El Gobierno vasco ha manifestado su “criterio desfavorable” respecto a la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que plantea crear un complemento para que las pensiones mínimas se equipararan al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El Ejecutivo vasco ha considerado que esta propuesta, respaldada por 145.142 firmas presentadas en el Parlamento Vasco “resulta innecesaria y contraria a la coherencia del actual Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, que recuerda que ”se aprobó recientemente por el Parlamento Vasco con un amplio consenso político“.
El criterio negativo del Gobierno vasco no impide el debate en el Parlamento, pero teniendo en cuenta las mayorías que hay en la Cámara vasca con, mayoría absoluta por parte de los partidos de Gobierno, PNV y PSE-EE, el recorrido de la medida no pasará de ese primer debate.
El vicelehendakari segundo del Gobierno vasco, y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha defendido esta decisión anunciada tras el Consejo de Gobierno de este martes porque “la protección para los perceptores de pensiones ya está integrada en el sistema” y porque supondría “un gasto estructural insostenible para las finanzas públicas vascas”.
Torres ha recordado que desde 2008, Euskadi dispone de “un modelo propio de garantía de ingresos que asegura rentas mínimas dignas y contempla medidas específicas para pensionistas”. En su opinión la Ley 14/2022 reforzó estas coberturas, “situando las cuantías por encima de los umbrales de pobreza europeos y reconociendo a las personas pensionistas como colectivo prioritario”.
En concreto, ha señalado que se contemplan complementos del 40% sobre la cuantía base, reconoce unidades de convivencia excepcionales y realiza revisiones periódicas para garantizar la adecuación de las cuantías. Actualmente, un pensionista individual puede alcanzar una renta máxima garantizada de 1.080,82 euros mensuales, -actualmente el SMI está en 1.184 euros-. Esta cantidad de la pensión aumenta en función del tamaño de la unidad de convivencia, hasta 1.535,91 euros.
En opinión del Gobierno vasco “este sistema evita duplicidades y desigualdades frente a la propuesta de la ILP que plantea complementar las pensiones de forma individualizada, sin tener en cuentas los ingresos de la unidad de convivencia, y desvinculado del análisis de necesidad económica, lo que generaría solapamientos con las prestaciones vigentes y un trato preferente hacia un colectivo en detrimento de otros grupos vulnerables, como personas con discapacidad o personas trabajadoras con bajos ingresos”.
El Ejecutivo también argumenta para tumbar la propuesta de los pensionistas que aplicar la ILP supondría “un gasto estructural insostenible para las finanzas públicas vascas”. “Por todo ello, el Ejecutivo considera que la ILP no se ajusta ni a la normativa vigente ni a los principios de sostenibilidad, equidad y coherencia del modelo vasco de protección social. Y recuerda que la propuesta no cumple los requisitos establecidos en el Reglamento del Parlamento Vasco en relación con las iniciativas que implican un aumento de los créditos presupuestarios”.
Por otro lado, el Gobierno vasco también ha destacado la falta de competencias en lo se refiere a las pensiones, y considera que “por la naturaleza de la medida, corresponde al ámbito estatal abordar posibles mejoras generales de pensiones, mientras que el sistema vasco ya garantiza la protección social desde la asistencia”.
El movimiento de pensionistas no ha recibido la comunicación de la medida antes de que el vicelehendakari lo haya anunciado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Torres ha dicho que se reunirán con ellos para explicarles los motivos. En la manifestación del pasado día 18 en Bilbao los pensionistas señalaban que se trata de un “clamor popular” la admisión a trámite de la medida y el criterio favorable a ello por parte del Gobierno. Pero ya adelantaban que los apoyos del PNV y PSE-EE estaban en el aire.
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