UGT llamará a los partidos a una ronda de contactos para superar la “crispación” y garantizar los servicios públicos
La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha anunciado este miércoles que el sindicato convocará una ronda de contactos con los partidos políticos para tratar de alcanzar un “pacto social” en torno a los servicios públicos. El objetivo, ha explicado, es superar el contexto de “polarización” y el “nivel de discusión y crispación de todos con todos y por absolutamente todo”. De esas conversaciones, la organización sindical excluirá a “quienes defienden la motosierra”, ha matizado, en relación a Vox.
El objetivo de fondo es blindar el proceso de reforma y modernización en marcha de los servicios públicos y garantizar que los acuerdos que los sindicatos alcanzan con el Ejecutivo cristalicen en derechos y avances reales. “Nos dejamos el pellejo en las mesas de negociación”, ha defendido Araque, para alcanzar a acuerdos que, en muchos casos, terminan estancados en el trámite parlamentario. “Acabamos de firmar un acuerdo, pero tenemos la sensación de que esto no ha hecho más que empezar”, ha indicado, en relación al acuerdo marco rubricado en noviembre.
Ese acuerdo contemplaba una subida de sueldo acumulada del 11% hasta 2028, así como los ejes de trabajo en otras cuestiones, como la modernización de las administraciones públicas, la agilización de los procesos selectivos o la implementación de la jornada laboral de 35 horas semanales acordada en el pacto anterior. “Afortunadamente, la mayor parte de las medidas no necesitan un desarrollo legal, aunque si normativo”, señalan desde UGT.
Sí tuvo que pasar por el Congreso la subida salarial de los funcionarios para los años 2025 y 2026, que salió adelante pese al voto en contra de Vox y la abstención de Junts. Pero hay otras medidas que siguen atascadas, como la Ley de Función Pública, que incorpora un permiso retribuido de dos semanas para el cuidado de hijos y propone alargar la jubilación forzosa hasta los 72 años, para que quienes lo deseen puedan trabajar hasta esa edad, así como la jubilación parcial anticipada pactada con los sindicatos.
Araque lamenta que UGT está “esperando por esa ley desde 2007”. “Está acordado, nos dejamos el pellejo en la mesa de negociación, ¿por qué no se aprueba? Esto tiene que pasar por el Congreso, pero no puede meterse todo en el mismo saco”, reclama.
En este sentido, desde UGT consideran que, “evidentemente, quien más responsabilidad tiene son los partidos que conforman el Gobierno”, con quien, sin embargo, reconocen haber firmado “grandes acuerdos”. “¿Por qué sale la subida salarial? Porque se consigue que vaya [al Congreso] sin absolutamente nada más. Aquí no hubo problema, pero ¿por qué los partidos políticos que tienen responsabilidades de Estado en este país no tienen la capacidad de elevarse y hacer un pacto social? No estoy hablando de bipartidismo, sino de todos los partidos políticos que defiendan el estado social y democrático de derecho, el progreso y los servicios públicos”, ha exigido.
La jornada de 35 horas semanales, en marzo
Desde UGT han celebrado, no obstante, la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales a lo largo del próximo mes de marzo. Se trata de una medida pendiente del Acuerdo Marco para la Administración del Siglo XXI, firmado en 2022, y para la que el Gobierno inició los trámites a finales del mes de enero. Esto supondrá, estiman desde el sindicato, que la orden esté dada durante el próximo mes y que las plantillas podrán adaptarse a los nuevos horarios, a la espera de implantar estas mejoras también para el personal de instituciones penitenciarias.
Esta reducción es, ha dicho Araque, la “punta de lanza” para rebajar las jornadas laborales y subir los salarios, tanto en las administraciones autonómicas y locales pendientes de esta mejora como en el sector privado. “Las 35 horas están prácticamente en toda la administración local, pero va a ser fundamental para la Comunidad de Madrid, porque su presidenta dijo que hasta que la Administración General del Estado no las asumiera, no las asumiría. Pues bienvenidas a las 35 horas”, ha señalado la representante sindical.
Veto a Seguridad Social
El sindicato ha insistido también en la idea de que vetará cualquier acuerdo o negociación con el Ministerio de Seguridad Social hasta que el departamento que dirige Elma Saiz no resuelva el bloqueo de la jubilación parcial anticipada de los empleados públicos. Este colectivo ya gozaba de ese derecho, pero quedó en el limbo con la reforma de las pensiones, que obligaba a contratar a un relevista de forma indefinida y a tiempo completo, algo que en la administración solo es posible a través de un proceso de oposición, que puede alargarse durante meses o incluso años.
“No se va a tocar absolutamente nada con Seguridad Social si esto no se arregla”, ha defendido Araque, que espera que esté “para salir” aunque “todavía no hay nada concreto”.