Covite ve “fraudulentos” dos nuevos terceros grados a los presos de ETA Olarra Guridi y Zabalo Beitia
La asociación de víctimas del terrorismo Covite ha denunciado este jueves la concesión de dos nuevos terceros grados que ve “fraudulentos” a los presos de ETA Juan Antonio Olarra Guridi y Xabier Zabalo Beitia. Además, ha pedido “la dimisión” de la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, la socialista María Jesús San José.
Olarra Guridi fue uno de los máximos responsables del aparato militar de ETA y sobre él pesaban condenas que superaban los 1.000 años de prisión por diferentes atentados y delitos relacionados con la actividad terrorista de la banda. Ya tenía concedida una flexibilización del segundo grado mediante el artículo 100.2. En el caso de Zabalo Beitia, se le había concedido el tercer grado en 2025. Sin embargo, la Fiscalía recurrió aquella decisión y el juez terminó revocando la progresión hacia la semilibertad.
En un comunicado, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha criticado que “el Gobierno vasco vuelve a conceder beneficios penitenciarios a presos de ETA sin exigirles un arrepentimiento real, público, verificable y acompañado de hechos objetivos de desvinculación de la izquierda abertzale”. A juicio de Ordóñez, estas dos nuevas concesiones constituyen “un nuevo episodio de la amnistía encubierta que el Ejecutivo autonómico vasco viene aplicando a los presos de ETA”, informa Europa Press.
Ordóñez enmarca estas dos nuevas concesiones en “un contexto de creciente desautorización judicial de la política penitenciaria del Gobierno vasco”, que tiene la competencia desde 2021. “Esta política se sostiene sobre el fraude de las cartas privadas de supuesto arrepentimiento”, según la hermana del dirigente del PP asesinado en 1995.
En este contexto, el Parlamento Vasco ha aprobado una resolución con los votos del PNV y el PSE-EE que insta al Gobierno autonómico, compuesto por ellos mismos, a “reforzar” las políticas de reconocimiento, verdad, justicia y reparación a las víctimas del terrorismo y de otras vulneraciones de derechos humanos, así como a estudiar nuevas medidas educativas, sociales o sancionadoras “con el fin de prevenir la revictimización y consolidar una memoria inclusiva, crítica, ética y democrática”. La proposición no de ley original era del PP e instaba a que en el plazo de seis meses y en cooperación con las asociaciones de victimas del terrorismo, llegue a la Cámara un proyecto de ley de modificación de la norma de reconocimiento y reparación a las víctimas.