Arcadi España: “No vivimos en un infierno fiscal, ese eslogan del PP es peligroso”

Arcadi España (Carcaixent, 1974) cumple este fin de semana un mes con la llave de la caja del Gobierno central en su bolsillo. El nuevo ministro de Hacienda llegó al Gobierno a mitad de legislatura, con la tarea de llenar el gran hueco dejado por la exvicepresidenta María Jesús Montero, unos Presupuestos prorrogados, un modelo de financiación al que le falta letra pequeña por escribir y una guerra en Oriente Medio cuyos efectos pueden convertirse en un dolor de cabeza a la hora de cuadrar las cuentas públicas.

En su primera entrevista con un periódico desde que tomó posesión, España atiende a elDiario.es en la mañana del viernes. Se reafirma en que presentará los Presupuestos, pero apunta que ahora el Gobierno está centrado en “amortiguar las consecuencias” del conflicto en los bolsillos. Hace suya la propuesta de reforma de la financiación autonómica diseñada por Montero y carga contra el dumping fiscal de algunos gobiernos autonómicos: “Decir que no a este modelo no responde a razones racionales”.

¿Cuándo va a presentar los Presupuestos?

Lo importante son dos elementos. El primero, un elemento de tranquilidad a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que, con presupuestos prorrogados, el Gobierno de España puede hacer frente a todas las necesidades que hay en nuestra economía. Por ejemplo, el último paquete de medidas de 5.000 millones de euros para amortiguar los efectos de la guerra en Irán. 

Vamos a presentar los Presupuestos, pero en este momento el Gobierno de España está centrado en la misma preocupación que tienen todos los españoles y españolas: cómo amortiguar las consecuencias de la guerra en Irán en su actividad diaria, en la cesta de la compra, en la gasolina, en el recibo de la luz y también para nuestras pymes, autónomos, agricultores y el sector del transporte.

En 2024 también dijeron que presentarían los Presupuestos. Pasó lo mismo en 2025. Ahora, en 2026, ya estamos a finales de abril. ¿Por qué esta vez sí tenemos que pensar que van a hacerlo y que no van a ir directamente a los de 2027?

Por desgracia, esta guerra ilegal cada día cambia, con las consecuencias que tiene en las familias. Estamos trabajando conjuntamente con la Vicepresidencia primera y el Ministerio de Economía para tener un cuadro macro que sea lo más fidedigno y, con esas previsiones, presentar los presupuestos. Por lo tanto, funcionamos bien y con normalidad, a pesar de tenerlos prorrogados. 

Vamos a presentar los Presupuestos, pero el Gobierno está centrado en amortiguar las consecuencias de la guerra en Irán

Hablando de las consecuencias de la guerra, ¿cuánto espacio fiscal queda para tomar nuevas medidas en el caso de que fueran necesarias?

El primer paquete es de 5.000 millones de euros con una vigencia de tres meses, que luego ya veremos en función de cómo evolucione si es necesario tomar medidas adicionales o no. Pero partimos de dos elementos importantes: el elemento fiscal, al que hace referencia. Yo quiero reconocerle a la anterior vicepresidenta y ministra de Hacienda que tenemos el déficit más bajo en 18 años, que nuestra deuda pública ha bajado más de 25 puntos desde el pico de la pandemia, y que nuestra prima de riesgo está por debajo de los 50 puntos básicos, mucho mejor que otras grandes economías de la zona euro. Las constantes vitales financieras de nuestro país nos permiten tener ese margen necesario para afrontar estos 5.000 millones y las circunstancias que pudieran venir en el futuro. 

Otro segundo elemento es que, como país, estamos mejor preparados, no solo en términos financieros, sino también por la apuesta por las renovables. La vacuna para protegerse mejor ante estas guerras ilegales de energía es tener autonomía estratégica. Que el 60% de la electricidad de nuestro país sea de renovables es una garantía de que podemos capear el temporal provocado por esta guerra ilegal.

