confianza. Cuando la financiación se corta de golpe, se reduce el impacto de procesos ya iniciado y se quiebran compromisos con organizaciones que contaban con nuestra ayuda”, insiste el presidente de CIC Batá.
Cantero también advierte sobre la pérdida de calidad de la cooperación. “Andalucía tiene una agencia técnicamente preparada, con personal formado y capacidad institucional, pero cada vez con menos fondos. La paradoja es tener una estructura pública especializada mientras se debilita la política que esta estructura debe ejecutar”, insiste.
El rol de la cooperación autonómica
La cooperación descentralizada es una de las señas de identidad del modelo español de ayuda al desarrollo. Las comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones han sostenido durante años proyectos que, en muchos casos, llegan donde la cooperación estatal no llega. En Extremadura, las organizaciones recuerdan que la comunidad también fue históricamente receptora de ayudas europeas y de solidaridad interterritorial.
El informe del Sector de las ONGD 2025 de la Coordinadora muestra la dimensión del trabajo. En 2025, las organizaciones estuvieron presentes en 100 países y desarrollaron 4.322 proyectos que contribuyeron a mejorar las condiciones de vida de casi 59 millones de personas. El documento también recuerda que las organizaciones no solo trabajan fuera de España, sino también en educación para la transformación y justicia global dentro del país.