Almeida recoloca en un día y con sueldo récord a la pareja del consejero de Ayuso cuyo fichaje a dedo criticó Antifraude
Un día ha tardado el Ayuntamiento de Madrid en recolocar a la pareja de Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, tras su salida forzosa de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), donde fue fichado a dedo en una contratación que cuestionó la Oficina Antifraude madrileña en diciembre. Su nuevo sueldo supera los 63.000 euros brutos anuales, el más alto de los que, como reveló elDiario.es, ha encadenado en la última década en organismos públicos gobernados por el PP en Madrid.
Sin título universitario y con un nivel de inglés “básico”, F. T., pareja del responsable de las políticas de Vivienda y Transportes de Isabel Díaz Ayuso, es ahora personal “de libre designación”, confirma el ayuntamiento. Cobra 63.134,12 euros, un 27% más que en la EMVS. Es su sexto puesto consecutivo en un organismo público en Madrid y el mejor pagado.
La EMVS, la mayor empresa pública de vivienda de España, se ha visto obligada a sacar a concurso este año la plaza que F. T. ocupaba de forma “temporal desde el 1 de diciembre de 2023 hasta que tenga lugar el proceso de selección para su cobertura definitiva”, como explicó la entidad a la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento, en el marco de una investigación por esa contratación tras una denuncia de Más Madrid.
Antifraude reclamó en diciembre a la EMVS que le informara “sobre la conclusión del proceso de selección para la cobertura definitiva de la plaza”. La EMVS ha comunicado que se ha cubierto por promoción interna tras presentarse cuatro candidatos. F. T. “ha causado baja en EMVS Madrid, no manteniendo en la actualidad vinculación laboral alguna con esta empresa municipal”. Y Antifraude ha archivado el expediente, según la resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es
Un portavoz de la EMVS declina precisar en qué fecha abandonó F. T. la empresa, al ser “datos personales”. Según fuentes internas, lo hizo hace unas semanas. Un día después de su salida se incorporó como personal eventual del equipo de José Luis Martínez-Almeida.
En la web del Ayuntamiento no hay datos sobre el perfil profesional de F. T. que deben publicarse para cumplir la ordenanza municipal de Transparencia. Tampoco figura la declaración de actividades e incompatibilidades, si realiza actividades privadas, si solicita compatibilidad o se compromete a cesar en actividades incompatibles antes de la toma de posesión; ni declaración de no incurrir en causa de incompatibilidad, exigida con carácter previo al nombramiento. “Lo cumplimentará como cualquier otro trabajador municipal”, aseguran desde el Ayuntamiento.
La pareja del consejero de Vivienda ha sido repescada por el consistorio después de que el 16 de diciembre Antifraude cuestionara que la EMVS cumpliera al contratar a esta persona las exigencias del Estatuto Básico del Empleado Público sobre “los criterios de acceso de igualdad, mérito y capacidad, así como los principios rectores contenidos en el artículo 55” de esa norma: “Publicidad, transparencia, agilidad, adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones a desarrollar, así como la imparcialidad, profesionalidad e independencia de los órganos de selección”.
Antifraude criticó que la EMVS no dio “detallada explicación sobre cómo llegó el currículo de la persona seleccionada a la empresa, si se hacía algún tipo de publicidad para que quien se considerara con los requisitos necesarios pudiera presentarlo, o si procedían de procesos de selección para trabajadores fijos”. “No consta si hubo otros candidatos o, en su caso, detalle objetivado de los méritos valorados que justificaron la elección”.
Para justificar la elección de F. T., la EMVS indicó que debía “cubrir de forma urgente” esa plaza “temporal” y “entre los currículos que obraban en poder de la entidad se consideró que era el que más se adecuaba al perfil”. En un dictamen del 3 de junio, Antifraude insiste en que “la existencia de circunstancias concretas que justifiquen la contratación temporal puede conllevar una urgencia que requiere un procedimiento especialmente ágil”, pero “sin rehuir los principios de igualdad, mérito y capacidad, y máxime teniendo en cuenta que dicha temporalidad puede llevar al cabo del tiempo, en ciertas condiciones, a que el acceso acabe siendo permanente”.
No ha sido así, tras destacar Antifraude en diciembre “la importancia” de que al cubrir este año definitivamente esa plaza la EMVS respetara “la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio”.
Para la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, “este caso demuestra, una vez más, que el PP utiliza las instituciones madrileñas como su propia agencia de colocación. Colocar a dedo a amiguetes es una forma clara de entender el poder: los cargos para los suyos, para sus enchufados, y las normas para los demás”.
Maestre subraya que la denuncia de su formación ante Antifraude “obligó a la EMVS a prescindir de esa persona y a convocar la plaza por concurso público, como exige la ley. Es inaceptable, hasta la propia EMVS llegó a reconocer que ni siquiera podía aportar a la investigación de la oficina contra el Fraude la oferta de la plaza a esta persona, ni explicar cómo llegó su currículum y la solicitud del puesto”.
