La vacunación masiva de la población se plantea como la mejor solución para paliar los efectos de la COVID-19. Desde la perspectiva de un observador ingenuo, se intuye que el objetivo a medio y largo plazo es la inmunidad de rebaño que permita regresar a la rutina anterior a enero de 2020. A corto plazo, los objetivos prioritarios serían evitar el colapso del sistema sanitario de un país y evitar los decesos causados directa o indirectamente por la pandemia.
Como muchos otros ciudadanos y ciudadanas, asisto perplejo al circo que se ha montado en torno a la vacunación en todo el mundo, salvo escasas excepciones. Como estamos habituados, nuestro país aparece en primera fila cuando se trata de políticos que responden a un problema dando preferencia a su posición de poder en lugar de a los intereses de la población. Sorprende que los criterios que los políticos han decidido adoptar para administrar la vacuna, después de inmunizar a la población más expuesta (que todavía está esperando en muchos casos), hayan sido tan simples como la edad.
Tampoco se entiende que el sistema de salud del País Vasco, que creíamos a la vanguardia del Estado, esté a la cola de las vacunaciones (mientras escribo estas líneas sigue en cerca de un 20% de las vacunas completadas con respecto a las suministradas, el nivel más bajo absoluto de todas las comunidades), y que nadie haga preguntas sobre este asunto.
Si se trata de inmunizar cuanto antes a la población de mayor riesgo, no se han tenido en cuenta los estudios que indican que las enfermedades previas, diabetes, cardiopatías y enfermedades respiratorias crónicas, en especial, son factores de riesgo que agravan el pronóstico de una infección por coronavirus con independencia de la edad. Nadie desde la Administración ha explicado la razón por la que no se han tenido en cuenta estos factores de riesgo. Según los estudios de prevalencia de la COVID-19, una persona de 70 años que padece una cardiopatía, diabetes o EPOC es candidata a la UCI o al tanatorio con mayor probabilidad que una persona de 80 años sin las patologías citadas. Para colmo, en el tramo de 65 a 80 años, se está dando ya la contradicción de que personas con buena salud con menos de 65 años se hayan vacunado mientras que personas con 79, con una cardiopatía, como es mi caso, no.
La escasez de vacunas y la lentitud en poner las que ya se tienen está prolongando el tiempo de exposición de la población con edades inferiores a los de 80 años en riesgo por patologías asociadas. La enorme amplitud del tramo 65 a 80 años (hay más de 9,28 millones de personas en España con más de 65 años) aconsejaría usar el factor de riesgo para establecer prioridades dentro de este grupo de edad y reducir la exposición de estas personas al virus.
Los plazos de adquisición de vacunas y la lentitud administrativa dan margen de tiempo para diseñar una estrategia de llamada sobre la base de los datos que de cada paciente se conservan en los registros de los servicios de salud de cada comunidad autónoma. ¿Por qué no se hace? Mientras llegan las vacunas y se administran, está muriendo gente.
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