Trabajo prohibirá despedir a las personas que denuncien corrupción en sus empresas
El Gobierno presentará este martes en Consejo de Ministros un anteproyecto de ley para blindar por ley mediante modificaciones en el Estatuto de Trabajadores a los trabajadores que denuncien corrupción en sus empresas. Deberá pasar por las cortes en septiembre. Se prohibirá expresamente despedirlos por este motivo, o de manera encubierta, medida ya contemplada en la Ley 2/2023 de protección a los informantes de corrupción, pero que queda más blindada con un texto específico recogido en el estatuto.
El nuevo artículo del anteproyecto modifica los artículos 4.2, 14.2, 17.1, 53.4 y 55.5 de la Ley del Estatuto de Trabajadores con tal de preservar a los denunciantes de corrupción no solo del despido, sino también de todo tipo de discriminación directa o indirecta, represalias o cualquier decisión de la empresa que suponga un trato favorable. Los despidos llevados a cabo por causas objetivas o disciplinarias contra denunciantes que hayan hecho pública una situación de corrupción u otra vulneración normativa serán declarados nulos.
El Consejo de Ministros aprobará este martes una reforma del estatuto de Trabajo que blinda a los denunciantes de corrupción de forma que no puedan ser despedidos por esta causa, ya sea de manera expresa o velada. Aunque la Ley de Protección al Informante 2/2023 ya contemplaba la prohibición de estos despidos, el Ministerio de Trabajo defiende que ante un juez la modificación del Estatuto de los Trabajadores le obligará siempre a fallar protegiendo al represaliado.
El anteproyecto será aprobado este martes en el Consejo de Ministros, junto con otra medida de Trabajo, que dará prestaciones excepcionales a las personas cuyos puestos de trabajo se vean afectados por los grandes incendios de esta temporada.
La protección a los alertadores se extendió en la agenda pública con casos sonados como la revelación de la lista Falciani con miles de potenciales evasores fiscales o las filtraciones de Edward Snowden sobre el espionaje masivo de Estados Unidos a la población mundial. También fue sonado el caso de Ana Garrido, funcionaria del ayuntamiento de Boadilla del Monte en la Comunidad de Madrid que fue represaliada por su papel como denunciante clave y testigo en el caso Gürtel que sacudió las entrañas del Partido Popular (PP).
La ley de protección al denunciante de 2023 establecía que las empresas con a partir de 49 trabajadores están obligadas a ofrecer un canal interno anónimo de denuncia tanto a trabajadores como a personal externo para que puedan hacer sus denuncias con seguridad. Además, se crea una Autoridad Independiente de Protección del Informante, dependiente del Ministerio de Justicia, que vela por el cumplimiento de esta protección y ofrece un canal alternativo para las empresas que no lo tengan.
En los casos de despido, la ley de 2023 recoge que la empresa debe probar que no está relacionado con su denuncia para poder llevarlo a cabo, mientras que la nueva modificación del Estatuto de Trabajadores eleva esta protección hasta convertir en nulo todo despido a personas que hayan denunciado prácticas ilícitas.