El acuerdo sobre la reforma de pensiones se atasca por el factor de sostenibilidad

Laura Olías

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El acuerdo social sobre pensiones se le está complicando al ministro José Luis Escrivá. El responsable de la reforma de pensiones lleva mucho tiempo anunciando que el pacto con sindicatos y empresarios es “inminente”, pero por el momento no ha logrado cerrarse. Esta última semana parecía que el acuerdo era cuestión de “días” tras acercarse posturas en varios elementos, como la jubilación anticipada, coincidían varias fuentes del diálogo social. Y tampoco: el acuerdo se atascó una vez más. En esta ocasión sobre todo en relación con los sindicatos, tras el anuncio del ministro de que el llamado 'factor de sostenibilidad' de la reforma de Rajoy no se derogaría en este primer paquete de la reforma sino en el segundo. “No es lo acordado”, indican fuentes sindicales.

El factor de sostenibilidad de las pensiones fue aprobado en la reforma unilateral del Gobierno del PP en 2013. Consiste en una compleja fórmula que liga las futuras pensiones iniciales a la esperanza de vida y que, según han calculado varios organismos internacionales, reduciría las pensiones en los próximos años. El factor nunca se ha llegado a implementar porque el propio Ejecutivo de Mariano Rajoy pospuso su entrada en vigor para aprobar los Presupuestos en un clima de rechazo frontal de la oposición y de protestas masivas de pensionistas en las calles.

Aunque no se aplique, el factor de sostenibilidad sigue “dormido” en la legislación vigente. El Gobierno de coalición tiene el compromiso de derogar este elemento, así como el índice de revalorización de las pensiones (IRP) que provoca las subidas anuales del 0,25%. En eso no hay duda, ya que el Ejecutivo ha plasmado esta promesa no solo en sus acuerdos de coalición, sino también en el Plan de Recuperación y Resiliencia enviado a Bruselas.

Una cuestión de tiempos

El desacuerdo está en los tiempos. CCOO y UGT quieren derogar ya en este primer bloque de la reforma de pensiones de Escrivá los dos elementos clave de la legislación del PP: el IRP y el factor de sostenibilidad. En cambio, la Seguridad Social aboga por incluir en el primer bloque solo el índice de revalorización y en el siguiente paquete de cambios el factor de sostenibilidad con el mecanismo que lo va a sustituir, un “mecanismo de equidad intergeneracional” que aún debe pactarse.

Los sindicatos defienden que la Seguridad Social se había comprometido con ellos a derogar ya el factor de sostenibilidad y, en el plazo de un año, acordar el nuevo mecanismo de “equidad intergeneracional”. Sin embargo, la semana comenzó con el ministro José Luis Escrivá asegurando en una entrevista que el factor se derogaría también en el segundo paquete de cambios, lo que enfadó a las centrales sindicales.

En lo que ha restado de semana, no se han logrado solventar las diferencias entre las partes para alcanzar un acuerdo. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Israel Arroyo, aseguró el martes que había que cumplir con el compromiso enviado a Bruselas. En el componente 30 sobre pensiones, la “sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional” figura previsto para “antes de la finalización de 2022”. En el texto enviado a Bruselas figura unida la derogación de este elemento y su sustitución por el nuevo mecanismo, que –según ha explicado el ministro– pretende que los jubilados del baby boom tengan “un gesto” con la generación posterior de trabajadores, menos numerosa.

“Está atascado (el acuerdo)”, aseguraban a este medio fuentes sindicales, que señalan sobre todo la necesidad de derogar ya el factor de sostenibilidad para dar un mensaje de certidumbre a la población. También precisan que todavía quedan otros “flecos” por cerrar. Algunos tienen que ver con la jubilación forzosa, que se dificulta para evitar en lo posible estas salidas “obligadas” del mercado laboral.

Mientras, los empresarios tampoco han dado todavía su visto bueno al primer bloque de cambios, sobre el que esta semana se han seguido pasando borradores del texto legal. Las patronales se enfadaron mucho a finales de la semana anterior en lo que consideraron una filtración del Ministerio a la prensa que daba por hecho el acuerdo en pensiones y siguen defendiendo que hay que afinar el texto.

Las partes del diálogo social seguirán negociando la próxima semana. En el Ministerio de Seguridad Social destacan constantemente que las diferencias son mínimas y que el tiempo se agota. El Ejecutivo se ha comprometido con la Comisión Europea a que este primer bloque de cambios esté aprobado antes del 31 de diciembre y todavía queda superar todo el trámite parlamentario. Los agentes sociales rechazan la presión del tiempo y recuerdan que la reforma de pensiones es muy relevante, por lo que apoyarán el acuerdo cuando exista realmente un consenso en las cuestiones que faltan. ¿Habrá acuerdo la próxima semana? “A ver”, dicen con cautela desde los agentes sociales.