España es uno de los cinco países que ha reclamado a la Comisión Europea un impuesto extraordinario a los beneficios de las energéticas por este conflicto. España ya tuvo uno, pero decayó por falta de apoyos. ¿No resulta contradictorio tratar de impulsarlo a nivel europeo cuando aquí se ha dejado en un cajón?

Yo creo que es fundamental tener en cuenta la perspectiva de la crisis internacional y del europeísmo que tiene el presidente del Gobierno. Recuerde también la iniciativa del presidente Pedro Sánchez y del presidente de Brasil, Lula da Silva, de poner ese impuesto a los ultrarricos del mundo, que se tiene que hacer de una forma global, porque los grandes patrimonios siempre buscan alguna fórmula para poder esquivar sus responsabilidades fiscales en los países. En esta iniciativa, que no solo está impulsada por España, sino también por una gran economía como es Alemania y otros países, tenemos que buscar ese ámbito europeo.

¿Y se plantea hacerlo de manera autónoma, a la española, en el caso de que no salga adelante una solución europea?

Estamos en la solución europea y tenemos que centrarnos en eso. Estos dos días en Chipre, en el Consejo Europeo informal, se estará hablando, a iniciativa del Gobierno de España y de otros de la Unión, de esa propuesta que me parece muy positiva y necesaria para que los costes de esta guerra se distribuyan justamente. También con determinadas empresas que están haciendo unos beneficios extraordinarios a raíz del conflicto.

En el caso de que la guerra se enquiste, ¿se plantea pedir la suspensión de las reglas fiscales?

El presidente, esta misma mañana [la de este viernes] antes de entrar en el Consejo informal, ha planteado dos cosas que me parecen muy relevantes. La primera es la necesidad de extender los Fondos Next Generation EU para acelerar el proceso de transformación energética, de descarbonización y de apuesta por las renovables. España lidera ese proceso en la Unión Europea, y es lo que nos permite tener una situación de partida mejor para afrontar la situación. 

Y la segunda, que tiene que ver con una cláusula de salvaguarda para, igual que se ha hecho con el gasto en defensa, que no compute en términos de déficit la inversión en la descarbonización y la electrificación. Y lo hacemos con la legitimidad de que estamos cumpliendo nuestros compromisos financieros y de estabilidad.

Mencionaba usted el gasto en Defensa. Los Presupuestos tendrán que incorporar el gasto del 2,1% del PIB. Justo esta mañana hemos conocido un correo del Pentágono en el que se plantea la posible expulsión de España de la OTAN por su actuación en relación con la guerra en Irán. ¿Cuál es la opinión sobre este asunto?

Es un correo electrónico interno. Lo que tenemos claro es que España cumple con sus compromisos internacionales con la Alianza. Estamos ya en esa cifra de inversión respecto al PIB y actuamos siempre con lealtad con nuestros socios. Por lo tanto, cumplimos y actuamos con lealtad. Eso sí, si me permite, lealtad no significa sumisión.

Cumplimos con nuestros compromisos con la OTAN. Pero lealtad no significa sumisión

Otro de los asuntos pendientes que le dejó la vicepresidenta Montero, quizá el más espinoso, es el modelo de financiación autonómica. ¿Lo asume como propio?

Absolutamente. Yo he tenido la responsabilidad de ser consejero de Hacienda en la Generalitat Valenciana y es un modelo muy esperado y muy justo con todas las comunidades autónomas. Ninguna pierde, todas ganan. El Gobierno de España, de sus recursos, pone encima de la mesa 21.000 millones de euros para el conjunto de comunidades autónomas, que es como decir para el Estado del bienestar de nuestro país. Es más transparente, con reglas justas y el gap que hay entre las diferencias de inversión per cápita entre unos ciudadanos y otros se reduce radicalmente. Decir que no a este modelo no responde a razones racionales por parte de ninguna comunidad autónoma.

Después de ser consejero de la Comunitat Valenciana, ¿se puede defender como ministro un modelo en el que se le va a dar cierta financiación singular a Catalunya?

