Euskadi aprobará en abril el decreto “urgente” con medidas en Vivienda, un año después de que se conociera
El decreto “urgente” del Gobierno vasco con medidas en materia de Vivienda, que incluye ampliaciones de programas como Gaztelagun -las ayudas a los jóvenes para pagar el alquiler- o Bizilagun y Asap -de captación de casas vacías- o incluso la posibilidad de convertir bajos comerciales en viviendas, será aprobado finalmente en la “segunda quincena de abril”, según estiman fuentes oficiales. El paquete fue adelantado por este periódico hace ya un año, se hizo promoción de ello en el BBK Live de julio del pasado año, se hablaba de finales de 2025 como referencia y, después, se dijo también que estaría antes de la finalización del primer trimestre del año. Pero no ha sido así. El propio consejero, el socialista Denis Itxaso, admite los retrasos: “Me resulta muy frustrante que un decreto cuyo primer apellido es 'urgente' tarde tanto en tramitarse por una burocracia a veces insoportable”.
El nuevo decreto está ya en su última fase de tramitación, indican desde el área de Vivienda. Desde el viernes, el texto está publicado para recabar alegaciones. Ese plazo se cerrará el 23 de marzo. Cuando pase por Consejo de Gobierno, vacaciones de Semana Santa mediante, solamente quedará su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) para que entren en vigor los cambios. “La tramitación del decreto de medidas urgentes se ha alargado más de lo razonable”, reconoce Itxaso. Y añade como explicación: “Cuando ya pensábamos que estaba todo listo para llevarlo a Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva, la COJUA [comisión jurídica asesora del Gobierno vasco] nos ha obligado a abrir un segundo período de información pública en este caso destinado a entes locales, lo que ha retrasado dos meses su aprobación”.
“El 23 de marzo concluye el plazo de información pública y audiencia a los entes locales, y he dado la instrucción para que los servicios técnicos corran todo lo posible para preparar el informe de respuesta a las eventuales alegaciones que puedan presentarse, de cara a poder tener aprobado en Consejo de Gobierno el decreto durante la segunda quincena de abril. Como consejero, me resulta muy frustrante que un decreto cuyo primer apellido es 'urgente' tarde tanto en tramitarse por una burocracia a veces insoportable, y desde luego incompatible con la emergencia habitacional que vivimos. Confío en que esta demora en los plazos contribuya a blindar la seguridad jurídica de todas las medidas que entraña este paquete normativo”, añade Itxaso en declaraciones a este periódico. Con todo defiende que el decreto será “todo un escudo social ante el agravamiento de la crisis de la vivienda”.
La nueva regulación complementa los cambios introducidos en la también “urgente” reforma legal que aprobó el Parlamento Vasco en diciembre y que fue presentada públicamente en fechas similares a las que trascendió la existencia del decreto. Hinca el diente, sobre todo, a una adaptación de los programas a la realidad de las zonas tensionadas.
Gaztelagun es un ejemplo claro. Los 300 euros mensuales de apoyo al alquiler para jóvenes de hasta 35 años tienen mucho menor efecto en Donostia y Gipuzkoa, las zonas con los precios más caros. ¿Por qué? Los precios ordinarios están ya en umbrales que antes eran considerados como suntuosos y, por lo tanto, no bonificables. En cifras concretas, son 8.007 los beneficiarios del programa hasta el 31 de diciembre de 2025, 3.564 en Bizkaia, 2.252 en Gipuzkoa y 1.260 en Álava. Más en detalle, en Donostia apenas hay 461, por 1.285 de Vitoria o 1.622 de Bilbao
Los beneficiarios de Gaztelagun han bajado con respecto a 2024, según publicó 'El Correo', a pesar de la emergencia habitacional. Ahora, se busca revertir la tendencia elevando, por un lado, los umbrales máximos de renta para poder optar a la prestación y, por otro, subiendo el precio de las casas que se pueden alquilar hasta el 95% de la renta media, que rozaría ya los 1.000 euros en el caso de Donostia. Por cierto, un informe enviado al Parlamento Vasco a instancias del PP, que lleva varias iniciativas queriendo conocer los extranjeros beneficiarios de las políticas de vivienda, muestra que los titulares de Gaztelagun, en un 82%, son nacionales. Recientemente, otro informe mostró cómo los extranjeros accedían mucho menos a las casas protegidas de compra que a las de alquiler.
En el caso de Bizigune, que permite ceder un piso a la Administración a cambio de una renta asegurada y otras ventajas para que se sume al parque de pisos disponibles para demandantes de viviendas protegidas, el canon que se abonará a los propietarios pasará a 800 euros o, de nuevo, al 95% de la renta media. Actualmente se abonan 675, muy por debajo del mercado, y el programa nació con 450. Y ASAP, el otro programa de intermediación, sube incluso a cubrir el 100%.
“Estamos seguros de que las medidas surtirán efecto y permitirán, entre otros muchos avances, que en ciudades como San Sebastián, donde apenas otorgamos 400 prestaciones [de Gaztelagun], el nivel de cobertura crezca considerablemente. Hoy desde luego, encontrar un piso de alquiler por 800 euros es una auténtica quimera. Y, con el nuevo sistema, ayudaremos a jóvenes cuyos contratos rocen los 1000 euros de renta mensual. Además, el hecho de que pueda haber más de un beneficiario por cada vivienda (jóvenes que comparten piso), también será una ventaja para incrementar la cobertura”, sostiene Itxaso.