Los desastres naturales vinculados a la emergencia climática le han costado 65.000 millones al Estado en 20 años
La emergencia climática y los desastres naturales le han costado 65.085 millones de euros al Estado, ya sea en obras, ayudas o indemnizaciones, en apenas 20 años, de acuerdo con los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), unos fenómenos que cada vez son más frecuentes y pueden tener un mayor impacto en las cuentas públicas.
El supervisor de las cuentas públicas ha publicado este miércoles su segunda Opinión sobre riesgos fiscales, en el que analiza los efectos sobre la sostenibilidad presupuestaria que pueden tener diversos factores, desde macroeconómicos a aquellos vinculados por sentencias judiciales, con el ejemplo de los mutualistas como el más reciente.
Según han detallado fuentes de la AIReF, si bien los riesgos macroeconómicos (por ejemplo, una subida abrupta de los precios de la energía o el endurecimiento de las condiciones financieras) son los que tienen un mayor potencial de golpear a los Presupuestos españoles, hay una “evidencia” de que los factores ambientes son cada vez más frecuentes e intensos, con una tendencia a concentrarse. Por lo que su factura podría dispararse en los próximos años.
Los cálculos del supervisor apuntan que, entre 2005 y 2025, los riesgos ambientales le han costado 65.085 millones a las arcas públicas. Esos desastres naturales han sido sequías, incendios forestales, inundaciones u otros fenómenos meteorológicos. En esta rúbrica incluyen riesgos geofísicos (como el volcán de La Palma, en 2021) o biológicos (la pandemia de COVID-19).
El ejemplo más claro de cómo estos riesgos se materializan con cada vez más fuerza es que solo la DANA de Valencia del año 2024 ha supuesto un coste de 8.000 millones de euros en aplicaciones del Fondo de Contingencia, así como 4.200 millones en indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).
En total, el Estado ha desembolsado, desde 2005, 16.500 millones de euros a obras de emergencia y ayudas a damnificados, 12.800 millones en compensaciones del CCS, y 35.000 millones de euros en otros costes de respuesta, donde la AIReF incluye también aquellos vinculados a la pandemia.
“Estas cifras ponen de manifiesto que los riesgos ambientales constituyen una de las principales fuentes de materialización efectiva de riesgos fiscales en España”, aduce el organismo en la Opinión, en el que subraya que esto es solo “una aproximación”.
Además de la información presupuestaria y de las bases de datos del CCS, la AIReF ha diseñado una herramienta con Inteligencia Artificial que analiza las referencias del Consejo de Ministros, el resumen de las principales medidas adoptadas por la reunión semanal del gabinete. Entre ellas, han detectado 437 desastres y 1.555 asuntos, desde el terremoto de Lorca de 2011 a la Borrasca Filomena en 2021.
La AIReF apunta que “la elevada frecuencia” con la que se materializan los desastres naturales y el coste fiscal vinculado “aconsejan una gestión activa de estos riesgos”. En este sentido, recomienda al Ejecutivo mejorar las fuentes de datos, avanzar en la cuantificación de los costes fiscales y establecer una estrategia de mitigación de estos riesgos.
14.000 millones de pago en sentencias en 2024 y 2025
Otros riesgos cada vez más relevantes que señala la AIReF son aquellos vinculados a las sentencias contra el Estado. Solo en dos años, 2024 y 2025, las acciones legales tuvieron un impacto de 14.400 millones de euros, principalmente por la sentencia de los mutualistas (5.936 millones) y las devoluciones por el Impuesto de Sociedades (3.048 millones).
En términos acumulados, el gasto acumulado en concepto de sentencias desde 2014 es 19.407 millones de euros.
El análisis de la AIReF incorpora, por primera vez, las garantías públicas, una figura que ha cobrado un notable protagonismo en los últimos años gracias al papel del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y sus avales para hacer frente a la pandemia de COVID-19 y otras crisis sobrevenidas. Si bien la Autoridad Fiscal reconoce que estas medidas no tienen un impacto presupuestario inmediato, pueden tenerlo en el caso de que que lleguen a ejecutarse.
De acuerdo con sus datos, a cierre de 2025 había 24.000 millones de euros en saldo vivo de las líneas COVID, de las que 7.500 millones se encontraban en riesgo mora.