Es un modelo aplicable para todos, transparente. Hemos visto las cifras. Las comunidades que mayor volumen de recursos van a tener están gobernadas por el Partido Popular: la Comunitat Valenciana, Andalucía, Murcia… Las más infrafinanciadas históricamente. Es un modelo muy justo y que trata a todo el mundo por igual. Puedo entender determinados argumentos de la estética, sobre cómo se presentó o no se presentó. Pero el modelo es profundamente justo, igualitario con el conjunto y que beneficia a todas las comunidades autónomas. No hay ningún trato preferente. Lo que hay es un trato más justo con todas las comunidades autónomas que el modelo que existe en la actualidad.

¿Cuándo va a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para presentar a los consejeros el anteproyecto de ley?

Como sabe, ya se presentó por parte de la vicepresidenta Montero en el Consejo de Política Fiscal. Estos meses nos hemos encontrado con procesos electorales, con configuraciones de nuevos gobiernos y ahora está todavía el proceso electoral en Andalucía. Pero la hoja de ruta se mantiene igual, con el mismo compromiso firme de tener también un diálogo con las comunidades autónomas, como así se acordó y se dijo en el Consejo de Política Fiscal. El objetivo es el mismo: presentar el proyecto de ley de un nuevo modelo y que cuanto antes pueda estar en vigor. Al Gobierno de España le gustaría que esa fecha fuera el 1 de enero de 2027.

¿Entonces el proyecto saldrá o irá al Consejo de Ministros antes del verano para dar tiempo a que suceda?

Veremos los plazos administrativos que tenemos. Lo que sí que tenemos es el compromiso de presentarlo. Pero yo creo que todas las comunidades autónomas, especialmente las que tienen más problemas financieros, tienen mucha urgencia de que este nuevo modelo se apruebe cuanto antes.

No puede ser que determinados territorios bajen los impuestos a las rentas más altas y luego pretendan que el Gobierno de España, con los impuestos del conjunto de los españoles, les pague el regalo fiscal

¿Cuándo va a recaudar Catalunya el 100% del IRPF?

El Gobierno de España cumple sus compromisos y, en este ámbito, el compromiso es el asumido en la comisión bilateral con la Generalitat de Catalunya, que establecía que, para el conjunto de comunidades autónomas, había que buscar vías para una mayor corresponsabilidad de la gestión y para una mayor implicación también. Siempre en red con la Agencia Tributaria.

Una de las obsesiones de la vicepresidenta Montero en relación con el modelo de financiación era poner freno al dumping fiscal que se hace desde determinadas comunidades como Madrid o Andalucía. ¿Cómo va a intentar evitar esa competencia a la baja en materia de impuestos?

La competencia a la baja en materia de impuestos es una competencia desleal dentro de un Estado autonómico, desde mi punto de vista, y va contra el Estado del bienestar. No puede ser que determinados territorios bajen los impuestos a las rentas más altas y luego pretendan que el Gobierno de España, con los impuestos del conjunto de los españoles, les pague el regalo fiscal. Eso hay que criticarlo y hay que combatirlo. 

Este modelo es muy transparente. Va a permitir que todo el mundo vea la situación de cada una de las comunidades autónomas, de los flujos que va a haber de solidaridad entre territorios e incrementa también el grado de corresponsabilidad fiscal. Si un gobierno autonómico decide bajar los impuestos a las rentas más altas y los grandes patrimonios y hacerse un agujero en sus propios presupuestos, sus ciudadanos tienen que saber que irá en detrimento de sus servicios públicos.

Otra de las iniciativas impulsadas por el Gobierno, tras un acuerdo de investidura, fue la condonación de 83.000 millones de deuda autonómica. El proyecto ya está en el Congreso de los Diputados, pero no ha habido avances. ¿Le va a dar un nuevo impulso?

