Una maraña de trabas y la falta de tarifas claras frenan la red de carga de vehículos eléctricos, denuncia la CNMC
La expansión del vehículo eléctrico en España no depende únicamente de vender más coches. También requiere una red de recarga amplia, accesible y competitiva. Y es precisamente en este punto donde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha identificado importantes obstáculos que amenazan con ralentizar el despliegue de la movilidad eléctrica.
En un estudio sobre la infraestructura de recarga de acceso público para vehículos eléctricos e híbridos enchufables, formada por más de 56.000 puntos, la CNMC concluye que el mercado se encuentra todavía en una fase incipiente y advierte de que los problemas de competencia que se generen ahora pueden consolidarse durante años. Por ello, reclama actuar de forma temprana para eliminar barreras burocráticas, evitar posiciones dominantes que ya se están configurando y mejorar la experiencia de los usuarios.
Uno de los principales problemas detectados es la complejidad de los procedimientos administrativos para instalar nuevos puntos de recarga. La CNMC señala en su informe que la multiplicidad de trámites, la diversidad de requisitos entre administraciones y los largos plazos de autorización encarecen los proyectos y dificultan especialmente la entrada de operadores más pequeños. Además, la disponibilidad de capacidad en las redes eléctricas y los tiempos de conexión pueden convertirse en auténticos cuellos de botella para nuevas inversiones.
Según el informe del organismo público, el principal operador en España es Iberdrola con 2.476 localizaciones y 9.911 puntos de carga de acceso público. A continuación figuran Endesa (1.715 emplazamientos y 6.188 puntos), Repsol (1.365 y 4.895), Wenea (586 y 2.654) y EDP (326 y 899).
Cómo frenar el dominio de algunos operadores
Para corregir esta situación, el organismo propone reducir el papeleo a lo estrictamente necesario, crear estándares comunes entre administraciones, impulsar ventanillas únicas para la tramitación y aplicar el principio de “solo una vez”, de forma que las empresas no tengan que presentar repetidamente la misma documentación. También pide agilizar y homogeneizar las autorizaciones relacionadas con las infraestructuras eléctricas y simplificar las obligaciones de información que deben cumplir los operadores.
La CNMC también pone el foco en la competencia. El acceso a ubicaciones estratégicas para instalar cargadores, especialmente en carreteras y áreas de servicio, puede convertirse en una barrera de entrada si los procesos de adjudicación no son abiertos y competitivos. Por ello, recomienda diseñar concesiones públicas que favorezcan la participación de más empresas y evitar estructuras contractuales que refuercen posiciones dominantes.
Estas demandas de la comisión coinciden en buena parte con las mejoras que reclama el sector de automoción. Para Arturo Pérez de Lucía, director general de Aedive, entre las asignaturas pendientes se encuentran la “simplificación de trámites administrativos, suprimiendo algunas barreras burocráticas”, lo que permitiría acelerar la expansión de la red de puntos de carga siempre que se garantice “un marco regulatorio y energético claro y estable, así como articular una fiscalidad energética más coherente”, según indicó en un reciente encuentro en Global Mobility Call en Madrid.
Los fabricantes de vehículos agrupados en Anfac llaman la atención en su barómetro de electromovilidad trimestral sobre la cifra de puntos de carga que no están operativos, alrededor de uno de cada cuatro, debido a averías y también a la prolongación de los trámites para conseguir los permisos.
Más transparencia para los usuarios
Otro de los grandes retos es la transparencia. Según la CNMC, la falta de información clara sobre precios y condiciones de servicio, junto con la diversidad de sistemas de pago y las limitaciones de interoperabilidad entre operadores, dificulta la comparación de ofertas y reduce la capacidad de elección de los consumidores. Esta situación puede traducirse en mayores costes para los usuarios y en una menor presión competitiva entre empresas.
Por ello, la Comisión propone reforzar la información disponible para los conductores, mejorar la opción de comparar las tarifas y desarrollar herramientas que permitan conocer de forma sencilla las diferentes ofertas existentes en cada punto de recarga antes de iniciar una sesión de carga. Asimismo, reclama homogeneizar la información pública sobre la red de cargadores y avanzar en la interoperabilidad entre plataformas y operadores.
El organismo también defiende que las ayudas públicas y las obligaciones de despliegue se diseñen con criterios de neutralidad competitiva, adaptándose al esfuerzo real de los operadores y evitando distorsiones en el mercado. En paralelo, plantea mantener una vigilancia reforzada sobre acuerdos comerciales, estrategias empresariales y niveles de concentración, e incluso estudiar nuevas herramientas de investigación de mercados para detectar problemas de competencia antes de que se consoliden.