El Estatuto cumple 46 años y Pradales pide a Sánchez que pase a la historia como el presidente que lo cumplió

Este sábado es 25 de octubre y el Estatuto de Gernika, de 1979, cumple 46 años de su validación en referéndum. Ni es un aniversario redondo ni es un día festivo, ya que esa operación solamente duró la única legislatura sin lehendakari del PNV, la de Patxi López. Sin embargo, sí es un año singular para el autogobierno vasco porque, si se cumplen los planes, antes de que acabe el año los Gobiernos central y vasco habrán cerrado las transferencias pendientes desde hace más de cuatro décadas y media. Altos cargos de ambas partes negocian ya los traspasos, incluida la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, iniciado ya este verano y que terminará por ceder a una comunidad autónoma unas funciones de las que nunca antes se ha desprendido el Estado.

“Pedro Sánchez tiene la oportunidad histórica de hacer lo que todos sus predecesores no han hecho. De cumplir en su integridad el Estatuto de Gernika y de saldar la deuda con este pueblo. Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para facilitar eso. Hemos hecho diez propuestas concretas al Gobierno español. El tiempo avanza. Necesitamos otro ritmo. Solamente pedimos la misma altura de miras que ha mostrado este pueblo, que se cumpla con la palabra dada [...]. Será Pedro Sánchez quien decida cómo quiere ser recordado por el pueblo vasco, como el presidente español que cumplió el Estatuto de Gernika tras años o como uno más en la larga historia de quienes lo incumplieron. Debe decidir si cumple la palabra dada y deja pasar esta oportunidad histórica. Confío, confío en que cumpla y en su mano está”, ha solemnizado este viernes en el Parlamento Vasco el lehendakari, Imanol Pradales.

Pradales y Sánchez supervisan semestralmente este proceso con cumbres bilaterales que ellos mismos presiden. La última fue en julio y activó el proceso con la Seguridad Social. Y se espera una más -quizás la definitiva- en diciembre. Sin embargo, son otros cargos los que están sumergidos en el día a día de las negociaciones. En el caso autonómico, es la consejera María Ubarretxena, de la máxima confianza de Pradales y, además de portavoz, titular de la cartera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno. Se conoce de memoria ya la ruta entre Vitoria a Madrid, con viajes casi semanales a la capital, según se viene publicitando. En su equipo emerge también la figura de la desconocida Begoña Pérez de Eulate, directora de Autogobierno con tres lehendakaris, Juan José Ibarretxe (ocho años), Iñigo Urkullu (ocho años) y ahora Pradales. Al otro lado, el ministro responsable es Ángel Víctor Torres, aunque el interlocutor más frecuente es el secretario de Estado Arcadi España. Después, intervenienen los cargos sectoriales afectados por las negociaciones y aquí el PNV se ha quejado -en público y en privado- que cuando entran en juego áreas de Sumar sienten que las dificultades son mayores.

¿Y qué se negocia? La Seguridad Social es la pieza más codiciada para completar el rompecabezas. El Estatuto dice que la comunidad autónoma tiene competencias de gestión, es decir, de abono de las prestaciones con sus propios medios e instalaciones. El Estado retendría en todo caso las funciones legislativas y la fijación de las cuantías. Siempre se ha dejado claro -entre otras cosas porque lo exige la ley- que el acuerdo nunca romperá la denominada 'caja única', el modelo unitario de financiación del sistema y de solidaridad interterritorial. El proceso se inició en verano con la cesión de prestaciones no contributivas, siguió a la vuelta de las vacaciones con un acuerdo son el Sepe (el antiguo Inem, que gestionaba las prestaciones de paro o políticas pasivas) y ahora se trabaja en las pensiones. El calado del traspaso es tal que podría duplicar el presupuesto actual que maneja la Administración vasca, de 15.000 millones.