Son los grupos parlamentarios y la Cámara la que tiene que decidir cuándo actuar. Yo creo que el proyecto es muy bueno y quiero hacer una defensa de lo que significa, porque he visto muchas reacciones de comunidades autónomas absolutamente incomprensibles. Siempre pongo un ejemplo: imagínese usted que tiene una hipoteca con un banco. Va al banco y el director o directora le dice “Mire, usted me debe 200.000 euros. Le voy a quitar 100.000 euros y no me los va a tener que devolver”. Y tú te levantas y te vas y dices que te parece mal. No es racional. Ninguna comunidad autónoma puede decir que no a este proyecto de ley de condonación. Te puede parecer poco o mucho, pero no puedes decir que no.

Ministro, ¿vivimos en un infierno fiscal?

No, no vivimos en un infierno fiscal. Los bulos no solo están en el ámbito más político, también hay bulos en el ámbito fiscal. Tenemos que hacer dos ejercicios, si me permite. El primero es compararnos cómo estamos respecto a otros países de nuestro entorno. Nuestra presión fiscal está tres puntos por debajo de la media, muy lejos de la presión fiscal de Alemania, de Francia o de Italia, que son países referentes y vecinos nuestros. 

Y dentro de España hemos hecho durante todos estos años un esfuerzo sin precedentes de mejorar la progresividad. En España ahora el sistema fiscal es más justo que en el año 2018, cuando llegamos al gobierno. Las rentas más bajas, las clases medias y trabajadoras pagan menos impuestos que lo que pagan los grandes patrimonios y los grandes beneficios empresariales.

Lo del infierno fiscal, además de un eslogan peligroso. Ya no es el debate clásico que había entre izquierda y derecha, en el que la izquierda defendía un sistema progresivo donde quien más tiene, más paga; y la derecha apostaba por unas bajadas a los grandes patrimonios y la gente con más dinero, porque así decían que tendrían más recaudación. Yo no comparto la visión de la derecha, pero puedo respetar ese debate. El Partido Popular ha dado un paso más en la irresponsabilidad de un partido que quiere ser de gobierno y ya solo plantea “¿impuestos sí o impuestos no?”. Yo quiero recordarle al Partido Popular de dónde sale el dinero para pagar un trasplante de corazón, que vale 90.000 euros, o una noche de UCI de 3.700 euros. ¿De dónde sale el sueldo de la Policía, de la Guardia Civil, del Ejército, de los profesores y profesoras, de los maestros, de los enfermeros y las enfermeras? “¿Impuestos sí o impuestos no?” es “¿Estado de Bienestar sí o Estado de bienestar no?”. Debatamos si quieren sobre la progresividad, pero es una irresponsabilidad plantearlo en términos de que todos los impuestos son un robo a los ciudadanos.

Uno de los argumentos que utiliza el PP para hablar de ese infierno fiscal es que no se ha deflactado la tarifa estatal del IRPF. ¿Por qué no se hacerlo después de la mayor crisis inflacionaria en 50 años?

Hay un elemento muy importante, que no se ha valorado suficiente, que es que ahora no tributa la gente que cobra el salario mínimo interprofesional (SMI). Antes pagaba y ahora no. Yo siempre soy partidario de ver el sistema fiscal desde el punto de vista global, no solo de una figura tributaria. Hay otras rebajas que hemos hecho en otro ámbito. Por ejemplo, las medidas tomadas ahora por la guerra de Irán, que hacen que te baje la factura de la luz, la factura del gas, la factura de la gasolina. En su conjunto, vemos que el sistema tributario está apoyando a las familias, sobre todo a las clases medias y trabajadoras. 

Nos encontramos con una contaminación mediática de bulos y un ataque a lo que es un sistema fiscal que tiene muchas cosas que mejorar, pero en nuestro país a quien más se les pide es a quien más tiene, a grandes patrimonios y a grandes beneficios empresariales. 

¿Y si se lo piden los socios para aprobar los Presupuestos, estarían por la labor?

Nosotros vamos a estar siempre dialogando con todos los grupos parlamentarios. Cuando empiece la negociación veremos todos los ámbitos que hay. Pero yo quiero dejar claro que la posición del Gobierno de España siempre va a ser la misma: apostamos por la progresividad. Esto es, quien más tiene, más aporte, que sean suficientes para financiar nuestros servicios públicos y poder tratar con dignidad a todos los servidores públicos que cobran del Presupuesto General del Estado. Y también tiene que facilitar la actividad económica. Ese es nuestro marco. Dentro de ese marco podemos hablar con los grupos parlamentarios sin ningún problema y llegar a acuerdos como hemos hecho durante todos estos años.

