Ana Mezo, portavoz de los pensionistas: “Hay gente que no llega a fin de mes. Más prestaciones sociales y menos rescatar empresas”

El Gobierno vasco ha manifestado su “criterio desfavorable” a la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que plantea crear un complemento para que las pensiones mínimas se equiparen al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y la decisión ha caído como un 'jarro de agua' fría sobre el movimiento de pensionistas, que no entiende que el Ejecutivo quiera privar del debate a una propuesta avalada por las 145.142 firmas que han conseguido. Pero están decididos a plantar batalla. Este lunes volverán a las calles de las principales ciudades vascas, como llevan haciendo casi ocho años, para reclamar que se reconozca el derecho a la “dignidad” de las pensiones. Preparan manifestaciones en las tres capitales vascas para el sábado día 20 como protesta a la decisión del Gobierno, y el día 25 protestarán ante el Parlamento Vasco, coincidiendo con el pleno en que creen que podría darse carpetazo definitivo a su propuesta si los partidos que conforman el Gobierno vasco, PNV y PSE-EE, no cambian el sentido de sus votos. “Es un ataque frontal a la democracia participativa”, dice Ana Mezo, portavoz del Movimiento de Pensionistas de Euskadi, que asegura que los pensionistas están “muy enfadados”. Señala que no hay problemas de dinero en las Cuentas vascas ni de competencias en el Estatuto para poner en marcha este complemento, que debería ser individual, sin tener en cuenta la unidad familiar. “Con la normativa en la mano, podemos decir que efectivamente hay competencia para esto. Lo que falta es la voluntad política”, asegura. “Hemos trabajado mucho para que toda la propuesta estuviera dentro de la ley y fuera factible”.

¿Se esperaban la decisión que ha tomado el Gobierno vasco en contra de que se tramite la ILP?

No, no lo esperábamos, ni tampoco que fuera de esta manera, porque tuvimos conocimiento de la decisión del Gobierno vasco por los medios de comunicación. No se han puesto en contacto con nosotros para nada. Ha habido una falta de respeto en las formas que nos ha gustado en absoluto. Y luego, lo que argumentan en contra de que se tramite en el Parlamento, no tienen ni pies ni cabeza. No dan ningún dato especial, no se basan en ninguna normativa que no hayamos cumplido. Hay un enfado bastante generalizado y bastante fuerte en el movimiento de pensionistas, porque hemos trabajado durante un año de una manera digna y siendo muy escrupulosos para que todo estuviera dentro de la ley.

Dice que hay un enfado generalizado porque se desprecian las más 145.000 firmas que avalan la ILP. ¿Cree tendrá consecuencias desde el punto de vista electoral para estos partidos?

Mi opinión personal es que sí. Lo que planteamos con esta iniciativa es proteger la ciudadanía, proteger a un colectivo de pensionistas y dentro de ese colectivo, proteger a la gente que lo está pasando mal sin poder llegar a fin de mes, y hay mucha. Y sobre todo, mayoritariamente mujeres, aunque también hay hombres. El enfado es general. Nosotros, como movimiento, no entramos en si hay que castigar o no en las elecciones a un partido político u otro. Pero a partir de ahora, cada persona, cada pensionista y la ciudadanía en general, tendrá que pensar en cómo el gobierno, que ahora mismo está conformado en Gasteiz por el PNV, por el PSE-EE, actúa en cuanto a prestaciones sociales. Hay gente que cree que si ellos no son capaces de cambiar su opinión, igual habrá que cambiar de gobierno. Eso ya lo dejamos en manos de cada una de las personas, pero lo está claro es que estamos muy enfadados. Porque claro, hay que subrayar que esto es una Iniciativa Legislativa Popular, que de lo que se trata ahora, de momento, es de decidir su entrada a trámite o no en el Parlamento para su debate y posterior votación. Ni siquiera estamos ahora en el punto de que haya que decidir si sí o si no a la iniciativa. Entonces me parece que es un ataque frontal a la democracia participativa. Porque no sólo son 145.142 firmas, sino que una ILP que ha tenido el apoyo de todos los sindicatos sin excepción, de más de 100 grupos sociales y feministas y de 300 personas de diferentes ámbitos, del mundo del deporte, la cultura de la universidad, del feminismo... Un apoyo muy muy amplio.

Lo que planteamos con esta iniciativa es proteger a la gente que lo está pasando mal, sin poder llegar a fin de mes, y hay mucha

¿Cree que se está intenta evitar el debate?

