Los subsidios sociales y las prestaciones por desempleo no están afectados por la nueva norma de desindexación del IPC. La razón es que estos indicadores nunca ligaron de forma legal su evolución a la de la inflación. Simplemente, en la época de vacas gordas se subieron, como tantas otras cosas, en función de la previsión de inflación del Banco Central Europeo (BCE), un 2%.
Si estas prestaciones hubieran estado ligadas al IPC, quizás hubieran corrido mejor suerte. Desde 2010 la mayoría de estos subsidios están congelados, lo que significa que quienes reciben estas prestaciones han perdido poder adquisitivo. Un parado de 2010 cobró la misma prestación que uno que se quede en paro en 2014, aunque en estos años los precios hayan subido de media más de un 2%.
La base de estos indicadores es el IPREM, un indicador que en 2010 se fijó en 532,21 euros al mes y que no se ha vuelto a mover. Para calcular la prestación se utiliza como base el IPREM, en función también del número de hijos. Por ejemplo, un desempleado sin hijos puede como máximo cobrar el 175% del IPREM; esto es, 1.087 euros al mes. Otros subsidios, como el que se destina a algunas mujeres que han sufrido violencia de género, también tienen como indicador el IPREM, por lo que sus rentas están congeladas.
Tampoco el salario mínimo se fija en función del IPC, sino que esta base salarial es una decisión totalmente política. En la actualidad está fijado en 645,30 euros, después de registrar una subida del 0,6%, en línea con lo que se pactó que subieran los salarios en el convenio colectivo de este año. Lejos queda la intención de los sindicatos de que se alcanzaran los 800 euros de salario mínimo que Zapatero prometió para el final de su legislatura.
Otras ayudas públicas, como las becas, tampoco tienen vinculación automática con la evolución de los precios, ya que se ligan a otras decisiones políticas.