Quizá se echa en falta desde el Gobierno cierta pedagogía fiscal en un debate en el que la derecha ha marcado muy bien su discurso y la izquierda se está quedando atrás.

Lo último que dicho el propio señor Feijóo, que me parece arriesgado y peligroso en términos democráticos, es decir que el Gobierno de España se está forrando y que los ciudadanos no perciben una mejora en la calidad de los servicios públicos. El Gobierno de España tiene más recaudación porque la economía crece el doble que la media comunitaria y porque estamos en máximos de creación de empleo. Crece la recaudación del Gobierno de España y la recaudación de las comunidades autónomas. ¿O solo cuando hacen ese comentario, utilizando perversamente la palabra forrarse, lo hace el Gobierno de España? ¿Acaso no se está forrando Moreno Bonilla con la recaudación extra que tiene por la mejora de la economía de nuestro país?

El Gobierno de España, en el ámbito de sus competencias, ha subido las becas, tenemos el ingreso mínimo vital, dependencia, y en competencias que no son nuestras, como la vivienda, que es de las comunidades autónomas, el plan presentado hace unos días de 7.000 millones de euros, 4.200 millones son aportados por el Gobierno central. La gran pregunta de esto, y de la pedagogía fiscal que usted me hacía referencia, es ¿qué están haciendo las comunidades autónomas? Tienen 300.000 millones de euros más durante estos años que durante los años del señor Rajoy. ¿Están destinando esos recursos que nuestra economía y el Gobierno de España les ha transferido para rebajar las listas de espera o están gastándolo para hacer regalos fiscales a las rentas altas y a privatizar? 

La pedagogía fiscal fue uno de los argumentos que utilizó la vicepresidenta Montero hace dos años, cuando se planteó la posibilidad de que el SMI comenzase a tributar el IRPF. ¿A partir de qué nivel cree que el SMI debería empezar a tributar?

Si la economía va creciendo, tienen que crecer también los salarios y la productividad. Y yo creo que sobre todo la gente que percibe unos salarios más bajos también tiene que verse reflejada en que las cifras macro se traducen a las cifras micro. Y en ese momento, en este caso, tenemos una no tributación del salario mínimo. Y yo creo que ese es el camino.

Hablaba usted antes de esa reunión en Barcelona con su homólogo brasileño y con el economista Gabriel Zucman para impulsar a escala global un tributo a los superricos. ¿Estaría dispuesto a impulsarlo a escala nacional?

Nosotros ya tenemos un sistema fiscal que pide a las rentas más altas y a los grandes patrimonios un esfuerzo adicional. Incluso hemos tenido que evitar que las comunidades autónomas hagan dumping fiscal y se creen reductos para los grandes patrimonios. Pero este tipo de medidas necesitan un acuerdo internacional. Es un problema que es irracional, no puede ser que los súper ricos paguen menos que sus propios empleados. Es obsceno la cantidad de recursos y de patrimonio que no tributan, que buscan sus escapatorias en paraísos fiscales, en pagar a grandes profesionales para que busquen con qué fórmulas no tributar cuando muchas de esas grandes fortunas se han hecho gracias al papel de la administración o la formación que tienen los profesionales de un país, la estabilidad que aporta la democracia en un país, las infraestructuras, la investigación pública en universidades y en centros de investigación públicos. Yo creo que esa alianza entre Brasil y España tiene que crecer y sumar a más países, porque solo podremos hacer que paguen lo que deben de pagar en justicia si actuamos de una forma global.

Su compañero de gabinete, Pablo Bustinduy, ha planteado crear esta tasa para recaudar lo suficiente para pagar una ayuda universal por crianza de unos 200 euros mensuales. La vicepresidenta Montero no estaba muy por la labor y prefería revisar otras ayudas, como el CAPI del Ingreso Mínimo Vital. ¿Usted está a favor de esta ayuda?

