Radiografía de la regularización: quiénes la han pedido, dónde viven y en qué oficios empiezan a darse de alta

Acababa de anochecer en Madrid, apenas habían pasado cinco días de la puesta en marcha de la regularización extraordinaria, cuando Brayan preguntó quién era el último de la fila. Una larga hilera de un centenar de personas rodeaba uno de los edificios de servicios sociales municipales de la capital, en una imagen que se repetía en distintos puntos de la ciudad y del resto de España. Como muchos entonces, el joven pasó la noche a la intemperie para conseguir, ya al mediodía del día siguiente, uno de los documentos necesarios para presentar su petición.

Más de dos meses después, Brayan ha recibido lo que tanto esperaba: “Ya tengo número de NIE. Me llegó el permiso de trabajo. Y ya tengo el número de la Seguridad Social”. El joven paisa, de 25 años, atesora el tridente que aguardan quienes los solicitantes han pedido la regularización empezar una vida en España fuera de la clandestinidad. Su caso representa el perfil mayoritario que está detrás de los casi 1,2 millones de expedientes, según el balance anunciado por el Ministerio de Migraciones este jueves.

Hombre, colombiano, de entre 25 y 34 años, que vivía en España de manera irregular desde la expiración de su visado de turista. Un joven, en edad de trabajar, pero que no ha podido hacerlo dado de alta en la Seguridad Social por su situación irregular. Y que ha pedido la regularización en la provincia de Madrid a través de un abogado privado, pero que se ha apoyado en las organizaciones colaboradoras para reunir la documentación necesaria para montar el expediente.

Los datos oficiales concluyen que la mayoría de solicitudes de la regularización extraordinaria provienen de hombres, un 57%. Las mujeres, por su parte, representan el 43% del total de las peticiones. La diferencia por género, sin embargo, es menor entre las peticiones realizadas por demandantes de protección internacional que en las de las personas que se encuentran en situación irregular y debían justificar vínculos laborales, familiares o una situación de vulnerabilidad, según el balance de Inclusión. En el caso de los menores de edad y en la franja de 45 a 54 años “la distribución es paritaria, sin diferencias por tipo de autorización”, añade el documento.

Por edad, el 81% de los demandantes tienen menos de 45 años. Y seis de cada diez tienen, como Brayan, menos de 34 años. El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Álvarez, ha resaltado la importancia de la concentración de las personas regularizadas en esa franja de edad debido al efecto positivo que puede tener la concesión de sus permisos de residencia en el mercado laboral, en un momento en que la extrema derecha y el PP ponen el acento en el supuesto impacto que el proceso extraordinario en los servicios públicos.

Más de un 11% son menores de 15 años

Una vez tramitadas todas las solicitudes, puede sacar de la irregularidad a más de 130.000 menores de 15 años, pues ese tramo de edad (de 0 a 14) representa un 11,1% de las peticiones, según el balance provisional presentado este jueves. Uno de esos niños regularizados será la bebé de Valeria. La mujer, de origen ecuatoriano, vivía de manera irregular desde hace dos años. Su pequeña, que no llega al año, nació en España pero tampoco tiene papeles. “Llevaba soñando varios días con esta cita. He tenido pesadillas pensando que no llegaba, que la perdía”, decía entre risas a las puertas de Correos el día que registró su expediente, que incluía la petición automática de su hija.

También podrá beneficiar a la niña de Nora, una mujer peruana que hasta ahora trabaja como empleada doméstica por horas en una casa a las afueras de Madrid. Su precariedad ligada a la irregularidad, cuenta, la llevó a vivir en albergues para personas sin hogar, por lo que los servicios sociales la empujaron a ceder parte de la tutela de su hija mientras no encontraba un lugar digno donde vivir. Tiempo después, con un empleo temporal, pudo empezar a pagar una habitación para ambas. La posible concesión de la regularización, cuenta, le podría dar la estabilidad que necesita para cuidar a la pequeña y a sí misma.

¿De dónde vienen?

La mayoría de las solicitudes, un 67%, corresponde a ciudadanos latinoamericanos. Una nacionalidad destaca sobre todas las demás: la colombiana, con casi el 26% de peticiones. A continuación, la marroquí se coloca como la única nacionalidad norteafricana cuyas solicitudes superan el 10% (con un 13,4%). De Venezuela procede un 11,7% de las peticiones; y de Perú, el 8,8%, según los datos oficiales.

Les sigue Honduras (4,8%), Paraguay (3,8%) y Argelia (3,4%). Senegal, con solo un 2,9% de los expedientes, es el único país subsahariano que aparece en el listado de las diez nacionalidades más presentes en el proceso extraordinario. Por último, destacan Pakistán (2,5%) y Argentina (2,3), entre otras procedencias que conforman el 20% restante de las demandas de regularización.

¿Dónde trabajan los que ya tienen permiso?

Algunas cifras empiezan a dar cuenta del previsible efecto positivo de la regularización en las contizaciones a la Seguridad Social. Según los datos oficiales, de las 608.000 personas cuya petición ha sido admitida a trámite, 159.097 ya se encuentran dadas de alta en la Seguridad Social. Ese dato, sin embargo, no significa per se que esos cuidadanos se han afiliado debido al procedimiento extraordinario, porque entre ellos se encuentran solicitantes de protección internacional que podrían estar ya cotizando con anterioridad (pero con otro tipo de autorización). El Ministerio no ha aclarado por el momento el número de nuevas altas que han sido posibles exclusivamente por el procedimiento extraordinario, pues sus equipos matizan que se trata de un balance preliminar y aún se encuentran cruzando los datos para hacer una fotografía más detallada de su impacto en el mercado laboral.

