El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha enfriado las expectativas de Unidas Podemos respecto a la futura ley de vivienda que está elaborando su departamento y de la que será coproponente la vicepresidencia de Derechos Sociales que dirige Pablo Iglesias. Ábalos ha rechazado la propuesta de su socio minoritario de que los grandes tenedores dediquen el 30% de sus propiedades a alquiler social. “No podemos hacer que una política publica descanse sobre las espaldas de los particulares”, ha expresado el secretario de Organización del PSOE en una rueda de prensa tras la reunión de la dirección de Pedro Sánchez.
Ábalos mantiene congelada la negociación con su socio minoritario a la espera de culminar el proyecto de la ley de vivienda -en la que se regularán, entre otras cosas, los precios de los alquileres- a la espera de entrar en los “detalles políticos” sobre el borrador que han preparado los técnicos. Aún así, ha asegurado que pretende cumplir el compromiso de que la apruebe el Consejo de Ministros para remitirla al Congreso antes de que acabe el mes de febrero. Una vez que le dé el visto bueno al borrador comenzará la negociación formal con la vicepresidencia de Derechos Sociales, con la que el Ministerio de Transportes tiene ya cerrada una cita para el 15 de febrero, cuando pasen las elecciones catalanas.
El ministro ha rechazado que los grandes propietarios destinen parte de sus inmuebles a alquiler social al asegurar que son las administraciones públicas las que deben garantizar ese derecho. “Queremos que comprometa a todas las administraciones públicas en el marco de sus competencias”, ha expresado Ábalos, que se ha referido a ayuntamientos y comunidades autónomas además de al Gobierno en la promoción del “derecho constitucional” a la vivienda.
Ábalos se ha desmarcado de esa propuesta al entender que tiene un “carácter confiscatorio que no corresponde” y ha defendido que “la vivienda también afecta a la propiedad privada” por lo que está amparada por unos límites legales “que no cabe sobrepasar”. Así, ha defendido que “hay muchas formas de vincular la aportación de los particulares, muchas formas de establecer una fiscalidad que contribuya a la riqueza del país, especialmente los que más tienen, en eso consiste una fiscalidad progresiva”. Sin embargo, en Unidas Podemos consideran que destinar el 30% de viviendas de los grandes propietarios a alquiler social permitiría aumentar en unas 150.000 viviendas en pocos meses el parque público.
El acuerdo programático suscrito por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias apuesta por “movilizar vivienda vacía” y señala “ un marco donde los grandes tenedores de vivienda colaboren con la administración competente para poner a disposición del mercado de alquiler la vivienda vacía a precio razonables”.
Otro punto en el que difieren es en que se empiece a considerar gran tenedor a aquel que posea cinco inmuebles o más. Hasta ahora el umbral estaba establecido en diez y Ábalos lo ha defendido. “Los hemos asumido, lo hemos interiorizado y en todos los decretos que se han aprobado (...) han tenido esta consideración”, ha dicho el dirigente socialista, que ha apuntado a que esa reducción es “un elemento nuevo que contradice” lo que hasta ahora han defendido ambas formaciones.
Ábalos ha enfatizado que la ley de vivienda pretende “atajar situaciones como fue la venta a un fondo buitre de casi 3.000 viviendas sociales”. “Eso es lo que esta ley trata de evitar que se malvenda el parque social”, ha expresado el ministro, que considera que ese parque público de viviendas es fruto del “esfuerzo de los españoles”.
En Unidas Podemos, por su parte, urgen al ministro socialista a abordar la negociación de la ley de vivienda con urgencia y le reprochan que pretenda esperar a que pasen los comicios en Catalunya. “No puede estar condicionado a las elecciones catalanas”, ha expresado la portavoz de Podemos, Isa Serra, que se ha mostrado convencida de que la “sociedad catalana apoya leyes que garanticen el derecho a la vivienda”: “Puede que el candidato Illa tema que el texto de Transportes no será ambicioso y no garantice derecho a la vivienda”.
Serra ha cargado, además, contra el socio mayoritario de la coalición al considerar que “se responde a presiones de fondo buitre en vez de trabajar para el conjunto”.