Pues sí. Por lo que sabemos se quiere ventilar el tema de manera fulminante. Es probable que vaya a pleno el día 25 de septiembre. Ahí tenemos la posibilidad de defender la ILP. Luego se votará si entra a trámite o no, y si en la votación en el PSE-EE y PNV no cambian la intención de voto que han adelantado con la postura del Gobierno, pues ahí se acaba todo y se cierra la puerta al debate, se le cierra la puerta a toda esa gente que ha estado apoyando esta iniciativa legislativa popular y se le cierra la puerta a la democracia participativa. Ha sido un despropósito salir de esta manera. Sabíamos que si se admitía a trámite habría enmiendas, negociación y cambios..., pero esto ha sido dar directamente carpetazo al tema por parte del Gobierno.

La pensión media puede estar alta, pero las medias matemáticas esconden realidades, como la de la gente que cobra 500 u 800 euros

Una de las razones que da el Gobierno vasco para rechazar la iniciativa es que en Euskadi la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) ya complementa las pensiones mínimas. Dígame por qué la RGI no es suficiente.

La RGI está planteada sobre todo para personas que en un momento determinado están en paro y hasta que encuentren trabajo es una ayuda que, la verdad, es que está muy bien. Hasta ahí. Luego hay una RGI especial para pensionistas. Redondeando hay unas 70.000 personas susceptibles de acceder a la RGI, para lo que hay que cumplir unas condiciones. La mayoría de esas personas son mujeres, mayores, que son las que tienen las pensiones mínimas. Esas mujeres son fundamentalmente aquellas que se casaron, por ejemplo, en el siglo pasado, en la década de los 70, que se retiraron a casa a hacer trabajos de cuidados, hijos, hijas, personas mayores, dependientes. Mujeres que han trabajado muchísimo, pero que era el marido 'el que iba a trabajar,' a 'hacer un trabajo productivo'. Esas mujeres no han cotizado o una vez que los hijos e hijas crecían salían al mundo laboral, pero con trabajos precarios y entonces sus pensiones son muy bajas. Si una mujer pide la RGI porque cumple con las condiciones, pero está casada o en pareja de hecho, se tiene en cuenta la pensión del marido, que siempre es más alta, y ya no se concede a la mujer.

Es decir, se mantiene a estas mujeres dependientes del marido.

Claro, es que aquí también hay un punto de vista feminista, porque hablamos de una época en la que las parejas, la mayoría heteros, se conformaban de forma que la mujer era sumisa al marido, incluso en el tema económico. Ha habido mujeres que no han podido librarse de su marido o de emanciparse, porque no tenían unos medios económicos suficientes como para hacer eso. Yo creo que ese tipo de cosas tampoco se pueden olvidar, porque esto ha sucedido y sigue sucediendo. Por eso, una de las condiciones de nuestra Iniciativa Legislativa Popular era que complemento a la pensión considerara a cada persona susceptible como unidad económica individual, sin tener en cuenta ni maridos ni historias.

Precisamente este carácter universal e individual es una de las cosas que el Gobierno vasco cuestiona, porque dice que habría “solapamientos” de ayudas y colectivos más beneficiados que otros.

Pero hay topes en las pensiones que no se pueden superar. Y actualmente, también quien ha cotizado más, cobra más, quien ha tenido posibilidad de tener un mejor trabajo, cobra más, quien después de la crisis de 2008 le cerraron su empresa después de haber estado cotizando 40 años, tiene sanciones de hasta el 24% en su pensión y ha sido totalmente involuntario que dejara de trabajar. Esto es muy complejo. También dicen que igual hay gente que está en el mundo laboral cobrando menos sueldo que algunos pensionistas. Y hay que dejar claro que nosotros, a la vez que estamos pidiendo pensiones dignas, también estamos pidiendo el SMI y sueldos mínimos dignos también para los trabajadores. Eso está en un apartado dentro de nuestra iniciativa Legislativa Popular, y los sindicatos también han planteado otra ILP para que se dignifiquen los sueldos de la gente que está en el mundo laboral actualmente.

Qquieren poner a los jóvenes y los pensionistas en contra, pero hay muchísima gente joven que en esta recogida de firmas se ha acercado y nos ha dicho que somos ejemplo

Hablando de la relación entre pensiones y salarios, muchas veces se destaca que la pensión media de Euskadi es de las más altas del Estado, que está por encima de lo que cobran muchos jóvenes. No les gustará mucho oír eso cuando hay pensionistas que no llegan a fin de mes.

Pues hay bastantes que no llegan a fin de mes, así de claro. Hay pensionistas que están en invierno sin poder encender la calefacción. Hay medios de comunicación que quieren poner a los jóvenes y los pensionistas en contra. Y lo siento mucho, pero hay muchísima gente joven que en esta recogida de firmas se ha acercado a nosotros y nos ha dicho, y lo cuento con toda la humildad, que somos un ejemplo. Y además, la pensión media puede estar alta, pero las medias matemáticas esconden realidades, como la realidad de la gente que cobra 500 y 800 euros. La media aritmética esconde todo eso.

