Un tribunal da la razón a una ONG contra el decreto migratorio del Gobierno italiano

Roma, 13 feb (EFE).- Un tribunal civil de Catania (Sicilia, sur de Italia) dio este lunes la razón a las ONG de rescate en el Mediterráneo Central por considerar que el Gobierno italiano incurrió en una ilegalidad el pasado noviembre, al escoger a los migrantes que pudieron desembarcar y retener a otros alegando criterios médicos.

La demanda fue presentada por 35 solicitantes de asilo rescatados por el barco Humanity 1, de la ONG alemana SOS Humanity, una de las afectadas por un decreto que retuvo a varios navíos humanitarios entre el 4 y el 8 de noviembre de 2022, hasta que finalmente la norma se levantó entre dudas sobre su legalidad.

“Si el asunto en litigio no hubiera cesado el recurso habría sido aceptado con la consiguiente condena de los ministerios”, se indica en la sentencia del tribunal, recogida por medios de comunicación.

Como protesta contra la norma, que obligaba a realizar un examen médico a todos los pasajeros a bordo de los navíos de rescate y solo permitía el descenso a los que sufrieran de emergencias médicas, los migrantes de la embarcación Humanity 1 iniciaron una huelga de hambre hasta que pudieron salir a tierra tres días después.

Lo mismo sucedió con el barco del Geo Barents, de la ONG Médicos Sin Fronteras, que llevaba 572 migrantes a bordo y que también recurrió el decreto ante la Justicia.

Otro barco, el Ocean Viking, de la ONG francesa SOS Mediterránee, pidió permiso para atracar en Francia con 234 migrantes después de ser rechazado por las autoridades portuarias italianas, lo que desencadenó un conflicto diplomático.

El Ministerio de Interior, liderado por Matteo Piantedosi, ha indicado a EFE que “el Gobierno no comenta las sentencias judiciales”, mientras que la responsable de incidencia política de SOS Humanity ha asegurado que la sentencia “subraya que el nuevo Gobierno italiano está obligado a respetar el derecho internacional”.

Tras suprimir esta norma, a inicios de este año, el Ejecutivo liderado por la ultraderechista Giorgia Meloni aprobó un nuevo decreto que incluye dos puntos que modifican sustancialmente las actividades de salvamento: la obligación de pedir el desembarco inmediatamente después de un rescate y la asignación, por parte de Italia, de puertos lejanos.

Las ONG de rescate humanitario han pedido a los parlamentarios italianos que se opongan a la norma, que esta semana inicia su tramitación parlamentaria, mientras que el Consejo de Europa pidió al Gobierno que la modifique para cumplir con el Derecho Internacional, ya que podía privarles de una “asistencia vital”.