Estoy a favor de seguir profundizando en cumplir los acuerdos, de mejorar los derechos, y siempre con responsabilidad fiscal. Tenemos que seguir cumpliendo y haciendo nuestros deberes de estabilidad presupuestaria, lo que nos ha permitido combinar estos años el hacer nuestros deberes con ampliar derechos. Y nosotros seguimos trabajando siempre para llegar a acuerdos dentro del Gobierno, pero siempre en el marco de la responsabilidad y de la estabilidad presupuestaria, que también es una garantía que nos permitirá una economía saneada en el futuro.

¿Qué dice Feijóo sobre la Kitchen? Si no actúa, asume lo que ha pasado

Usted es el máximo responsable de la SEPI. En la derecha y la derecha mediática acusan al Gobierno de utilizarla para intervenir empresas y, básicamente, colocar a amiguetes. ¿Qué tiene usted que decir?

La derecha nunca ha creído en el sector público, entonces yo entiendo que les moleste que el Estado sea un sector emprendedor. Otras grandes economías, como Francia o como Alemania, también tienen capacidad de actuación en sectores estratégicos para nuestro país. Yo estoy a favor de una intervención económica siempre ponderada, siempre respetando los ámbitos públicos y el privado. Pero creo mucho en una administración emprendedora que actúe, que ayude, que colabore con el sector privado, sobre todo en sectores estratégicos.

¿Debería Indra fusionarse con EM&E, con la empresa familiar del expresidente de la compañía?

Indra es una empresa cotizada. Respeto todas las decisiones que tome cualquier empresa cotizada y lo único que puedo decir es que, como país, nos podemos sentir orgullosos de tener un activo empresarial tan potente en un sector tan estratégico como es la defensa. 

¿Por qué perdió el Gobierno la confianza en Ángel Escribano como presidente?

Son decisiones empresariales tomadas en el seno de un consejo de administración de una empresa cotizada y yo no tengo que hacer ningún comentario al respecto. 

La instrucción del juez Peinado es llamativa y hay cosas, si me permite, excéntricas

De la actualidad política, esta semana se está celebrando el juicio sobre la trama Kitchen y ayer el expresidente Mariano Rajoy dijo ante la Audiencia Nacional que fue una operación que se adecuó a la legalidad. ¿Qué le parecen a usted estas afirmaciones?

Tres elementos respecto a ese juicio. Primero, la profunda tristeza e indignación como ciudadano al escuchar lo que estamos escuchando. Estamos hablando de un caso de corrupción, de financiación irregular del Partido Popular. En segundo lugar, estamos hablando de un caso de obstrucción a la justicia. Y en tercero, estamos hablando de un caso de utilización del Estado, de la mal llamada Policía Patriótica para espiar, para ocultar pruebas y para acusar falsamente a rivales políticos, incluso dentro del propio partido. Esto tiene una gravedad que no está bien dimensionada públicamente. Porque, más allá de las consecuencias penales que pueda tener, estamos hablando de utilizar el Estado, utilizar a la Policía Nacional, para actuaciones totalmente deleznables con unas consecuencias democráticas, porque debilita la credibilidad en el sistema. Pero eso se acabó en el año 2018 y ahora este gobierno respeta totalmente el ámbito judicial y por supuesto también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

La reflexión que también tenemos que hacernos ahora y que tendría que hacerse el señor Feijóo es qué dice ante todo esto. Muchísimos votantes del Partido Popular están esperando a que el señor Feijóo diga algo. Si no actúa, asume lo que ha pasado.

¿Ese algo debe ser expulsar al expresidente Rajoy del partido?

Deberían de hacer la reflexión. Ningún partido, por desgracia, está exento de que puedan suceder determinados casos. Pero el PSOE ha actuado con máxima celeridad y ha tomado decisiones contundentes. Esa es una de las diferencias fundamentales.