Y volviendo a la RGI, ustedes denuncian que las ayudas no llegan a todo el mundo que cumple las condiciones, ¿por qué?

Hay 70.000 personas susceptibles de cobrar el complemento de la pensión y sólo lo están cobrando aproximadamente 15.000, algo está pasando. Lo tienes que pedir y entonces se deja fuera a la gente más vulnerable, a la que menos posibilidades y más dificultades tiene de hacer las solicitudes. Con esta ILP, y el complemento de forma directa a las pensiones mínimas se beneficiarían casi unas 100.000 personas. Porque nosotros planteamos que si una persona cumple las condiciones para tener una ayuda económica la administración se la dé de oficio. Las haciendas de los tres territorios conocen nuestros datos y se saben de memoria cuáles son nuestros muebles, inmuebles, dineros y demás. A la gente que le corresponda, por favor, dáselo.

El Gobierno puede dar cobertura social a la gente que lo está pasando mal o destinar el dinero a comprar armamento

¿Quiere decir que hay pensionistas que se quedan sin la ayuda de la RGI porque no saben que tienen derecho a ello?

Hay una cifra elevada de gente muy mayor que vive sola y una cifra elevada dentro de esa gente que son mujeres, y aquí también tiene mucha importancia la brecha digital. Hay falta de información y luego hay un problema para la tramitación. No tienes las posibilidades de ir de una ventanilla a otra, digital, tampoco, y telefónica tampoco, porque últimamente es aprieta uno si quieres esto, aprieta dos, si quieres lo otro.... Si tienes un entorno familiar que te puede ayudar, muy bien, pero hay gente que vive sola. Así que por favor, hay que actuar y dar más dinero a prestaciones sociales y menos a rescatar empresas. Porque rescatar empresas que están en crisis, está muy bien, pero también están las personas. Detrás de las cifras y de nuestra propuesta hay personas con nombres y apellidos, con caras. Personas que, además, tienen mucha edad.

Detrás de las cifras y de nuestra propuesta hay personas con nombres y apellidos, con caras. Personas que, además, tienen mucha edad

El Gobierno dice que poner en marcha esta propuesta sería insostenible desde el punto de vista financiero

No podría patas arriba nada. Si el Gobierno tiene un dinero lo puede utilizar para prestación social y dar cobertura social a la gente que lo está pasando mal, o puede mandar esos dineros a comprar armamento, ya si me voy al extremo. Se trata de una decisión política, porque, de momento, no hemos visto el informe jurídico que supuestamente ha hecho el servicio jurídico del Gobierno. No hemos visto nada. Lo hemos pedido ya, igual que una reunión con el vicelehendakari Mikel Torres, pero todavía no hemos visto nada. Son decisiones políticas y las políticas se pueden cambiar. Yo no sé si es porque los políticos están cobrando unos sueldos tan buenos, tienen un nivel de vida que no les deja ver el nivel de vida que tiene otra gente. No lo entiendo desde el punto de vista humano. Aunque yo pueda tener una pensión digna, si miras un poco tu entorno, seguro que hay gente que igual lo está pasando peor. Hay que mirar a la ciudadanía cómo está, cómo vive, porque con el complemento se trata de permitir que una persona pensionista, en su última fase de la vida, pueda vivir dignamente. Y cuando decimos vivir dignamente, decimos una alimentación digna y una vivienda digna, no lujosa.

¿Y de cuánto dinero estamos hablando?

Serían unos 300 millones anuales calculados a lo alto, el 1,14% del presupuesto del Gobierno vasco, que se iría rebajando con el paso de los años porque habrá menos gente que necesite el complemento de la pensión.

¿Y si tuvieran capacidad para decidir las partidas presupuestarias, de dónde sacarían ese dinero?

Pues yo creo que hay dinero que se da a grandes empresas...de ahí se podían sacar perfectísimamente. De todas maneras, en el grupo de pensionistas hay gente que en su trabajo han sido economistas, abogados, saben de matemáticas, de estadística... gente que ha estado con cargos políticos en las instituciones, portavoces de sindicatos...Si nos dieran el presupuesto para el 2026, la modificación la haríamos seguramente en cuatro horas. No es difícil sacar el dinero, lo que pasa es que es una decisión política. Y Mikel Torres hablaba de problemas competenciales y tampoco es cierto. El Estatuto permite que se den este tipo de ayudas con total competencia. Así se lo dimos a entender al lehendakari Imanol Pradales, y al vicelehendakari Mikel Torres en la reunión que mantuvimos en julio. Con la normativa en las manos, podemos decir que efectivamente hay competencia para esto. Lo que falta es la voluntad política.