España se merece una huelga general de inmigrantes

Los pactos entre PP y Vox para alcanzar el gobierno de las comunidades autónomas de Extremadura y Aragón han convertido a los inmigrantes en el chivo expiatorio a golpear con la expectativa de que sirva para captar voto en las próximas elecciones generales, y esto a pesar de que se trata de dos regiones con enormes problemas de despoblación. La ultraderecha va de cara diciendo que no quieren a los extranjeros (pobres), mientras que los populares se permiten el lujo de enredarse en las palabras con el objetivo de ocupar el poder; lo mismo que cuando critican al PSOE por pactar con Junts o Podemos. El lenguaje de estos pactos ha puesto sobre la mesa el concepto “prioridad nacional”, que va mucho más allá de medidas para regular la inmigración ilegal y entra directamente en una discriminación que es inconstitucional.

El artículo 14 de la Constitución Española dice: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, ….”. Cómo encaja en este precepto del capítulo de derechos y libertades con afirmaciones como que “el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”. Esto es literal del pacto en Aragón y muy similar en Extremadura.

Estos dos partidos, que sumaron el 60% del voto en Extremadura y el 52% en Aragón, parecen no ser conscientes de la realidad de este país. España está habitada por 49,6 millones de personas, de las que 10 millones nacieron en el extranjero y, de estos, 7,2 millones tienen una nacionalidad diferente a la española. Si se atiende a la afiliación a la Seguridad Social, del total de 21,7 millones de cotizantes que había a cierre del año pasado, 18,6 millones eran españoles y tres millones extranjeros, el 14%. Si se mira en los datos de la Encuesta de Población Activa, el número de foráneos trabajando en este país es de 3,6 millones, medio millón más que los cotizantes, que son los que se supone que no están regularizados.

El planteamiento de los acuerdos firmados en Extremadura y Aragón es xenófobo, anticonstitucional y absurdo en un país que necesita a la mano de obra extranjera mucho más que a la inteligencia artificial, puesto que especialmente se emplean en labores que ni los españoles ni las máquinas quieren o pueden realizar. Los extranjeros representan ya el 28,8% de los afiliados en hostelería, el 26% en agricultura, el 23,3% en construcción y el 17,7% en transporte y actividades administrativas. Todo esto sin tener en cuenta a los que trabajan de manera irregular, que cobran en negro y no cotizan.

Si bajamos al detalle de los empleos que desempeñan, como puede observarse en el siguiente gráfico, veremos que los extranjeros son mayoría en trabajos como peón de huertas, invernaderos, viveros y jardines, donde representan el 70,7% de los ocupados, en empleo doméstico (56,6%); peones agropecuarios (55,8%); trabajadores cualificados de ovino y caprino (55,1%), o montadores e instaladores de placas solares (51%). Y hay otras muchas donde ya suponen el 40%-50%, como es el caso de los matarifes y trabajadores de industrias cárnicas (49,4%), pescadores de altura (46,7%), empleados de conserveras de frutas y hortalizas (46%), peones ganaderos (46%), repartidores y mensajeros (45%), conductores de motocicletas (43%), peones de construcción (42,5%), escayolistas (42%) o médicos de familia (41%).

Por tanto, queda claro que los extranjeros que trabajan en España realizan las labores que no quieren los españoles, que obviamente se corresponden con las más duras y peor remuneradas. El 51% de los extranjeros desempeña ocupaciones denominadas elementales, frente a un 27,8% de los españoles. Si se mira en el otro extremo, donde están los tres grupos mejor pagados (directores generales, técnicos y profesionales científicos e intelectuales y otros técnicos y profesionales de apoyo) ahí se encuentran ocupados el 21,9% de los españoles, frente al 6,9% que tiene otra nacionalidad.

Los promotores de la “prioridad nacional” (America First, que diría Donald Trump) deberían preguntarse qué piensan estas personas extranjeras que trabajan y tributan en este país cuando les dicen que si necesitan un servicio público, como la sanidad y la educación, irán siempre detrás de los que tienen nacionalidad española. El acuerdo de PP y Vox dice: “Se pondrá en marcha un plan integral de mejora del sistema sanitario de Extremadura, orientado a reforzar la calidad asistencial, reducir los tiempos de espera, optimizar los recursos disponibles y garantizar una atención accesible y de calidad para los españoles”. No se refiere a pacientes, sino a españoles. Imaginen el esperpento de un médico rumano que trabaja en el Hospital Universitario de Cáceres, que enferma y va a urgencias de su propio hospital como paciente. ¿Le van a analizar el arraigo en España antes de comprobar si tiene que esperar a que se atienda a todos los españoles?

Que este tipo de planteamientos xenófobos haya sido asumido por dos partidos con tantísimo apoyo electoral, un derecho que no tienen muchos de los afectados, es muy llamativo. Se está minusvalorando su peso en este país y es tal el desprecio con el que se les está tratando, que no sería extraño que se cansen, se unan y decidan parar este país. Nos lo merecemos.