Las negociaciones por la ley de vivienda revelan profundas diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en una rueda de prensa de julio de 2020, junto a la portavoz y el titular de Justicia.

La ley de vivienda es uno de los platos fuertes legislativos previstos para la primera mitad de 2021. La materia es clave tanto para el PSOE como para Unidas Podemos. Así consta en el acuerdo del Gobierno de coalición firmado a finales de 2019, donde se recoge que será uno de los puntales en la estrategia para "reducir la desigualdad y mejorar la cohesión social en todo el territorio nacional". Pero las diferencias que se vislumbraron en 2020 en los distintos decretos del llamado "escudo social" a cuenta de las medidas relativas a la vivienda se han confirmado en las últimas semanas. La distancia entre los dos socios del Ejecutivo es enorme, lo que no quiere decir que sea insalvable. Pero el reto autoimpuesto por ambos de tenerla lista este mes de febrero y en el Congreso en marzo parece lejos de conseguirse.

PSOE y Unidas Podemos cierran el acuerdo sobre los Presupuestos tras pactar que regularán los alquileres

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La negociación presupuestaria en el seno del Gobierno tuvo dos derivadas. Unidas Podemos planteó como requisito acometer algunas reformas en el ingreso mínimo vital y que la futura ley de vivienda recogiera una regulación del mercado del alquiler. Lo primero está en marcha, con una primera batería de medidas aprobadas este mismo martes en el Consejo de Ministros. Lo segundo, hoy por hoy, no llega.

Esta misma semana volverán a reunirse las dos partes implicadas. Por un lado, la Vicepresidencia Segunda que dirige Pablo Iglesias. Por el otro, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de José Luis Ábalos. Ambos departamentos son coproponentes de la ley, tal y como se acordó en octubre pasado. La idea es que Iglesias y Ábalos la presenten juntos.

Ahora mismo son cuatro las materias que separan a las dos partes, según explican fuentes de Unidas Podemos a elDiario.es: las aportaciones de los grandes propietarios a la vivienda social; la prohibición permanente de los desahucios a personas vulnerables; la salida de vivienda vacía al mercado del alquiler; y la regulación de este mismo mercado, con la posibilidad de que los ayuntamientos limiten los precios.

Este medio se ha puesto en contacto con el departamento de Ábalos para recabar su postura, pero se han limitado a señalar que siguen "trabajando y perseverando para alcanzar un acuerdo" porque su "objetivo es claro y prioritario: garantizar la función social de la vivienda y el derecho a una vivienda digna y adecuada".

Pero desde Unidas Podemos sí explican las diferencias que, a día de hoy, hacen imposible el acuerdo. Este mismo martes, la principal negociadora en materia de vivienda de la Vicepresidencia Social, Ione Belarra, comparecía en el Congreso para informar sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la ONU. En este contexto, la secretaria de Estado se refirió a la necesidad de "elaborar una ley estatal que ataje de una vez la desprotección que vive el conjunto de la ciudadanía frente a un sector inmobiliario que genera cada año pingües beneficios".

Belarra mencionó expresamente la necesidad de que la ley "corresponsabilice al sector privado", algo que recoge el acuerdo de coalición, pero que, según Unidas Podemos, el PSOE no quiere aceptar. El documento firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias habla de "estudiar obligaciones adicionales para los grandes tenedores de vivienda" a la hora de ofrecer alternativas habitacionales a personas desahuciadas, así como establecer un "marco donde los grandes tenedores de vivienda colaboren con la administración competente para poner a disposición del mercado de alquiler la vivienda vacía a precio razonables".

La secretaria de Estado planteó ante el Congreso que "los grandes propietarios de inmuebles en España" destinaran "el 30% de sus viviendas al alquiler social" lo que, según sus cálculos, permitiría "aumentar en muy pocos meses el parque público en unos 140.000 o 150.000 inmuebles". Casi sobre la marcha, llegó la respuesta de uno de estos fondos. Blackstone, que en 2019 controlaba más de 30.000 viviendas en España, aseguraba que el alquiler social es "responsabilidad 100% de la Administración pública".

La respuesta al fondo buitre llegó en la mañana del miércoles. El vicepresidente segundo ha aprovechado una pregunta parlamentaria del secretario general del PP, Teodoro García Egea, en la que acusaba a Iglesias de estar "preocupado por los okupas". "Sí, me preocupo por los parados, por la gente que no accede a una vivienda y por todos los españoles", ha asegurado, para añadir: "Se lo digo a Blackstone y a quien haga falta". Por su parte, Belarra recordó en un mensaje en Twitter que la Constitución "señala claramente que toda la riqueza del país está subordinada al interés general (Art.128) y que los poderes públicos deben hacer efectivo el derecho a la vivienda protegiendo el interés general y evitando la especulación (Art.47)".

Fuentes de Unidas Podemos reconocen que este planteamiento se le ha hecho al PSOE pero que, de momento, no lo acepta. El ministerio de Ábalos tiene en mente la construcción de nuevas viviendas para cubrir esa demanda social a través de la cesión de suelo público. Una idea que también se recoge en el acuerdo de gobierno como complementarias, aunque en realidad implican modelos diferentes: construcción frente a reutilización.

Tampoco hay acercamiento en otro de los grandes proyectos: regular el mercado del alquiler y, especialmente, el incremento de los precios. El acuerdo de coalición señala que "se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado".

Desde Unidas Podemos apuntan que se envió una propuesta concreta "hace cuatro meses", pero que no ha habido respuesta. El ministerio de Ábalos ya concluyó la herramienta para hacer un índice de precios que permita definir dónde suben de forma excesiva y poder intervenir, pero de momento no existe la fórmula legal para que los ayuntamientos puedan hacerlo.

El tercer punto en discordia es la prohibición permanente de desahucios sin alternativa habitacional a familias vulnerables. El acuerdo de Gobierno habla de fomentar el alquiler social en estos casos y de garantizar la intervención de los servicios sociales para determinar la vulnerabilidad de las unidades familiares.

Durante la pandemia provocada por el coronavirus se han puesto en marcha diferentes medidas encaminadas a evitar los desahucios. Su negociación ha sido muy compleja, con gran oposición de la parte socialista del Gobierno, pero la presión de los movimientos sociales permitió a Unidas Podemos imponer su criterio pese a tener muchos menos diputados.

La idea de los de Pablo Iglesias es que estas medidas se fijen por ley, pero en el PSOE han dejado claro que la prohibición de los desahucios tal y como está ahora contemplada en los decretos ley aprobados por la pandemia decaerán con el estado de alarma. Así lo afirmaba este mismo martes la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros: "Lo más lógico y razonable es que no se contemple ninguna cuestión similar dentro de la próxima ley de vivienda".

Por último, desde Unidas Podemos lamentan que el PSOE tampoco esté dispuesto a abordar "la puesta en marcha de medidas efectivas que movilicen la salida de vivienda vacía al mercado de alquiler. El acuerdo de la coalición recoge que se impulsarán medidas "fiscales, sancionadoras, de aseguramiento o estímulo, para movilizar vivienda vacía".

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2 de febrero de 2021 - 21:03 h

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