Después queda otra decena de materias, pero no tan relevantes. De hecho, los traspasos pendientes más simbólicos ya se han acometido estos años, tanto en el final de la etapa de Urkullu como en el arranque de la de Pradales. Han sido Prisiones (2021), Cercanías (2025) o Costas (también 2025). Euskadi ha pedido también gestionar los paradores de turismo de Hondarribia y Argomaniz, gestionar las matriculaciones de vehículos -sin poder tocar el sistema estatal único vigente desde 2000- y sus permisos de circulación, hacer exámenes de conducción para agilizar la lista de espera, organizar las elecciones municipales -esto lo harían las diputaciones y no el Gobierno vasco-, subrogarse la posición del ICO y de Cofides, reforzar el control autonómico sobre los seguros privados y agrarios y asumir el organismo Cedex. Asmismo, al margen de las transferencias se plantea reforzar la inspección pesquera y el control de los servicios priviados de seguridad. Ahora bien, el Gobierno ha renunciado a las competencias de hidrocarburos -desde 2021 está prohibida la extracción en España- y a ganar funciones en materia de Bolsa, ya que la de Bilbao ya está supervisada 'de facto' por las instituciones vascas. En total, aguardan una docena de acuerdos.

¿Por qué 2025? La fecha fue un compromiso adquirido con Sánchez en 2023 a cambio del apoyo del PNV a la investidura. Técnicamente, podría ocurrir que algunas funciones entrasen en vigor más adelante, pero el objetivo es que los acuerdos políticos estén cerrados en ese plazo. “Euskadi ha hecho sus deberes”, repite la consejera Ubarretxena allá donde le preguntan. Y añade: “Ahora la pelota está en el tejado del Gobierno español”. “Sabemos que no va a ser fácil, pero no es imposible”, inciden desde el Gobierno de Pradales.

En estas conversaciones, la parte del PNV del Gobierno vasco ha incorporado también dos asuntos adicionales, el debate sobre la gestión de los aeropuertos y los puertos. La Constitución y el Estatuto acotan que las infraestructuras que tengan la etiqueta de “interés general” serán de gestión centralizada en ambos casos. Euskadi ya recibió en 1982 la capacidad de gestión de los puertos que no son de ese nivel, por ejemplo. Además, tiene capacidad para hacer nombramientos en los que se mantienen en la red estatal, Bilbao y Pasaia, cuyos directivos llevan años siendo próximos a los nacionalistas.

En el caso de los aeropuertos, los tres tienen la máxima categoría y pertenecen a Aena, el operador estatal con un 49% de capital privado. Sí existe el precedente de Catalunya, que ha creado un gestor autonómico, aunque para instalaciones de pequeño tamaño y poco volumen de tráfico, tanto de viajeros como de mercancías. La propuesta del PNV es que el Estado acceda a crear una filial de Aena. Los Gobiernos central y vasco han constituido una subcomisión para canalizar el interés autonómico en coparticipar de la gestión de las terminales de Loiu, Foronda y Hondarribia, pero fuentes del Estado recalcan en privado que eso, en ningún caso, implicará una transferencia. Se trabaja en una fórmula “negocial” para dar más peso a las instituciones locales.

En cuanto al debate portuario, el asunto es más complejo. El PNV ha pedido públicamente que uno de los dos puertos de “interés general”, Pasaia, sea degradado y transferido. Cree que podría irle mejor con más inversiones y cercanía. Eso sí, su socio de Gobierno y principal fuerza del Ejecutivo central, los socialistas, ha avisado de que no está de acuerdo. Particularmente, las críticas han llegado desde Gipuzkoa. Aseguran que supondrá un riesgo para la competitividad de las instalaciones y de la economía de la zona en general. El PSE-EE guipuzcoano se ha llegado a preguntar por qué no se pide eso mismo para Bilbao, algo expresamente descartado por la consejera Ubarretxena.

¿Y después? Pradales no oculta que quiere un nuevo marco, es decir, actualizar el Estatuto. El vasco no es el único no reformado, ya que el gallego tampoco lo ha sido, pero los procesos anteriores han fracasado, desde el 'plan' de Juan José Ibarretxe hasta la ponencia durante el mandato de Iñigo Urkullu. Ahora, hay un canal discreto de conversaciones entre PNV y PSE-EE, que son socios de Gobierno, y EH Bildu, la principal fuerza de la oposición. Se han aventurado algunos plazos, pero nunca concretos. Los socialistas también avisan que no aceptarán nada que tenga que ver con el derecho de autodeterminación. “La sociedad vasca en cada oportunidad que tiene sigue demostrando su deseo de avanzar y ampliar el autogobierno vasco. La voluntad democrática de este pueblo guiará siempre nuestro futuro. Es mi compromiso”, ha manifestado también Pradales en el Parlamento.