Un proyecto de ley educativa de cuño neoliberal

En la comparecencia en la Comisión de Educación me pregunté retóricamente si el proyecto de Ley de Educación presentado en el Parlamento vasco no suponía asumir un marco neoliberal para nuestra educación. En las próximas líneas voy a tratar de profundizar en las razones que me llevaron a realizar aquella reflexión. De forma resumida, entiendo por marco neoliberal aquel que fomenta o protege la externalización del servicio educativo por medio de las iniciativas privadas (privatización exógena) o bien que promueve los parámetros de pensamiento del mercado para incorporarlos a un supuesto funcionamiento más eficiente de dicho servicio (privatización endógena).  

Respecto a la primera, la privatización exógena, el Acuerdo educativo de abril de 2022, apostó por un crecimiento cuantitativo y cualitativo de la Escuela Pública para irla convirtiendo, sin prisa (12 años), pero sin pausa, en la red hegemónica del sistema, no necesariamente monopólica. A la vez, en línea con la UNESCO más partidaria de las regulaciones y controles rigurosos por parte de la Administración que de las soluciones basadas en el mercado, se propuso un replanteamiento más exigente de la participación de los centros privados, dejando atrás la concertación universal hasta ahora practicada, bajo el exclusivo parámetro de la demanda, y poniendo en circulación el concepto de centros de interés social con objeto de limitar la financiación a los centros que obtuvieran ese reconocimiento. En definitiva, el Acuerdo buscó, sin rupturismo, pero sin ambages elevar el listón de las exigencias públicas. 

Por el contrario, la reglamentación desarrollada en el último año, después del Acuerdo de abril de 2022, no ha hecho sino profundizar en el esquema de una Administración que considera que no debe reparar en la titularidad pública o privada, ahondando en una política técnicamente conocida como de Alianza Público-Privada. En efecto, en este terreno de la privatización exógena se ha ampliado la cobertura de los conciertos a dos años en Educación Infantil (algo no mencionado en el Acuerdo), se ha renovado el sexenio de los conciertos sin mayores condicionamientos que la demanda, se rebajaron las ratios para constituir más fácilmente grupos en un contexto de bajada de la natalidad, se ha mantenido en muchas localidades una sobreoferta en la matriculación, se ha incrementado la financiación de los centros concertados sin ninguna discriminación según la función que cumplen, se han repartido 25 millones en ayudas a los centros de Educación Infantil, se ha pedido “flexibilidad” para el uso con carácter finalista de 11 millones de ayudas europeas para la creación de plazas públicas en dicha etapa y se ha aprobado un Decreto de Planificación que asegura una plaza “en un centro sostenido con fondos públicos”. 

El Proyecto de ley presentado es también deudor de este esquema de complementariedad de redes bajo el constructo del Servicio Público Vasco de Educación (con mayúsculas) que supone una consolidación de facto de la concertación universal, pues la traslación mimética al proyecto de Ley del farragoso punto 24 del Acuerdo donde se adelantaron 13 características que deben cumplir los centros que deben formar parte de dicho Servicio, además de impropia de una ley, es conceptualmente confusa y su cumplimiento casi imposible de verificar. Haber añadido la Declaración Universal de los Derechos Humanos no hubiera aportado más garantía. A cambio de esto, se ha optado por sacar de la agenda pública el debate sobre lo público, la pública, y el papel que se le quiere otorgar a la concertada en las próximas décadas. Eso pretendía precisamente el punto 23 del Acuerdo. 

En el terreno de la privatización endógena, de forma consciente o no, el proyecto de Ley asume criterios y fórmulas de la Nueva Gestión Pública, filosofía de finales del siglo pasado que pretende reformar los servicios públicos para hacerlos más ágiles y eficientes a los ciudadanos-consumidores asumiendo algunas pautas de funcionamiento del mercado. En ese sentido, el empoderamiento y el liderazgo de los equipos directivos, las políticas basadas en tomar el centro educativo como la unidad administrativa fundamental, el impulso de la autonomía, la rendición de cuentas, la recentralización posterior por medio de pruebas externas, aunque todavía hoy día sin consecuencias para el profesorado y los centros y una retórica sobre la necesidad de una innovación permanente forma parte de este horizonte de compresión que adopta en buena parte el proyecto de Ley, políticas muchas de ellas deseables, siempre que no caigan en una perspectiva gerencialista, sino de servicio público y comunitario.  

Sigamos indagando. La exposición de motivos es un ejercicio de retórica buenista en la que la necesidad de incorporarse al proceso de transformaciones sociales y la adaptación a las mismas van de la mano, sin un atisbo de análisis crítico de nuestras sociedades. Todo el texto legal, en su conjunto, está lleno de referencias terminológicas al uso de la actual filantropía capitalista y de su prima-hermana el coaching (resiliencia, innovación, flexibilidad, adaptación, empatía, trabajo en equipo, emprendizaje, pensamiento propio, gestión del conflicto, etc.), universo conceptual que pone en guardia, pero que por sí mismo puede no ser concluyente por su ambiguo carácter humanístico. Pero su sentido termina de desvelarse con la aparición de otros elementos inequívocos propios de dicho horizonte de comprensión.

Citaré tres ejemplos. Los contratos-programa como modelo de control de los centros y de rendición de cuentas. Esta es una herramienta estrella de la Nueva Gestión Pública. Sustituye lo que en el Acuerdo es la distribución diferenciada de recursos según necesidades (el ICE). Por medio de los contrato-programa, los centros van a entrar en dinámicas competitivas por la adquisición de recursos, especialmente grave en esta etapa de lucha por la supervivencia. En el acceso a estos recursos no todos los centros parten del mismo punto, porque no todos tienen la misma capacidad gerencial. La generalización de los contratos-programa puede acarrear unas diferencias entre centros difíciles de predecir. A ello se une, segundo ejemplo, el sello de calidad que se propone para los centros que lo merezcan, otro elemento que traerá aparejadas dinámicas de distinción y diferenciación y no de colaboración. Finalmente, tercer ejemplo, la manera como se entiende la autonomía de los centros queda ilustrada en el echar sobre sus hombros la responsabilidad de alcanzar los niveles de logro propuestos para las lenguas a la finalización de Enseñanza Obligatoria, sin marco regulatorio alguno, para que el proyecto lingüístico de cada centro obre el milagro necesario. 

Parece que hay elementos claros que apuntan a una profundización en las formas de privatización tanto endógena como exógena. La literatura científica comparte un amplio consenso sobre la relación directamente proporcional entre la provisión privada de la educación y las desigualdades, aunque no sea la única razón de estas. Es por ello por lo que el debate sobre la educación concertada y su contribución a la equidad está cada vez más presente en la comunidad internacional, pero todavía sigue pendiente en nuestra sociedad vasca, pese a que algunos agentes educativos acogidos a la iniciativa privada impugnan el actual marco de lo público. Precisamente por ello urge más ese debate. Parece, en cambio, que la prisa por convertir en Ley el actual proyecto puede terminar orillando una vez más el abordaje de esta cuestión. 

Pese a la común reivindicación de un sistema educativo propio, nos queda la pregunta del para qué, pues frente a un marco estatal con cierto tinte socialdemócrata, se está oponiendo una ley vasca más escorada al neoliberalismo y deliberadamente inconcreta que permita hacer, bajo una conceptualización humanista, cualquier tipo de política privatizadora, lo que podría representar una lamentable oportunidad perdida. ¿Estamos a tiempo?