Simplemente, “le llamaron para que viniera a firmar el contrato”. “Lejos de reconocer la irregularidad y abrir una investigación interna y cesar a los responsables, como le reclamamos en su momento desde Más Madrid, Almeida ha optado por recolocarle en la Alcaldía, ¡buen plan!”.
Maestre reprocha al PP que exija “estándares de transparencia y moralidad que ellos mismos no cumplen, mientras colocan a dedo a sus amigos. Y cuando les pillamos y lo llevamos a la Oficina contra el Fraude y la Corrupción, su solución no es pedir disculpas ni depurar responsabilidades: es darle un puestazo en la Alcaldía”. Y recrimina a Almeida su “enchufismo” para usar el Ayuntamiento “como si fuera su chiringuito particular,”. “Es una vergüenza inaceptable. Aquí hay responsabilidades políticas, administrativas y patrimoniales por la contratación ilegal de esta persona en la EMVS durante dos años y medio, que no pueden quedar impunes”.
Caminos distintos
F. T. tiene un perfil muy diferente al del responsable de las políticas de Vivienda de Ayuso. Rodrigo, con décadas en política, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y Máster de Asesoría Jurídica de Empresas por la Pontificia de Comillas, con programas de gestión pública en el IESE de la Universidad de Navarra (la escuela de negocios del Opus Dei) y Comillas-ICADE (de los jesuitas).
Su pareja, según el currículum oficial de su anterior cargo público en un organismo del PP madrileño, cursó en los 80 una FP, rama Administrativa, y tiene un inglés “básico”. Su carrera dio un giro cuando tras más de una década en el área contable de una empresa, hizo un cursillo no oficial de 150 horas de “Auxiliar de Protocolo” de la Fundación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) por 650 euros, incluyendo tasas académicas y materiales didácticos.
Acto seguido, empezó a encadenar puestos en Administraciones del PP: del Gobierno de Cristina Cifuentes al Ayuntamiento de Almeida, el Gobierno de Ayuso, la coordinación del gabinete de la Alcaldía de un relevante municipio madrileño (cobraba 62.600 euros brutos anuales, pero no duró ni cinco meses), la EMVS y ahora, de nuevo, el Consistorio de Almeida.
Cuando en junio de 2025 elDiario.es preguntó a Jorge Rodrigo por este asunto, el responsable de Vivienda de la Comunidad de Madrid derivó la cuestión a su departamento de prensa. La consejería no comenta esta nueva contratación. Rodrigo preside la agrupación del PP en el distrito de Salamanca, cuya concejal presidenta, Cayetana Hernández de la Riva, es consejera de la EMVS, una de las principales empresas públicas del Ayuntamiento. Su anterior CEO, Diego Lozano, es el jefe de Gabinete de Almeida.
Definido como el consejero “con mayor peso político” de Ayuso, Rodrigo se reincorporó en enero a su puesto tras unos meses apartado por un cáncer. Su consejería se ha negado a aplicar los controles de precios de la Ley estatal de Vivienda para las zonas tensionadas y acaba de llevar al Tribunal Constitucional el Plan de Vivienda del Gobierno. Suya es también la decisión de dejar fuera a los no empadronados en Madrid de los descuentos del abono transportes en Madrid, excluyendo a miles de usuarios, sobre todo migrantes y estudiantes.
El popular lleva más de 25 años encadenando puestos en diferentes Administraciones. Su partido le encontró acomodo en una empresa pública en Sevilla (con Juan Ignacio Zoido como alcalde) tras dimitir en 2012 como gerente de Madrid Espacios y Congresos por la tragedia del Madrid Arena: murieron cinco adolescentes en una fiesta de Halloween y llegó a estar imputado, aunque acabó exonerado.
A principios de 2025, tuvo que retractarse por una respuesta fuera de tono en la Asamblea de Madrid a la diputada de Más Madrid Luisa Escalante: “¡No me ponga morritos, que me descentro!”, le espetó, en un debate sobre el funcionamiento del transporte público en la región. Expresión que Escalante tachó de “sexista y machista” y “que no es propia de un consejero ni de este Parlamento autonómico”. Rodrigo se disculpó con la boca pequeña y minimizó los hechos: “No creo que haya sido así, si usted se lo ha tomado mal, le pido disculpas”.
Diputado en la Asamblea hasta 2023, desde ese año Rodrigo está a las órdenes de Ayuso, periodista de formación que apenas ha trabajado fuera de la política, cree que a los jóvenes “les falta cultura del esfuerzo” y aboga por el “mérito a la española” para “enfrentarse a la aventura de vivir” y “protegerse en un momento donde la ideología lo impregna todo”.