Cuando la Justicia deja de parecer Justicia
Hace pocas semanas, una encuesta revelaba que más del 65% afirmaba que existía 'lawfare' en la justicia española. Este porcentaje, nada pequeño, demuestra que la desconfianza en la justicia no es cosa de ciudadanos y ciudadanas con una única orientación política, sino una opinión bastante generalizada y transversal que bien haría en obligar al Poder Judicial a revisar qué papel está desempeñando en la creación de este clima.
No estamos ante una queja puntual contra un tribunal concreto, sino ante la extendida sensación de que una parte de nuestra judicatura ha decidido asumir el papel de actor político. Y cuando una mayoría social percibe que los procedimientos judiciales se usan como armas políticas, el problema ya no es de imagen, sino de calidad democrática.
Frente a esa percepción social de descrédito de la justicia, la peor respuesta posible es cerrar filas y despreciar la crítica, confundiendo la independencia judicial con una suerte de impunidad que les exima de la más mínima rendición de cuentas propia de cualquier sistema democrático.
Por eso resulta sonrojante ver, con la que está cayendo, a magistrados como el señor Marchena lamentar la “tragedia” que supone esta desconfianza en la justicia, como si no pudiera entender a qué se debe. Es, simplemente, como si Donald Trump se quejara amargamente del caos en el panorama internacional.
Lo que hoy inquieta a la ciudanía no son teorías conspiranoicas o reflexiones abstractas. Hablamos de casos concretos, con nombres y apellidos, que han marcado la agenda política y mediática y en los que la extrema derecha que hoy representan PP y Vox, ha encontrado colaboradores necesarios en el ámbito judicial, dispuestos a sostener sus planteamientos.
Hablamos del inédito juicio al Fiscal General de Estado, que lanzó un mensaje devastador con una condena sin pruebas contra Álvaro García Ortiz, en la que el Tribunal Supremo decide castigarle porque “él o alguien de su entorno”, podría haber filtrado un mail. Hablamos de la bochornosa instrucción de un caso 'fake' contra Begoña Gómez en el que, día sí y día también, las decisiones del juez Peinado se convierten, para cualquier ciudadano medio, en la mejor de las razones para desconfiar de un Poder Judicial que permanece impasible ante todo tipo de desmanes.
Y hablamos, hoy también, de una más que dudosa sentencia contra David Sánchez, en la que la Audiencia Provincial de Badajoz, tras un proceso criticado desde posiciones muy distintas, reconoce que no hay pruebas de que nadie pidiera o presionara para crear la plaza, que no hay tráfico de influencias, pero aun así condena al hermano del presidente por el simple hecho de presentarse a una plaza, para la que estaba sobradamente cualificado.
Es ahí, en esa cadena de procedimientos dudosos, impulsados por acusaciones populares de la extrema derecha, donde la idea de 'lawfare' deja de ser una sospecha y pasa a describir una un peligro real: el uso selectivo de la justicia para desgastar, deslegitimar y tratar de condicionar el resultado del juego democrático. Y cuando eso ocurre y las togas, en lugar de servir de dique de contención a estas pretensiones, se alinean de facto con esa estrategia, lo que se pone en cuestión no es sólo una sentencia concreta, sino la propia credibilidad del Poder Judicial.
Cuando más de seis de cada diez ciudadanos ven ya la justicia como un campo de batalla ideológico, la tragedia no es que lo digan. La tragedia es que ante ese diagnóstico, el Poder Judicial siga mirando hacia otro lado. Porque cuando la sociedad percibe que las togas han dejado de ser la última garantía y se han convertido en un actor más de la confrontación política, lo que se pone en juego no es el prestigio de unos cuantos magistrados, sino la supervivencia misma de un Estado de Derecho que merezca ese nombre.