Privacidad o seguridad
¿Cuando el terrorismo entra por la puerta, la libertad salta por la ventana? La Comisión Europea prepara una nueva ley que obligará a los proveedores de acceso a Internet a guardar los datos de conexión de sus abonados durante dos o incluso tres años. La medida, muy similar a las normas que impuso Estados Unidos tras el 11S, servirá –en teoría– para facilitar el trabajo de los servicios de inteligencia y la policía en la lucha contra el terrorismo. El actual marco legal ya autorizaba a los Quince a incluir esta regulación en sus leyes –la LSSI ya lo hace, aunque aún no se cumple–, pero la reforma planteada obligará a todos los países a adoptar esta norma.
Los proveedores de acceso a Internet guardarán los números IP –las matrículas con las que nos conectamos a la Red– en una base de datos horaria junto con los teléfonos desde donde se realiza la conexión. La policía sabrá a quién pertenece cada número IP. Cruzando estos datos con los registros de cada servidor, se podrá saber quién entró en una web en un momento determinado. Las posibilidades que da un fichero de este tipo son pavorosas. Pocas cosas identifican más a una persona que las webs que visita. Rastreando mis conexiones, la policía podría conocer con facilidad mis tendencias sexuales o políticas, en qué foros participo o qué canciones me descargo de Internet. Los internautas dejarían de ser anónimos.
¿Merece la pena este sacrificio de la intimidad? ¿Será útil para combatir el terrorismo? Las compañías telefónicas ya guardan registros de este tipo. Aunque no se conocen aún los detalles, todo apunta a que estos ficheros han sido claves en la localización de los supuestos culpables de los atentados del 11M, detenidos gracias un teléfono prepago que no explotó. Sorprende la torpeza de estos terroristas, que compraron los móviles en el locutorio de uno de los implicados. Con lo sencillo que habría sido irse con dinero en efectivo a cualquier otra tienda de teléfonos para borrar rastros.
En la Red pasa lo mismo. Si los asesinos son estúpidos, esta nueva ley será eficaz. Pero, ¿de qué serviría una base de datos de conexiones a Internet si los terroristas utilizan un cibercafé o un punto de acceso público –una biblioteca o una máquina de monedas– para realizar sus comunicaciones más comprometidas? Prescindir de nuestra libertad para defenderla es como disparar a los rehenes para evitar que los mate el secuestrador.