La vía de la exedil de Barcelona acosada por una trama para resarcir a alertadores de corrupción

Es uno de los episodios más turbios de la historia reciente de Barcelona. Una trama que se creyó impune tramitó decenas de licencias de pisos turísticos en Ciutat Vella a cambio de sobornos. No había límite alguno. Tampoco a la hora de acosar y amenazar a las tres mujeres que, desde dentro de una administración corrompida, intentaron acabar con la ciénaga. Ellas son Itziar González, Lourdes Conesa y Mercè Massa exconcejala, exarquitecta y exgerente del distrito.

Podría parecer el inicio de una novela negra, pero dentro de poco ya estará en una sentencia judicial. Los principales acusados han llegado a un acuerdo con la Fiscalía para reconocer la trama de corrupción urbanística a cambio de no entrar en prisión. Indemnizarán a González, Massa y Conesa, pero solo por las amenazas. ¿Cómo resarcir a las víctimas de este caso de corrupción de las consecuencias laborales y del desamparo institucional que sufrieron por parte del Ayuntamiento de Barcelona, en aquel entonces en manos del PSC?

El letrado de González, Benet Salellas, ha planteado al tribunal una opción para intentar reparar el daño. Echando mano de la Directiva europea de protección a los alertadores de corrupción –pendiente de transposición en España–, Salellas ha pedido a la Audiencia de Barcelona que acuerde enviar la totalidad de la causa al Ayuntamiento para que el consistorio valore los “daños causados” a González “por las acciones y omisiones” de la administración municipal.

Es una vía pionera, inexplorada hasta ahora en España, para resarcir a víctimas de corrupción. Se trataría de una suerte de expediente de responsabilidad patrimonial de la administración para reconocer el daño causado e indemnizar a las alertadoras de la trama de licencias turísticas que no fueron escuchadas por el consistorio y sufrieron perjuicios tanto laborales como psicológicos.

La petición se explica ante la falta de medidas para reparar a las víctimas de corrupción en la legislación actual. Antes de 2015 sí estaba tipificada en el Código Penal la intimidación grave a un cargo público. En el caso de González, la Fiscalía reconoce en su escrito que su salida obligada del consistorio por la trama corrupta le causó un “perjuicio económico” más allá de los daños morales de las amenazas. Ese perjuicio no está restaurado a día de hoy.

“A Lourdes Conesa las amenazas le han destruido la vida personal y profesional”, recordó el jueves durante la penúltima sesión del juicio la letrada de la arquitecta, Raimunda Palencia, que se ha sumado a la petición de Salellas. “Itziar González no tuvo ningún apoyo político ni jurídico del Ayuntamiento cuando denunció los hechos, la abandonaron a su suerte”, argumentó Salellas. Massa no llegó a personarse en la causa.

Amenazadas y desamparadas

La corrupción anidó en Ciutat Vella de la mano del exdirector de servicios técnicos de Ciutat Vella Heliodoro Lozano, ya jubilado, y el intermediario Joaquín Quílez, quien ya acumulaba dos condenas por irregularidades en la tramitación de permisos del Ayuntamiento de Barcelona para locales del Eixample y por avisar de inspecciones administrativas en la causa de corrupción policial en los prostíbulos Riviera y Saratoga.

La trama corrupta se urdió a raíz de la aprobación de un plan urbanístico por el que el Ayuntamiento de Barcelona que limitaba la apertura de nuevos apartamentos de uso turístico en el distrito de Ciutat Vella, que a finales de la primera década del siglo XXI ya vivía los efectos del turismo masivo. Los cabecillas de la red han admitido que con el objetivo de agilizar las gestiones para obtener las licencias, varios propietarios contactaron con Quílez, que a cambio de un soborno les garantizó que regularizarían sus pisos turísticos.

Luego Quílez pactó con Lozano que, a cambio de otro soborno, agilizaría la tramitación de los expedientes y obviaría los defectos de las solicitudes de licencia, en algunos casos tan groseros que obligaban a denegarla. Cuando González –independiente en las listas del PSC– entró como concejal de Ciutat Vella y relevó a Lozano y a tres inspectores para poner fin a las malas prácticas empezaron las amenazas a la edil y a su nuevo equipo.