El 83,4% de las personas regularizadas que están dadas de alta se encuadran en el Régimen General, en el que el contrato indefinido es la modalidad que predomina entre las afiliaciones de quienes han recibido el permiso de residencia provisional por la regularización. Por tipo de actividad, los setores que concentran el mayor número de altas son: Hostelería (38.776), Comercio (20.195), Actividades Administrativas (19.327) y Construcción (18.310).

Estos datos no hablan de dónde trabajaban las personas en situación irregular o los silicitantes de asilo antes de ser admitida su petición, sino de dónde se han dando de alta tras recibir el permiso provisional ligado a la regularización.

¿Dónde están?

La distribución territorial de las solicitudes refleja una fuerte concentración en los grandes polos de atracción migratoria. Cataluña encabeza el proceso con 257.602 peticiones registradas, seguida por la Comunidad de Madrid, con 202.424, y la Comunitat Valenciana, con 167.286. Muy cerca se sitúa Andalucía, que acumula 161.557 solicitudes. Estas cuatro comunidades concentran por sí solas más de la mitad de todas las demandas de regularización, en línea con su peso demográfico y su papel como principales destinos laborales.

En Andalucía, más allá del volumen global, sobresalen provincias como Huelva y Cádiz, donde el proceso ha recaído en mayor medida en las organizaciones sociales, que han canalizado una parte significativa de las solicitudes, según matizó la secretaría de Estado de Migraciones. Ese peso destacado de las entidades colaboradoras desliza la existencia de situaciones de mayor vulnerabilidad y menor acceso a otras vías de tramitación, en lugares con una fuerte presencia de temporeros agrícolas sin papeles.

A cierta distancia aparecen otros territorios con cifras también significativas, aunque más moderadas. Castilla-La Mancha supera las 52.000 solicitudes, mientras que Euskadi roza las 50.000 y la Región de Murcia se sitúa en torno a las 45.000. Castilla y León (casi 40.000) y Galicia (38.747) completan el siguiente bloque, seguidas de Canarias y Baleares, ambas por encima de las 30.000 peticiones.

En el extremo inferior se encuentran comunidades como Navarra, Asturias o Extremadura, con volúmenes mucho menores, y los casos de Ceuta y Melilla, donde el proceso ha tenido un alcance muy limitado. En conjunto, el mapa dibuja una regularización claramente urbana y ligada a los grandes mercados de trabajo, pero con presencia en todo el territorio.

Cómo y por qué la han solicitado

Del total de solicitudes recibidas, el 79,6% corresponde a migrantes en situación irregular que llevan más de cinco meses de residencia continuada en España, que podían justificar su arraigo a través de vínculos laborales, familiares o a través de la demostración de su situación de vulnerabilidad. Por su parte, el 20,4% restante representa a solicitantes de protección internacional, que se han acogido a la vía creada específicamente para ellos, que permite el paso del régimen de estancia por asilo a la obtención de un permiso temporal de residencia y trabajo en caso de haber llegado antes del 1 de enero de 2026 y carecer de antecedentes penales.

Según sus datos, el 58% de las solicitudes telemáticas fueron presentadas por abogados, seguidas por funcionarios habilitados (16,8%), gestores administrativos (8,4%), las propias personas interesadas mediante certificado digital (7,3%), las entidades colaboradoras (5,1%) y graduados sociales (3,6%).

Aunque no destaque su represenación en el balance oficial, que por ahora solo incluye la labor de subir el expediente a la plataforma habitual para los trámites de extranjería, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela incidió durante la presentación de los datos en el peso que han tenido las organizaciones colaboradoras en la preparación de los expedientes, el acompañamiento de muchos demandantes en cada trámite, especialmente en la emisión de los certificados de vulnerabilidad, el informe que generó un cuello de botella durante las primeras semanas de la entrada en vigor de la medida. Un total de 495 entidades del Tercer Sector y organizaciones sindicales han apoyado durante todo el proceso en labores de asesoramiento, acompañamiento y orientación a quienes se han acogido a la medida extraordinaria.

El camino de Brayan hacia la regularización también está marcado por esa aportación menos visible de las organizaciones sociales colaboradoras, que se han deslomado para sacar adelante el procedimiento sin contraprestación económica específica para este fin. El colombiano, tras guardar fila toda la madrugada en aquellos primeros días de plazo, había salido de la oficina municipal con el alivio de haber cumplido su objetivo. Pero los días pasaban y el Ayuntamiento no daba noticias sobre su informe de vulnerabilidad por el que había pasado la noche en vela.

La impotencia llevó al joven a probar suerte en Altius, una de las ONG registradas para apoyar a los solicitantes. “Ese mismo día ya tenía una cita y el certificado”, contó entonces a elDiario.es. Sin esperas, colas ni madrugadas a la intemperie. La organización no subió su expediente, pero su rápida intervención hizo posible que hoy Brayan haya empezado a buscar trabajo como un ciudadano más.