Mencionaba usted que el PSOE sí ha adoptado medidas y es inevitable pensar en la moción de censura que sacó al PP del Gobierno y que defendió el exministro Ábalos. En esa moción de censura prometió tolerancia cero y hoy está sentado en el banquillo, presuntamente por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. ¿Esa responsabilidad política se salda únicamente con la expulsión del partido o hay que ir más allá?

Ir más allá es difícil. Me produce tristeza e indignación como ciudadano, pero es verdad que se ha actuado de una forma diametralmente opuesta a la del Partido Popular. Actuamos de forma contundente y pusimos medidas para que no se pudiera repetir. Yo creo que eso es una diferencia fundamental y ahora son los jueces los que tienen que determinar las responsabilidades.

¿Qué diría el PSOE si dos secretarios de Organización del PP nombrados por Feijóo hubieran entrado en prisión?

La actitud del PSOE no cambia. Hemos actuado con una gran contundencia cuando hemos tenido alguno de esos casos dentro del PSOE, esa es la gran diferencia. Otros no hacen nada de eso. Primero no dicen nada o les hacen homenajes.

Usted era consejero de Política territorial cuando José Luis Ábalos era ministro de Transportes. Ábalos, miembro de su federación, del PSPV. ¿Cómo fue su relación en términos institucionales?

Una relación normal de un consejero autonómico con un ministro.

¿Usted llegó a despachar con Koldo García?

No, no recuerdo haber despachado con él.

El juez Peinado ha dictado un auto de procesamiento contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. ¿Le parece, como al ministro de Justicia, que el juez Peinado está haciendo una instrucción anormal?

La instrucción es llamativa y no solo con cosas que son incomprensibles desde cualquier punto de vista. No hay que ser un gran jurista para ver que hay cosas, si me permite la expresión, excéntricas. No solo lo digo yo, sino que también la propia Audiencia Provincial de Madrid lo dice. Yo se lo digo: Begoña Gómez es inocente y estoy seguro de que la justicia acabará poniendo las cosas en su sitio.

¿Ha traspasado el PP una línea roja al asumir en sus pactos con Vox en Extremadura y Aragón lo que ellos llaman la prioridad nacional?

Primero, esto creo que hay que explicarlo bien a los ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué significan los pactos a los que ha llegado el Partido Popular y Vox, en este caso en Extremadura, en Aragón, y seguramente en Castilla y León? Son pactos con elementos profundamente inconstitucionales: la no discriminación por razón de sexo, por razón de origen, la igualdad entre ciudadanos, vengan de donde vengan y sean de donde sean. Son elementos fundamentales de nuestra Constitución y de nuestra convivencia en nuestro país. Y lo dice también Amnistía Internacional, una ONG prestigiosa y con una independencia contrastada, que dice que esos acuerdos violan los derechos humanos. 

En segundo lugar, esto es una cuesta abajo. Primero es la prioridad nacional. Luego van a ir a por los derechos de las mujeres, por ejemplo, en el ámbito de la interrupción voluntaria del embarazo. Luego van a ir también a por las ONGs. Y tienen un elemento económico que me parece exageradamente extremo: decir no a las energías renovables es decir no a la industrialización de esos territorios. Porque ahora lo que quieren las multinacionales para instalarse es energía segura y energía barata. Y eso lo dan las renovables.

Van contra su propia historia. En Extremadura, por ejemplo, una tierra que ha emigrado. Y, si me permite, hay un elemento todavía más llamativo en lo de la prioridad nacional. Al final la estrategia del PP y de VOX va a llevarnos, y eso el Gobierno de España no lo va a tolerar, a que cuando uno vaya a un centro de salud no tenga un triaje médico, tenga un triaje administrativo donde le pidan la cuenta corriente y donde le pidan el pasaporte para ver donde ha nacido. 

¿Y qué puede hacer el Gobierno?

Actuará con contundencia, con todo el Estado de Derecho, presentando los recursos que tengamos que presentar al Tribunal Constitucional con cualquier acción que conculque derechos fundamentales establecidos en la Constitución.