Quílez y su pareja han reconocido que enviaron cartas amenazantes a González, Massa y Conesa a lo largo de finales de 2008 y mediados de 2009. Las indemnizarán con 22.200, 10.000 y 50.000 euros respectivamente. “Haces ilegalidades negándote a firmar expedientes que están correctos, las consecuencias que te puede traer son desastrosas”, escribieron a la gerente del distrito.

El Ayuntamiento optó por plegarse a las amenazas y trasladó a Conesa fuera de Ciutat Vella contra su voluntad, destinándola precisamente a las dependencias municipales donde el consistorio había ubicado a Heliodoro Lozano por su implicación en la trama de los apartamentos turísticos. Es decir, la alertadora de corrupción se encontró de nuevo con uno de los corruptos.

La Fiscalía destaca que el cambio se produjo tras recibir una carta en la que se advertía a la arquitecta de que estaba “vigilada al milímetro y con fotografías queda demostrado”. “Se te va a dar un plazo para que pidas el traslado o pasaremos a la acción. Tú para nosotros eres como un animal y tenemos una misión a realizar, dentro de poco tiempo comprobarás cosas que ocurrirán a tu alrededor, te horrorizarás y no será fruto de la casualidad”, rezaba su misiva.

“Zorra, debes arder en los infiernos, ha costado tiempo prepararlo, pero al final doblarás, solamente te falta el descabello como a los toros, te has buscado la ruina en el distrito, debes desaparecer de este mundo ya”, le escribieron a González, que dejó el cargo al año siguiente distanciada con el PSC y el entonces alcalde Hereu ante la falta de apoyo tras descubrir la pequeña Chicago que era el distrito.

La investigación judicial y de los Mossos d'Esquadra, que sí creyeron a las alertadoras, permitió hallar a los responsables pese a que el consistorio los tenía en sus oficinas. El Ayuntamiento optó por plegarse a las amenazas y trasladar a las funcionarias fuera de Ciutat Vella. González tuvo que marcharse a su casa antes de finalizar el mandato desamparada por el consistorio.

En suma, todo lo contrario de lo que manda la Directiva europea para proteger a los alertadores de corrupción, que expone que la denuncia del fraude no tiene que implicar ninguna renuncia al bienestar personal ni represalias ni acoso tanto en el ámbito profesional como personal.

El Ayuntamiento espera la sentencia

Fuentes municipales recalcan la “tolerancia cero” con la corrupción del actual equipo de gobierno de los comuns y el PSC e insisten en que el desamparo institucional que sufrieron las tres alertadoras forma parte del pasado: “El gobierno actual ha garantizado que las personas alertadoras tengan el apoyo jurídico necesario asumiendo el coste de la representación legal”.

Las mismas fuentes agregan que, una vez dictada la sentencia, el consistorio “valorará” la incoación del expediente de reparación solicitado, ya sea “en el ámbito administrativo o en el reconocimiento de su figura como alertadoras”. Se estudiará además “la necesidad de establecer mecanismos de no repetición”. 

Más allá del devenir administrativo del caso, la trama de Ciutat Vella todavía levanta ampollas en sectores vinculados al PSC más de quince años después. El exconcejal socialista y actual responsable del gremio de restauración de Barcelona, Roger Pallarols, se despachó esta semana en El Periódico contra González, a quien exigió que “se disculpara” con el partido que la dejó caer. El juicio quedará visto para sentencia este martes.

Es uno de los episodios más turbios de la historia reciente de Barcelona. Una trama que se creyó impune tramitó decenas de licencias de pisos turísticos en Ciutat Vella a cambio de sobornos. No había límite alguno. Tampoco a la hora de acosar y amenazar a las tres mujeres que, desde dentro de una administración corrompida, intentaron acabar con la ciénaga. Ellas son Itziar González, Lourdes Conesa y Mercè Massa exconcejala, exarquitecta y exgerente del distrito.

Podría parecer el inicio de una novela negra, pero dentro de poco ya estará en una sentencia judicial. Los principales acusados han llegado a un acuerdo con la Fiscalía para reconocer la trama de corrupción urbanística a cambio de no entrar en prisión. Indemnizarán a González, Massa y Conesa, pero solo por las amenazas. ¿Cómo resarcir a las víctimas de este caso de corrupción de las consecuencias laborales y del desamparo institucional que sufrieron por parte del Ayuntamiento de Barcelona, en aquel entonces en manos del PSC?

El letrado de González, Benet Salellas, ha planteado al tribunal una opción para intentar reparar el daño. Echando mano de la Directiva europea de protección a los alertadores de corrupción –pendiente de transposición en España–, Salellas ha pedido a la Audiencia de Barcelona que acuerde enviar la totalidad de la causa al Ayuntamiento para que el consistorio valore los “daños causados” a González “por las acciones y omisiones” de la administración municipal.

Es una vía pionera, inexplorada hasta ahora en España, para resarcir a víctimas de corrupción. Se trataría de una suerte de expediente de responsabilidad patrimonial de la administración para reconocer el daño causado e indemnizar a las alertadoras de la trama de licencias turísticas que no fueron escuchadas por el consistorio y sufrieron perjuicios tanto laborales como psicológicos.

La petición se explica ante la falta de medidas para reparar a las víctimas de corrupción en la legislación actual. Antes de 2015 sí estaba tipificada en el Código Penal la intimidación grave a un cargo público. En el caso de González, la Fiscalía reconoce en su escrito que su salida obligada del consistorio por la trama corrupta le causó un “perjuicio económico” más allá de los daños morales de las amenazas. Ese perjuicio no está restaurado a día de hoy.

“A Lourdes Conesa las amenazas le han destruido la vida personal y profesional”, recordó el jueves durante la penúltima sesión del juicio la letrada de la arquitecta, Raimunda Palencia, que se ha sumado a la petición de Salellas. “Itziar González no tuvo ningún apoyo político ni jurídico del Ayuntamiento cuando denunció los hechos, la abandonaron a su suerte”, argumentó Salellas. Massa no llegó a personarse en la causa.

Amenazadas y desamparadas

La corrupción anidó en Ciutat Vella de la mano del exdirector de servicios técnicos de Ciutat Vella Heliodoro Lozano, ya jubilado, y el intermediario Joaquín Quílez, quien ya acumulaba dos condenas por irregularidades en la tramitación de permisos del Ayuntamiento de Barcelona para locales del Eixample y por avisar de inspecciones administrativas en la causa de corrupción policial en los prostíbulos Riviera y Saratoga.

La trama corrupta se urdió a raíz de la aprobación de un plan urbanístico por el que el Ayuntamiento de Barcelona que limitaba la apertura de nuevos apartamentos de uso turístico en el distrito de Ciutat Vella, que a finales de la primera década del siglo XXI ya vivía los efectos del turismo masivo. Los cabecillas de la red han admitido que con el objetivo de agilizar las gestiones para obtener las licencias, varios propietarios contactaron con Quílez, que a cambio de un soborno les garantizó que regularizarían sus pisos turísticos.

Luego Quílez pactó con Lozano que, a cambio de otro soborno, agilizaría la tramitación de los expedientes y obviaría los defectos de las solicitudes de licencia, en algunos casos tan groseros que obligaban a denegarla. Cuando González –independiente en las listas del PSC– entró como concejal de Ciutat Vella y relevó a Lozano y a tres inspectores para poner fin a las malas prácticas empezaron las amenazas a la edil y a su nuevo equipo.

Quílez y su pareja han reconocido que enviaron cartas amenazantes a González, Massa y Conesa a lo largo de finales de 2008 y mediados de 2009. Las indemnizarán con 22.200, 10.000 y 50.000 euros respectivamente. “Haces ilegalidades negándote a firmar expedientes que están correctos, las consecuencias que te puede traer son desastrosas”, escribieron a la gerente del distrito.

El Ayuntamiento optó por plegarse a las amenazas y trasladó a Conesa fuera de Ciutat Vella contra su voluntad, destinándola precisamente a las dependencias municipales donde el consistorio había ubicado a Heliodoro Lozano por su implicación en la trama de los apartamentos turísticos. Es decir, la alertadora de corrupción se encontró de nuevo con uno de los corruptos.

La Fiscalía destaca que el cambio se produjo tras recibir una carta en la que se advertía a la arquitecta de que estaba “vigilada al milímetro y con fotografías queda demostrado”. “Se te va a dar un plazo para que pidas el traslado o pasaremos a la acción. Tú para nosotros eres como un animal y tenemos una misión a realizar, dentro de poco tiempo comprobarás cosas que ocurrirán a tu alrededor, te horrorizarás y no será fruto de la casualidad”, rezaba su misiva.

“Zorra, debes arder en los infiernos, ha costado tiempo prepararlo, pero al final doblarás, solamente te falta el descabello como a los toros, te has buscado la ruina en el distrito, debes desaparecer de este mundo ya”, le escribieron a González, que dejó el cargo al año siguiente distanciada con el PSC y el entonces alcalde Hereu ante la falta de apoyo tras descubrir la pequeña Chicago que era el distrito.

La investigación judicial y de los Mossos d'Esquadra, que sí creyeron a las alertadoras, permitió hallar a los responsables pese a que el consistorio los tenía en sus oficinas. El Ayuntamiento optó por plegarse a las amenazas y trasladar a las funcionarias fuera de Ciutat Vella. González tuvo que marcharse a su casa antes de finalizar el mandato desamparada por el consistorio.

En suma, todo lo contrario de lo que manda la Directiva europea para proteger a los alertadores de corrupción, que expone que la denuncia del fraude no tiene que implicar ninguna renuncia al bienestar personal ni represalias ni acoso tanto en el ámbito profesional como personal.

El Ayuntamiento espera la sentencia

Fuentes municipales recalcan la “tolerancia cero” con la corrupción del actual equipo de gobierno de los comuns y el PSC e insisten en que el desamparo institucional que sufrieron las tres alertadoras forma parte del pasado: “El gobierno actual ha garantizado que las personas alertadoras tengan el apoyo jurídico necesario asumiendo el coste de la representación legal”.

Las mismas fuentes agregan que, una vez dictada la sentencia, el consistorio “valorará” la incoación del expediente de reparación solicitado, ya sea “en el ámbito administrativo o en el reconocimiento de su figura como alertadoras”. Se estudiará además “la necesidad de establecer mecanismos de no repetición”. 

Más allá del devenir administrativo del caso, la trama de Ciutat Vella todavía levanta ampollas en sectores vinculados al PSC más de quince años después. El exconcejal socialista y actual responsable del gremio de restauración de Barcelona, Roger Pallarols, se despachó esta semana en El Periódico contra González, a quien exigió que “se disculpara” con el partido que la dejó caer. El juicio quedará visto para sentencia este martes.

Es uno de los episodios más turbios de la historia reciente de Barcelona. Una trama que se creyó impune tramitó decenas de licencias de pisos turísticos en Ciutat Vella a cambio de sobornos. No había límite alguno. Tampoco a la hora de acosar y amenazar a las tres mujeres que, desde dentro de una administración corrompida, intentaron acabar con la ciénaga. Ellas son Itziar González, Lourdes Conesa y Mercè Massa exconcejala, exarquitecta y exgerente del distrito.

Podría parecer el inicio de una novela negra, pero dentro de poco ya estará en una sentencia judicial. Los principales acusados han llegado a un acuerdo con la Fiscalía para reconocer la trama de corrupción urbanística a cambio de no entrar en prisión. Indemnizarán a González, Massa y Conesa, pero solo por las amenazas. ¿Cómo resarcir a las víctimas de este caso de corrupción de las consecuencias laborales y del desamparo institucional que sufrieron por parte del Ayuntamiento de Barcelona, en aquel entonces en manos del PSC?